En la Provincia de Buenos Aires construimos una política de Estado que bajó un 20,8% la cantidad de menores responsables de homicidios. Poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada. Hace falta la decisión política que tiene nuestro gobernador Axel Kicillof para dar una respuesta seria y efectiva al servicio de todos los argentinos.
La Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Esta afirmación es un punto de acuerdo transversal entre casi todos los partidos políticos, funcionarios judiciales y organizaciones sociales, civiles y académicas que se ocupan del tema. La normativa vigente es el Régimen Penal de la Minoridad: un decreto-ley de agosto de 1980 que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Se trata de una norma desactualizada, disfuncional y vetusta que va camino a cumplir medio siglo, incumple requisitos constitucionales básicos y no aporta ninguna solución concreta. Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación.
A diferencia de la actitud adoptada por el gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires no nos quedamos de brazos cruzados esperando una nueva ley. Por decisión del Gobernador Kicillof, nos hicimos cargo del problema y construimos una política de Estado. ¿Cuál es el argumento que esgrime el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad? ¿Encerrar a un menor peligroso? Alguien debería explicarle al Presidente Milei que eso ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente. Si un menor de edad comete un delito grave, como un homicidio, o un robo con arma en el cual dispara sobre la víctima, es evidente que el Estado tiene que actuar sin vacilaciones, aplicando una sanción efectiva y privándolo de la libertad. ¿Quién lo pondría en duda? Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común.
Ahora bien, supongamos que efectivamente la edad de imputabilidad, como propone el proyecto, se fijara en 13 años. ¿Qué hubiésemos hecho en 2024 con los 40 menores de 12 años que la Policía de la provincia aprehendió por tener un arma de fuego? Si la edad mínima fuese la medida de todas las cosas, hubiesen quedado en libertad. Más aún, el año pasado llegamos a aprehender a menores de 10 y 11 años con armas de fuego. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Nuestra policía de investigaciones desbarató bandas que reclutaban deliberadamente menores de 14 y 15 años para robar autos con arma de fuego. De nuevo, si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos.
La legislación internacional comparada demuestra que la edad mínima se podría establecer en 12, 14, 15 o 16 años. Es indistinto. Lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga. Eso es lo que ocurrió en la Provincia de Buenos Aires. En los casos graves, se dispusieron medidas de seguridad que implicaron el encierro en Institutos de Menores. Es la Justicia quien tiene esta facultad y quien debe usarla cuando corresponde. Es evidente: modificar la edad no resuelve nada por sí mismo. Poner allí el eje de la discusión es un camino al fracaso.
Por eso el problema no es la sanción de una nueva ley, por más necesaria que sea. El problema es que el gobierno nacional siempre nos lleva a discutir lo obvio. Porque si tuviera la vocación de trabajar en la solución de fondo, deberían empezar por hacerse cargo de todo lo que no hizo. Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo. No se le pueden vender expectativas falsas a la sociedad sobre un tema tan delicado. El pueblo argentino está esperando una respuesta seria. La experiencia de nuestra provincia demuestra que es posible construir el camino para una solución efectiva. Esto implica ponerse a trabajar en la gestión, financiar una política y coordinar el trabajo de la policía, la justicia y los municipios. Todo lo que el gobierno nacional, como parte de su estrategia política para desfinanciar la seguridad de los bonaerense, elude hacer.
La Provincia de Buenos Aires ya cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Es la Ley 13.634, sancionada en 2007, mediante la cual se creó el Fuero Penal del Niño. La política bonaerense, en una provincia tantas veces estigmatizada como “inviable”, logró hace casi 20 años algo que la política nacional no pudo hacer en los últimos 40: los distintos bloques legislativos se pusieron de acuerdo para sancionar una ley moderna que ofrece herramientas concretas para abordar el problema. Si el menor que delinque tiene entre 16 y 18 años, se lo imputa del delito y se le aplica el régimen penal juvenil. Y si tiene menos de 16 años, pero cometió un delito grave, el juez puede adoptar una medida privativa de la libertad teniendo en cuenta su situación particular. El Ministerio Público Fiscal registró en 2024, por todo tipo de delitos, poco más de un millón de causas en el Fuero Criminal y Correccional (mayores) y 22.600 causas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (menores). Sobre el total de causas penales, el 2,1% tiene como imputado a un menor. Y en el caso específico de los homicidios dolosos, ese guarismo alcanza al 8,5%.
Con este marco legal, y con este diagnóstico estadístico, el Gobernador decidió construir una política de Estado que se reflejó en la creación por Decreto del Programa “Entramados”. El decreto especificó la responsabilidad de la Policía y de los Servicios Locales de Niñez, fijó un método de coordinación con la Justicia y le otorgó un financiamiento a los Municipios para que trabajen en el seguimiento de los menores. Cualquier menor que cometa un delito, tenga la edad que tenga, sea o no imputable, tiene que entrar en un programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana. El objetivo fundamental del sistema que armamos en la provincia es llegar antes de que ocurra una tragedia irreparable. La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo.
Primero, trabajamos con la Corte y la Procuración para construir información robusta que nos permita identificar a estos menores, cuantificar el problema y tomar decisiones acertadas. En diciembre de 2019, con un Estado desmantelado, ni siquiera sabíamos a ciencia cierta cuántos menores eran detenidos por la Policía en ocasión de cometer un delito. Gracias a este trabajo, ahora sabemos lo siguiente: mientras que la Provincia de Buenos Aires alberga a 5,2 millones de niños en la escuela pública, cada año, la policía aprehende alrededor de 5 mil menores por diversas transgresiones a la ley. La escuela pública le ordena la vida a más de cinco millones de niños y adolescentes. A pesar de este esfuerzo, hay 5 mil menores que se nos escurren como arena entre los dedos. El sistema llega con éxito al 99,9% de los menores, pero fracasa con el 0,1% restante. Ese porcentaje es el que genera los delitos violentos que ponen en riesgo a la sociedad y que a veces terminan en tragedias. Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes.
