La barra brava del Club Atlético Vélez Sarsfield enfrenta un escenario de tensión sin precedentes, marcado por una interna feroz que mantiene en alerta a Liniers ante la amenaza de un inminente enfrentamiento entre facciones. El regreso de Adrián “Kiko” Fernández tras su paso por prisión y su intento de recuperar un lugar en la estructura de poder intensificaron la disputa. Por ello, el Ministerio de Seguridad decidió aplicarle una prohibición de ingreso administrativa a todos los eventos deportivos en la Argentina. La sanción se extenderá durante 36 meses y se vincula a un caso de incitación a la violencia registrado en un video difundido en redes sociales.
La medida responde a un episodio filmado en el que Fernández aparece insultando y amenazando al líder de la barra de Vélez Sarsfield, Jonatan “Pespa” Pereyra, con el que compartió tribuna mucho tiempo. Según la versión oficial, las palabras y los gestos resultaron una clara incitación a la pelea y crearon un riesgo concreto para la seguridad pública.
“Esto es Liniers, por si no lo conoces, y acá está el que más se la aguanta. Vení, que te conozco de chiquito; vení y vamos a hacer un mano a mano. Dejá de decirle a los pibes y vení para ver qué es un líder de verdad. Si querés, nos agarramos a palazos, pero te estoy esperando”, lanzó Fernández en el video.
Jonatan “Pespa” Pereyra lidera a La Pandilla de Liniers rodeado de un esquema en el que figuran su hermano, Raúl “Raulo” Ciminelli, jefe de la facción Versalles y Villa Luro; Cristian “El Castor” Cejas, en el tercer puesto de la estructura; Diego Richini, responsable de la zona de Devoto; Wilson Báez, líder del grupo de Ciudadela, y Yamil Méndez, de Merlo. Este núcleo mantiene un control estricto sobre la barra.
El retorno de Kiko, tras tres años detenido en Europa, generó un intento de negociación por su parte para acceder a la “generosa recaudación que obtiene La Pandilla de Liniers” y a los beneficios derivados del dominio sobre la tribuna. La negativa de Pespa y su entorno llevó a Fernández a prometer que intentaría resolver la disputa por la fuerza. Aunque no se han producido episodios de violencia física confirmados, el clima es “de marcada tensión”. Esta escalada desencadenó medidas inmediatas por parte de las autoridades.
La prohibición rige de manera inmediata, desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. Esto significa que Fernández no podrá acceder a ninguna cancha ni evento deportivo en los próximos tres años.
El caso se inició cuando la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio de Seguridad, tomó conocimiento de la sanción previa que dictó la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa primera decisión se apoyó en el análisis del video en cuestión y en la gravedad potencial del conflicto entre integrantes de la misma hinchada.
Según el expediente, la posibilidad de un enfrentamiento físico entre ambos implicados, dentro o cerca de un estadio, “potenciaba y agravaba la eventualidad de un disturbio de mayores consecuencias”. Por eso, se decidió actuar antes de que la situación pudiera derivar en hechos violentos.
Además de la sanción administrativa, se remitió el caso a la Fiscalía de turno. Fernández fue acusado formalmente por una conducta que, según el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta incompatible con la ley local y los decretos que buscan erradicar la violencia en el fútbol. Entre las faltas señaladas, aparece la incitación al desorden y la amenaza, conductas específicas que permiten restringir el acceso a los espectáculos deportivos.
La resolución resalta que el objetivo central es evitar que personas con antecedentes de conflicto, incluso fuera de una condena penal, ingresen a eventos masivos donde puedan generar situaciones de riesgo. Señala que “es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.
El documento también dispone que Fernández sea inscripto en el programa Tribuna Segura, una base nacional que registra a quienes tienen prohibido el ingreso a estadios. La restricción alcanza cualquiera de las competencias deportivas organizadas dentro del país durante el período fijado.
