Luego de que se conociera que la Fiscalía de Venezuela emitió una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por pedido del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, la Cancillería Argentina repudió las medidas al señalar que el caso del embargo del avión venezolano-iraní de Emtrasur ocurrido en 2023 ya había sido resuelto por el Poder Judicial.
Por medio de un comunicado oficial emitido por la cartera de relaciones exteriores, remarcaron la causa estaba concluida desde que las autoridades judiciales consideraron que la venta de la aeronave realizada por la aerolínea iraní Mahan Air a la aerolínea venezolana Emtrasur había violado las leyes de control de exportaciones por no contar con la autorización del gobierno estadounidense. Asimismo, interpretaron que la transacción beneficiaba a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní.
“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, apuntaron desde Cancillería. Incluso, destacaron que el Poder Judicial es un “poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.
Poco después de que el comunicado oficial fuera publicado, la canciller Diana Mondino brindó su apoyo a los acusados por el régimen venezolano por medio de una publicación en la red social X. “Apoyo absoluto al Presidente, Karina y Patricia frente al cobarde pedido de captura por parte de la dictadura de Venezuela”, manifestó.
En línea con el reclamo ante la medida adoptada por la Fiscalía venezolana, la ministra sentenció que “Maduro nuevamente demuestra que es un tirano, y que nosotros estamos del lado correcto de la historia”. Finalmente, cerró la comunicación de forma contundente al asegurar: “No tenemos miedo”.
El pedido de captura internacional en contra de las autoridades argentinas se conoció el miércoles por la tarde, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, comunicó que dos fiscales especializados estaban a cargo de tramitar las órdenes de detención durante unas declaraciones emitidas por el canal estatal venezolano VTV. De esta manera, apuntó que el desmantelamiento del avión venezolano-iraní en Estados Unidos había incurrido en los delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Por otro lado, Saab designó a un “fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes”, con el objetivo de que investigue a Javier Milei y Patricia Bullrich por “las acciones cometidas contra el pueblo argentino”. Y afirmó que la causa podría conducir a “graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
Respecto de las acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, el fiscal general venezolano aseguró que en Argentina está en funcionamiento un “programa de violencia institucional premeditado” en contra de la ciudadanía. Por este motivo, calificó al presidente como “el violador de derechos humanos más feroz del continente” y advirtió que sería “un peligro brutal para todo el hemisferio”.
Cabe destacar que las acusaciones contra el jefe de Estado argentino, la secretaria general de la Presidencia y la ministra de Seguridad se formularon un día después de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe pidieran a la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se ordene una indagatoria y posterior captura internacional contra Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello. La solicitud también alcanzaría a una treitena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela. Delitos que se estima se habrían realizado en el marco de un plan sistemático.
El planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal surgió por un pedido inicial de seis venezolanos que denunciaron estos crímenes en Argentina bajo el principio de justicia universal. Todos los denunciantes contaron las atrocidades a las que fueron sometidos, sin embargo, el testimonio aportado por un fiscal venezolano sirvió para continuar con el caso sin que necesariamente deban ser juzgados en su país natal.
A lo largo de su declaración, el ex funcionario venezolano contó que había investigado los crímenes ocurridos en manifestaciones de estudiantes, lo cual le permitió determinar que los agentes policiales que habían sido acusados como autores de los mismos, en realidad, seguían órdenes enviadas desde los altos mandos. No obstante, cuando quiso indagar en la cuestión fue secuestrado ilegalmente y torturado hasta que pudo salir del país y buscar refugio en Argentina.
“La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica, exigiendo que lo responsables de la peor dictadura cívico militar han transformado a Venezuela en un centro de torturas”, aseguró el abogado Tomás Farini Duggan, quien representa al Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER). Por este motivo, el fiscal reclamó avanzar con la convocatoria de la indagatoria y que se dispongan todas las medidas cautelares urgentes, al hacer referencia a las detenciones de Maduro, Cabello y los demás investigados.