Luego hicimos un trabajo con las áreas especializadas de la Policía. Muchas veces la fuerza detiene a menores por delitos leves. De hecho, lo más habitual es que detengan varias veces a los mismos adolescentes. Cuando eso ocurre, la Comisaría de la Mujer y la Familia elabora un informe con una matriz que identifica todos los factores de riesgo a los que están expuestos esos menores. Dichos factores se reiteran en todos los casos: abuso sexual por parte de algún familiar cercano, contacto temprano con armas de fuego, consumo de drogas desde muy chicos y presencia de familiares con adicciones en su vida cotidiana, familiares directos presos o muertos en enfrentamientos violentos con la policía o con otros delincuentes, un grupo de socialización primaria (familia, amigos, vecinos) que ejercieron violencia física sobre ellos, y ausencia de un adulto responsable con capacidad de ejercer una crianza con amor y autoridad. La receta para un menor delincuente es clara: padres ausentes, abuso, adicciones, armas, violencia y chicos que se crían solos. Cuando la policía los aprehende y les toma los datos, vemos que la mayoría abandonó la escuela, ni siquiera conocen el nombre del padre (sí el de la madre, que suele padecer adicciones, o está detenida en la casa con tobillera) y no saben qué día nacieron porque nunca les festejaron un cumpleaños.
Esta matriz de riesgo se construye para cada menor aprehendido, y todos los datos se giran a los Servicios Locales de Niñez para que articulen la intervención que corresponda con los jueces y los fiscales de menores. Este momento vale oro: es la ventana de oportunidad clave que tenemos para interrumpir la trayectoria delictiva del menor y evitar la tragedia. El Estado tiene que entrar en la vida de estos menores para ponerles el límite que no supo ponerle la familia. Ante la primera transgresión a la ley, tenga la edad que tenga, el menor debe recibir una sanción efectiva que le marque lo que está bien y lo que está mal. Puede tratarse de una medida privativa de la libertad, si hay factores que lo justifiquen, o de una medida de carácter socio-comunitario, si el delito es leve y no lastimó a nadie. En todos los casos hay que evaluar el contexto familiar, y separarlo del mismo, sin titubeos, cuando los factores de riesgo más relevantes, como el abuso, las armas y las drogas, están presentes en esa familia.
Construir una provincia con orden, imperio de la ley y convivencia ciudadana es una tarea que exige planificación, profesionalismo, método y financiamiento. Requiere un esfuerzo integral que se desarrolla en muchos frentes. La decisión de hacernos cargo del problema de los menores que cometen delitos es parte de una Política Integral de Seguridad que lleva seis años de estabilidad. Hicimos una inversión logística sin precedentes con la compra de 7.400 patrulleros 0km, expandimos la videovigilancia con miles de cámaras a través de los cuatro Fondos Municipales de Fortalecimiento de la Seguridad, pusimos en la calle 22 mil nuevos policías formados con los mejores estándares profesionales y creamos 68 bases de UTOI, FBA, Infantería, Caballería y Fuerzas de Operaciones Especiales que nos permitieron recuperar el control del territorio y sacárselo a los narcos.
Este esfuerzo histórico está dando resultados concretos. Es difícil hablar de estadística cuando cada caso representa una vida. Pero tenemos la obligación de rendir cuentas. El impacto de nuestro trabajo debe ser evaluado. En 2025 logramos el segundo mejor año de la historia en la cantidad total de homicidios. Alcanzamos una reducción del 17% con relación al último año de la gestión anterior, pasando de 905 casos en 2019 a 751 en 2025. El año pasado también registramos la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo desde que existen mediciones: 89 eventos, un 25,8% menos que en 2024. El impacto de nuestra política fue incluso más importante en relación al tema que nos ocupa. A partir del Programa Entramados, la cantidad de responsables por homicidios dolosos menores de 16 años bajó un 20,8%, pasando de 24 en 2024 a 19 en 2025. Mientras tanto, los imputados de 16 y 17 años bajaron un 3,2%, de 63 en 2024 a 61 en 2025. Estos guarismos están a contramano del resto de América Latina, donde la violencia y el delito están en crecimiento.
Nuestra vocación es aportar esta experiencia en una mesa de trabajo donde estén todos los responsables. Lamentablemente, el Presidente Milei viene rechazando todas las reuniones que le solicitamos. Si aceptara alguna, podríamos explicarle lo que hicimos en la provincia, trabajar en conjunto para profundizar estos resultados y construir una solución real que les sirva a todos los argentinos. Nuestra propuesta es clara. El gobierno nacional debería promover que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que establezca el procedimiento legal a seguir y las opciones que tiene el Juez ante cada caso. Además, tiene que comprometerse a financiar una política seria. No hay seguridad sin presupuesto. Los fueros judiciales de minoridad necesitan recursos. Los programas de control y seguimiento de los menores que delinquen necesitan presupuesto. El fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión. Presidente Milei: basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril. Dijeron que con la Ley de Derribo iban a solucionar el narcotráfico. Dos años después no derribaron una sola avioneta y la droga sigue entrando por la frontera con total impunidad.
Sean responsables y evítenle a la sociedad argentina una nueva frustración. La instrucción que nos dio del Gobernador Kicillof es clara y contundente: ponernos a disposición de todos los argentinos, con el resultado de nuestra experiencia, con humildad, con vocación de diálogo, sin resignación, para resolver el problema de los menores que delinquen, y llegar, de una vez por todas, antes de que ocurra la tragedia.
