Tras varias idas y vueltas, el Gobierno ultima detalles del decreto que disolverá el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) como se conoce hasta entonces y el Ministerio de Seguridad se prepara para abrir una licitación entre las principales prepagas para avanzar en la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), según confirmaron a Infobae altas fuentes calificadas.
Como contó este medio, la determinación del Poder Ejecutivo es segmentar la tercera obra social más cuantiosa del país, que nuclea actualmente a más de 600.000 afiliados entre activos y pasivos, y que arrastra una deuda de más de $200 mil millones y falencias en las prestaciones.
Al respecto, una importante fuente de la administración liberaria admitió que el decreto está listo para ser firmado por el presidente Javier Milei y que podría publicarse en el Boletín Oficial de la semana próxima. Lo cierto es que el mandatario se encuentra actualmente en Suiza, con agenda en el exterior y con fecha de retorno al país para el próximo viernes. A su retorno, podría concretarse la tan ansiada firma que le permitiría a las carteras iniciar formalmente con el proceso interno.
Una vez que la disolución se oficialice para Prefectura y Gendarmería, el Ministerio de Defensa pasará a hacerse cargo de la cobertura para el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mientras que el de Seguridad Nacional abarcará la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional. Con la mente en esa posibilidad trabaja desde hace tiempo la cartera que lideró hasta diciembre Patricia Bullrich y que hoy lo hace Alejandra Monteoliva.
Según supo este medio, la ministra se encuentra a la espera de la oficialización de la disolución para dar forma a la estructura jurídica de una obra social nueva e iniciar un proceso de licitación con las principales prepagas del país para garantizar la cobertura de los efectivos que hoy reclaman la faltante de prestaciones.
“Necesitamos que nos firmen el divorcio. Desde hace meses trabajamos en la tarea, impulsamos una mesa de trabajo con expertos, e incluso coordinamos con el Ministerio de Salud y los jefes de las fuerzas porque tenemos alrededor de 197 mil beneficiarios entre efectivos activos, retirados y familiares y queremos dar respuestas”, se sinceraron.
La lógica planteada cambia en el Ministerio de Defensa, que no considera la disolución total como opción viable y sostiene que aún trabajan en el tema y restan definiciones por tomar. La cartera que lidera actualmente el teniente general Carlos Presti cuenta con estructura que le permitirá cumplir con las prestaciones. “Nunca estuvo planteada la disolución de la obra social. Las Fuerzas Armadas tienen estructura militar, por lo que la mejor manera de garantizar cobertura federal es aprovechar y potenciar la red de hospitales militares que hoy en día tienen de todo tipo: alta complejidad, intermedios, entre otros”, aseguraron.
La problemática de IOSFA, uno de los principales reclamos de los efectivos de ambas fuerzas, se presenta como “una prioridad” para ambas carteras, que además coinciden en detectar los atrasos en la escala salarial, otra cuenta pendiente para los flamantes ministros que pujan por atender la demanda.
Si bien la obra social en la que trabaja Seguridad alcanzará a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en su etapa inicial, no descartan que con el tiempo pueda incorporar a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Con respecto a la deuda registrada por la obra social -se estima en torno a los $200 mil millones-, en Casa Rosada aseguran que el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo está en control de la situación. Sin embargo, hay quienes le atribuyen casi el 70% de la cifra a las prestaciones de Prefectura y Gendarmería. Desde la cartera apuntada admiten que cuentan con el mayor volumen de afiliados retirados, pero contraponen que tiene el aval de Economía para avanzar y la garantía de que “se resuelve internamente”. Ambas carteras mantuvieron reuniones con autoridades del Palacio de Hacienda que estudia el uso de fondos para cubrir el déficit.
La primera en plantear la necesidad de solucionar el conflicto fue Patricia Bullrich, quien junto a su par de Defensa de aquel entonces, Luis Petri, supo encabezar más de un intercambio en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, donde se barajó incluso la posibilidad de dividir el instituto. En la continuidad de la gestión, Alejandra Monteoliva redobló esfuerzos para intentar acercarse a una solución.
En el mientras tanto, advierten que funcionará una especie de “IOSFA residual” hasta la regularización de la prestación por lo que los afiliados de las Fuerzas de Seguridad recibirán atención en paralelo al proceso de transformación interno. “Hasta ahora la respuesta es discursiva, pero Alejandra está dispuesta a trabajar para mejorar el bienestar de las fuerzas. Para eso necesita que le firmen el divorcio”, expresaban desde su entorno.
