La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa un momento que evidencia, una vez más, la fragilidad del financiamiento de la educación superior en Argentina. La vicerrectora, Dra. Mercedes Leal, dejó en claro durante la entrevista en Libertad de Expresión que el conflicto presupuestario no es solo un tema administrativo: repercute directamente en la vida académica, los salarios de docentes y no docentes, y en el futuro de miles de estudiantes.
El diagnóstico de Leal es contundente: el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, por lo que cualquier retraso o ajuste insuficiente afecta de manera inmediata la dinámica académica. La depreciación del poder adquisitivo, combinada con años sin presupuesto actualizado, ha obligado a la universidad a equilibrar la defensa de los derechos laborales con el derecho de los estudiantes a la educación. Esta tensión deja en evidencia que el sistema universitario requiere decisiones políticas concretas y urgentes.
A pesar de este escenario adverso, la UNT ha logrado sostener obras de infraestructura estratégicas, como un tercer comedor universitario, aularios en Medicina y Ciencias Naturales, y mejoras en hospitales veterinarios. Estas acciones no solo son necesarias, sino que reflejan la capacidad de gestión de la universidad frente a la adversidad. Sin embargo, como subrayó Leal, no todas las universidades cuentan con los mismos recursos: muchas obras permanecen paralizadas y la falta de financiamiento compromete la educación inclusiva y de calidad.
La vicerectora destacó también la ratificación del Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, un avance clave que debería permitir la recomposición salarial y el fortalecimiento de becas e investigación. Pero más allá de los números, lo que queda claro es que la universidad pública es patrimonio de la sociedad, y su sostenimiento no puede depender únicamente de la buena gestión interna: requiere voluntad política y prioridad en la agenda nacional.
En su discurso, Leal recordó que la UNT lleva la educación al interior de Tucumán, creando sedes en municipios como Concepción, Lules y Bellavista, y acercando carreras universitarias a jóvenes que, de otra manera, quedarían excluidos del sistema educativo. Este esfuerzo evidencia que la universidad no es un ente aislado: es un motor de desarrollo social, territorial y económico.
La opinión es clara: sin financiamiento adecuado, la universidad pública pierde capacidad de innovación, inclusión y formación de profesionales, y el país se priva de su principal herramienta para construir ciudadanía, igualdad de oportunidades y progreso. El conflicto presupuestario, más que un problema contable, es un reflejo de prioridades políticas y sociales. La sociedad tucumana y argentina debe comprender que defender la educación superior es defender el futuro de toda la nación.
