El juicio oral y público se inicia el 1° de octubre en Tucumán. La querella estará representada por el abogado Carlos Garmendia.
Inicio del juicio oral y público
El próximo miércoles 1° de octubre dará inicio en el Centro Judicial Capital de Tucumán el juicio oral y público por el caso de Ana Carolina Monteros, quien en 2016 denunció haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal cometido por dos personas. Los imputados en la causa son Franco de Jesús Trapani y Álvaro Rodríguez.
Tribunal y fiscalía interviniente
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Unipersonal, presidido por el juez Antonio Nicolás Gutiérrez, mientras que la acusación será llevada adelante por la fiscal de Cámara Marta Ignacia Jerez, de la Primera Nominación.
La querella en representación de la víctima
La representación legal de la víctima estará a cargo del abogado Carlos Garmendia, reconocido en Tucumán por su intervención en causas de alto impacto social y de derechos humanos. Ha ejercido como querellante en procesos vinculados a violencia institucional y desapariciones forzadas, como los casos de Luis Espinoza y Facundo Ferreira, consolidando una trayectoria en defensa de víctimas en situaciones de gran sensibilidad pública.
Duración y modalidad del debate
El juicio se extenderá a lo largo de aproximadamente siete jornadas de audiencia, durante las cuales se producirán pruebas, declaraciones testimoniales y alegatos. Al tratarse de un proceso oral y público, podrán asistir tanto la prensa como la ciudadanía, garantizando así un marco de transparencia judicial.
Contexto jurídico
La causa se encuentra caratulada como “Trapani Franco y Rodríguez Álvaro s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por dos personas”. Según el artículo 119 del Código Penal Argentino, este delito contempla una pena de 8 a 20 años de prisión.
Un juicio esperado desde 2016
La denuncia que dio origen a este proceso fue presentada en 2016, por lo que el inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de justicia para Ana Carolina Monteros, tras casi nueve años de espera. La expectativa social es alta frente a un debate que, por la gravedad de los hechos imputados, será seguido con atención por toda la comunidad tucumana.
