Luego de idas y vueltas, y de diferentes posturas tomadas, el Gobierno encabeza frenéticas reuniones con sus aliados para intentar garantizar que se apruebe el Presupuesto 2026, que finalmente se sancionaría tal como viene de Diputados, sin nuevas modificaciones, ante la falta de apoyo para cualquier otro cambio en el texto.
Para lamento de la Casa Rosada, la iniciativa que se tratará durante la sesión del próximo viernes será la que ya tiene dictamen y no se van a incluir, por ejemplo, artículos referidos a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, como así tampoco ninguna de las otras normas que quedaron afuera por el rechazo al Capítulo XI.
Ya habiendo sacado de la agenda estos dos temas que venían generando controversia, las autoridades nacionales confían en que la oposición “dialoguista”, y sobre todo las provincias, acompañen el proyecto.
“Vos podés culpar de la derrota a (el gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo o a (de Catamarca, Raúl) Jalil, que estaban enojados, y con justa razón, porque también es cierto que las derogaciones de esas dos leyes se metieron por la ventana y sin haberle avisado a nadie”, se sinceró ante Infobae una fuente que conoce a la perfección las negociaciones.
Cuando el oficialismo sufrió el revés en la Cámara baja, varios funcionarios salieron rápidamente a remarcar que, si bien era una buena noticia que el proyecto avanzara, no iba a salir así como estaba.
Puntualmente, en el Poder Ejecutivo señalaban que si no se tomaba alguna decisión con esas dos leyes que están vigentes, pero permanecen sin ser implementadas, iba a provocar un desequilibrio fiscal.
“Es un delirio lo que sacó el Congreso con esas dos normas, es un escándalo. La cantidad de dinero que se destina para esos gastos es abismal y es algo que afecta a todos, no solamente a esta gestión. Es una irresponsabilidad tremenda” remarcó un integrante del Gabinete.
Sin embargo, recientemente en el Gobierno reconocieron que no tienen los votos como para incluir ningún artículo referido a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, principalmente por la negación de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuenta con 10 bancas en la Cámara alta.
Ante esta situación, se optó por priorizar la aprobación de la iniciativa, aunque no sea la que se pretendía, e insistir en un futuro con las derogaciones de esas normas, en un debate aparte.
La preocupación pasa ahora por no sufrir imprevistos de último momento, como pasó en Diputados, donde un grupo de gobernadores retiró inesperadamente su apoyo y evitó así que se aprobara el Capítulo XI.
Para evitar un escenario parecido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzó el fin de semana con una serie de negociaciones tendientes a garantizar lo votos.
El domingo por la tarde, la ex ministra de Seguridad convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación de la Casa Rosada, en total reúnen cerca de 44 senadores.
“Se va a tratar de aprobar el Presupuesto así como está, sin modificaciones”, resumió a Infobae uno de los legisladores no libertarios que participó de esa comunicación virtual.
Para ese objetivo, cuentan con el respaldo de los tres miembros que tiene el PRO en el recinto: a pesar de que continúa el enojo en el partido por haber sido excluido del reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), va a acompañar este proyecto.
No obstante, no está garantizado el acompañamiento de este espacio para la otra medida que se va a debatir en la sesión del viernes, la ley de inocencia fiscal, que busca fomentar el uso por parte de los ciudadanos de dólares comprados en el mercado informal.
En tanto, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política para seguir analizando la estrategia parlamentaria. Además de Bullrich, estarán la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.
La última vez que este grupo se juntó fue el jueves pasado, al día siguiente de la derrota en Diputados y en medio de una marcha de la CGT a Plaza de Mayo. En esa oportunidad, se decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral hasta febrero para concentrar la discusión en el Presupuesto.
Con todas estas concesiones, el oficialismo considera que la denominada “ley de leyes” debería ser aprobada en el Senado este viernes sin mayores dificultades y con el respaldo de los gobernadores, que también están interesados en que se sancione.
“A priori no debería suceder que haya sorpresas”, remarcó uno de los funcionarios que está en conversaciones permanentes con los legisladores, tanto propios como de los otros bloques.
En el Gabinete, había una confianza de que los conflictos con las provincias estaban resueltos luego de que se escuchara, finalmente, la posición de Santilli, Bullrich, Adorni y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes desde un inicio se manifestaron en contra de agregar las derogaciones de las leyes que desataron la polémica.
