SALUD | AstraZeneca
Pablo Roca, abogado defensor de la demandante, quien habló sobre la denuncia al Estado y AstraZeneca por los efectos adversos de la vacuna.
Flavia Ochoa, una mujer de 39 años, realizó una denuncia al Estado argentino y AstraZeneca por la vacuna anti Covid-19, ya que sostiene que, tras haberse inoculado, inmediatamente comenzó a sufrir el Síndrome de Guillain-Barré, una patología que ataca al sistema nervioso, inmunitario y puede provocar parálisis en todo el cuerpo.
«Esto fue el 4 de enero de 2022 cuando acude a un centro de vacunación de su ciudad y aleatoriamente le toca la aplicación de la tercera dosis de la marca AstraZeneca. A las pocas horas de vacunarse, siente dolor en las piernas, debilidad, pierde el sustento en sus brazos. En primer momento, pensaron que era una alergia y como no mejoraba decidieron trasladarla al hospital de Río Cuarto, en una localidad de la ciudad al sur de Río Cuarto. Allí se hace todos los análisis clínicos y se determina que padece Síndrome de Guillain-Barré», dijo el abogado defensor de la demandante, Pablo Roca.
El abogado informó que la demandante se encuentra «con muchas complicaciones», ya que no puede caminar y debe utilizar silla de ruedas o andador para movilizarse y además, debe utilizar apósitos porque tiene «incontinencia», por lo «que lleva una vida absolutamente limitada».
Sobre la denuncia al Estado, Roca expresó que «lo más obvio es lo más insensato en este país» porque en este caso, en Argentina no se puede proceder legalmente al laboratorio ya que en la campaña de vacunación, «los representantes del pueblo» mencionaron la Ley 27.573, que alude «indemnidad patrimonial a los laboratorios», es decir, no se puede demandar a los mismos por los efectos adversos provocados por la vacuna, pero sí al Estado.
Sumado a esta protección, el defensor explica que el Estado «creó un fondo de reparación para los efectos adversos» que fue aprobado por el Congreso, quien estimó indemnización predeterminada de hasta «240 veces el haber mínimo jubilatorio a determinar según la gravedad del caso».
Ante esta medida, explicó que para derribar «ese muro», debieron «plantear la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 27.573» y así poder demandar a AstraZeneca y al Estado nacional «por la falta en sus deberes de seguridad», ya que «todo producto médico y sanitario que se provee a la población tiene que estar debidamente controlado».
También resaltó, que desde un principio la campaña de vacunación «fue muy agresiva o activa», lo cual llevó a que la demandante no tuviera «un verdadero consentimiento» para la aplicación de la dosis.
Cláusula de confidencialidad e indemnidad
Roca informó que además de la cláusula de indemnidad que protege a los laboratorios, también existe una cláusula de «confidencialidad», la cual no permite conocer el contenido de las vacunas.
Teniendo todo sentido, destaca que estas cláusulas han sido cortadas y pegadas en diferentes países de Latinoamérica , no así en otras naciones como Alemania e Inglaterra, donde estas han sido declaradas inconstitucionales e injustas.
De esta manera, concluyó informando que el estado de la causa es «muy incipiente», ya que comenzó el año pasado como un «reclamo administrativo» pero se debió proceder al ámbito judicial ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud.
