Luego de meses de gestiones, intensas conversaciones, viajes y negociaciones, el presidente Javier Milei consiguió un marco para un acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos, pero ahora se abrirá la segunda etapa, que es la de adaptar la legislación local para poder cumplir con los principales puntos consensuados con la contraparte norteamericana.
Si bien ya hubo un primer anuncio con los detalles generales del tratado, el texto final todavía está siendo elaborado y podría firmarse recién en diciembre o incluso en el primer trimestre del 2026, ya que está en manos de los equipos técnicos de cada país.
De hecho, en su última visita a Washington DC para cerrar los principales aspectos del convenio, el flamante canciller Pablo Quirno estuvo acompañado por un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado.
En ambas carteras saben que en poco tiempo van a tener que concentrarse en la modificación -o eventual aprobación en el Congreso- de diferentes leyes que actualmente están vigentes y que son una traba para el acuerdo.
“Ahora resta que se hagan la revisión legal y las traducciones correspondientes, que se firme y, por supuesto, que se implemente. Para eso, vamos a tener que cambiar algunas normativas”, explicó a Infobae uno de los expertos que está trabajando en este proceso.
El Gobierno tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para diciembre, pero con el objetivo de discutir las reformas laboral y tributaria, el nuevo Código Penal y la ley de glaciares, entre otros asuntos.
En el bloque de La Libertad Avanza no habían recibido instrucciones hasta el momento por parte de la Casa Rosada de sumar en las negociaciones proyectos vinculados al arreglo comercial con los Estados Unidos.
Estas iniciativas, que todavía no se conocen porque no está el texto final, no serían incluidas en el temario para el verano y, de tener que tratarse a nivel parlamentario, se haría el año que viene.
En el ministerio de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger, confían en que se pueda avanzar en gran medida derogando algunas barreras burocráticas, lo cual se podría hacer por decreto, pero también podrían tener que tratar en el Congreso algunos puntos.
Por ejemplo, la administración libertaria se comprometió a no exigir formalidades consulares para las importaciones provenientes de EEUU y también a eliminar en forma gradual el impuesto estadístico para bienes provenientes de allí.
Otro aspecto importante es que la Argentina se adaptará a normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio, por lo que un medicamento que ya tenga el aval de la FDA o un auto fabricado según las Normas Federales de Seguridad norteamericanas, ya podrán ingresar sin necesidad de ser nuevamente controlado por organismos locales.
El Gobierno también prometió abordar problemas estructurales que fueron señalados en el informe “Special 301″ del 2025, realizado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos.
Ese documento advierte que la Argentina “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas en propiedad intelectual” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.
“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.
Sobre este ítem, las autoridades nacionales aseguraron que se continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital, y buscará modernizar el régimen de propiedad intelectual siguiendo estándares internacionales.
La Oficina del Representante de Comercio norteamericana remarcó que, “si bien la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional realizaron un mayor número de operativos en 2024 dirigidos a la venta de productos falsificados, la actividad ilegal en gran medida persiste en ausencia de medidas sistémicas”.
En esta línea, indicó que “las acciones judiciales pueden estancarse y perderse en formalidades excesivas” y lamentó que, incluso “cuando un caso penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas con un nivel disuasorio adecuado”.
Entre las medidas que se aplicarían sin intervención legislativa está la de habilitar el acceso para carne aviar estadounidense en el plazo de un año y no restringir el acceso a productos que utilicen ciertos términos para quesos y carnes.
Asimismo, se simplificarán los procesos de registro para carne vacuna y derivados, menudencias y porcinos norteamericanos, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos.
En cuanto a lo que sí tendría que ser tratado en el Congreso, en el acuerdo hay varios conceptos relacionados con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente que implicarían cambios en la legislación actual.
El Poder Ejecutivo ya anunció que una de las reformas que se debatirán durante el periodo de sesiones extraordinarias será la del régimen laboral, pero no está claro si se van a incluir las consideraciones mencionadas en el tratado.
Con los Estados Unidos, la Argentina se comprometió, entre otros puntos, a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, lo que debería tener aprobación parlamentaría.
La Constitución, en su artículo 75, indica que es facultad de ambas Cámaras “legislar en materia aduanera” y “reglar el comercio con las naciones extranjeras”.
Por último, para facilitar el intercambio bilateral por medios digitales, se reconocerá al país del norte como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos datos personales. También se comenzará a aceptar las firmas electrónicas válidas bajo las normas de EE.UU.
