El directorio de Aerolíneas Argentinas convocó a una asamblea de accionistas de la empresa de bandera en la que va a tratarse como tema principal echar al sindicalista Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), de esa junta directiva.
La asamblea será el 16 de octubre a las 11 de la mañana. Biró es un dirigente alineado con el ultrakircherismo, cuestionado desde varios sectores y con un perfil polémico. Al inicio de la gestión libertaria, cuando se comenzó a hablar de la privatización de la empresa había asegurado que “si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”.
“El directorio votó por la convocatoria de la asamblea. En esa asamblea de accionistas va a haber dos personas: una por las acciones del Estado, otra por las acciones del Programa de Propiedad Participada. El representante del Estado está ahí en nombre del 99,99% de acciones de la compañía, aproximadamente; el del PPP representa a menos del 1%”, explicaron desde la empresa.
El directorio de la empresa está integrado por Fabián Lombardo, presidente de la compañía; Juan Bautista Ordoñez, vicepresidente y representante del Estado; Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete de Interior, también representante del Estado; Pablo Biró, director titular por el PPP; y Eduardo García, director suplente por el PPP.
Los directores son representantes de los accionistas, o sea casi en su totalidad el Estado Argentino. Cuando el directorio llama a la asamblea, está convocando a los dueños de la empresa, o a sus apoderados legales. En este caso vendrán uno apoderado por el Estado y otro por el PPP, que votan con el peso de las acciones que representan. Por eso se descarta que Biró, que es director por el PPP, va a ser echado. Desde ese momento, el PPP deberá tener otro director que lo represente en el directorio”, aseguraron en la empresa.
El gremialista estuvo presente en la reunión de este mediodía.
Denuncias
La decisión se tomó en medio del escándalo que provocaron los paros que generaron los distintos gremios que tiene la empresa –con afectación a casi 40.000 pasajeros–, medidas que seguirían en las próximas semanas, según se anunció.
La semana pasada, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, había adelantado la idea de excluir a Biró del directorio de la aerolínea de bandera.
“Se les va a reclamar al sindicato y a él por los daños y las pérdidas que le han generado a la compañía”, dijo el funcionario en declaraciones radiales. “Ellos dicen que defienden a la empresa, pero lo disimulan bastante bien con este tipo de medidas que le hacen perder millones de dólares a la compañía”, agregó.
Esta semana, además, se supo que el ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich había presentado una denuncia por amenazas y extorsión contra el titular de APLA, luego de expresiones realizadas por el dirigente en las que advertía que el conflicto en el servicio de transporte iba a recrudecer.
“El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”, indica la presentación realizada el miércoles pasado
La denuncia indica que el derecho a huelga debe ejercerse “de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública”.
En tanto, ayer el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el Gobierno inició conversaciones con “varias” compañías latinoamericanas para ceder las operaciones de Aerolíneas Argentinas “en caso de que continúen las extorsiones de los gremios”. En paralelo trascendió que esas empresas serían Avianca, LAN, Azul Líneas Aéreas, el empresario boliviano Germán Efromovich y un grupo local.
La privatización de la empresa quedó fuera de Ley Bases, pero ahora el Gobierno busca alinearse con un proyecto de ley presentado en septiembre por el diputado del PRO Hernán Lombardi y que lleva la firma de otros 20 legisladores de la fuerza que conduce Mauricio Macri a nivel nacional.
“Años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria, y la extorsión por parte de algunos sindicatos, nos han costado millones de dólares a todos los argentinos”, describe los fundamentos del proyecto de ley que ingresó a la Cámara baja.
