Una empleada del club Independiente de Avellaneda denunció haber sido abusada por un colaborador del plantel profesional de fútbol, no un futbolista, explicaron fuentes del caso a Infobae.
Las fuentes consultadas por este medio también dijeron que el club de Avellaneda, que tiene un departamento de Género, estuvo al tanto del caso desde el primer momento y que fue quien le pidió a la víctima que fuera a la Justicia a hacer la denuncia, luego de que ella refiera que no quería tener contacto laboral con él.
El presunto atacante reconoció ante las autoridades de la institución deportiva que sí la besó, pero negó haberse bajado los pantalones, como refirió la mujer ante la Justicia, detallaron.
Si bien la denuncia fue radicada a fines de la semana pasada en la UFI N°2 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo de María Laura Carballal, todo habría sucedido el pasado 29 de agosto por la tarde en el predio Santo Domingo, ubicado en Ortega al 5000, de la localidad de Villa Domínico.
Según la víctima, empleada del fútbol femenino del club, el trabajador que colabora con el plantel de fútbol profesional que dirige Julio Vaccari la quiso “besar por la fuerza” y la manoseó. Ante esto, ella narró que intentó alejarse y él la “corrió con los pantalones bajos” hasta que la alcanzó y la accedió manualmente.
En su relato, la mujer refiere que gritó, que le pidió que la deje y que estaba asustada. También comentó que, ante esta situación, el acusado le permitió irse.
Mientras tanto, el acusado fue separado de su cargo por el club, como indica el protocolo.
Frente a esto, el club Independiente de Avellaneda emitió un comunicado, en el que informan que suspendieron en sus tareas al hombre denunciado. “A través de una exposición interna, una empleada de nuestra institución (cuyos datos y mayores precisiones se omiten en mérito de preservar su identidad), puso en conocimiento del Departamento de Género, Mujeres y Diversidad un hecho que podría constituir un delito contra su integridad sexual realizado por un empleado del club”, comienza diciendo el texto.
En ese sentido, el comunicado continúa: “En forma inmediata, la institución activó el Protocolo de Género vigente y suspendió en sus tareas al empleado en cuestión”. De esta manera, indicaron que esta medida se mantiene vigente a la fecha, y que se le hizo saber a la denunciante que tenía derecho a hacer la presentación penal correspondiente. “La única que puede formular la denuncia penal es la víctima”, aclararon.
“El proceso administrativo correspondiente se encuentra en la etapa de elaboración del sumario interno que le permita a nuestra entidad adoptar en las próximas horas una decisión acorde a la gravedad del hecho”, cierra el comunicado.
Antecedentes
Este no es el primer hecho en Independiente. A mediados de agosto pasado hubo novedades en el caso que comenzó a investigarse en abril de 2018 por abusos sexuales en las Divisiones Inferiores del club. La Corte resolvió la competencia del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora para tramitar el juicio contra los dos imputados.
La decisión viene luego de un extenso análisis de competencia judicial en relación con estos delitos que incluyen la promoción de la prostitución agravada, corrupción de menores, grooming y tenencia de pornografía infantil.
El caso se descubrió en marzo de 2018, cuando entre un jugador de 14 años de las inferiores le contó al jefe del departamento de psicólogos del club Ariel Ruiz que él y varios compañeros, al menos 15 y todos menores, habían tenido relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero, botines y toda clase de artículos deportivos en departamentos de La Plata, Sarandí, San Isidro y el barrio porteño de Palermo.
La fiscal Soledad Garibaldi realizó la investigación e imputó a seis sospechosos: el árbitro de fútbol Martín Bustos; el relacionista público Leandro Cohen Arazi, el representante de jugadores Alberto Ponte, Alejandro Dal Cin -dueño de emprendimientos futbolísticos-, el empresario Juan Díaz Vallone y Silvio Fleytas.
En marzo de 2022, con la causa ya elevada a juicio y radicada en el TOC 3 de Lomas de Zamora, los jueces del caso consideraron que los episodios contra la integridad sexual de los menores habían sido independientes entre sí, y que en rigor no existía una red de trata que obligase a tratar los hechos de manera unificada. Por eso, desmembraron el expediente.
En ese contexto, el 29 de diciembre de 2023 ese mismo tribunal condenó a Bustos a 12 años de prisión por los delitos de promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años, en concurso real con promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso se una situación de vulnerabilidad.
Vallone, Dal Cin y Fleytas, en tanto, accedieron a un juicio abreviado y obtuvieron 10 años de cárcel por promoción de prostitución agravada.
El TOC 3 de Lomas de Zamora remitió las actuaciones vinculadas a Cohen Arazi y Ponte a la jurisdicción de la Capital Federal, en cuyos domicilios los menores habrían sufrido los abusos entre los meses de marzo y diciembre de 2017. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 nacional rechazó la competencia: habría que reiterar una serie de procedimientos que afectaría la salud de los “jóvenes damnificados”.
El conflicto se elevó hasta la Corte Suprema, donde los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron por unanimidad con el dictamen del procurador General Eduardo Casal en tanto “resulta beneficioso concentrar el trámite ante un único tribunal para favorecer la buena administración de justicia, evitar lo que podría significar una traumática reiteración de procedimientos idénticos en distintas sedes y, finalmente, la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias”. Y envió el caso al TOC N°3 de Lomas de Zamora.
Cohen Arazi está imputado del delito de promoción de la prostitución, en su modalidad simple y agravada, por resultar la víctima menor de edad y por su estado de vulnerabilidad, en concurso real con el delito de corrupción de menores. Se le imputó, además, de modo subsidiario, el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con corrupción de menores.
Mientras que Ponte quedó imputado por promoción de la prostitución, agravado por resultar la víctima menor de edad, en concurso real con corrupción de menores, grooming y tenencia de pornografía infantil. También se le atribuyó subsidiariamente el ilícito de abuso sexual con acceso carnal.
