La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a las importaciones de diferentes socios comerciales. Se trata de uno de los fallos más determinantes en materia de política económica en las últimas décadas, con un impacto muy alto en el principal instrumento de negociación política del presidente norteamericano.
Las implicancias no se limitan a los aranceles globales que había impuesto el mandatario —quien horas después redobló la apuesta ante la Corte al volver a implementar un 10% de aranceles globales, y este sábado las incrementó 5 puntos porcentuales más—, sino que también alcanza a los acuerdos comerciales que la Casa Blanca había negociado y anunciado con diferentes socios, entre ellos la Argentina.
La decisión de la Corte tiene implicancias significativas porque podría obligar al gobierno estadounidense a deshacer acuerdos comerciales con otros países y, potencialmente, a pagar reembolsos cuantiosos a las administraciones extranjeras afectadas. A pocos meses de haber ingresado a su segundo mandato presidencial, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para establecer aranceles a bienes importados de más de 100 países. Argentina fue una de las afectadas.
Infobae contactó a tres fuentes muy altas de la administración de Javier Milei. Dos de ellas reconocen que esta decisión de la Corte pone un signo de interrogación sobre la sostenibilidad del acuerdo. Aun así, existe una posición unánime de que no habrá marcha atrás en la decisión de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos mediante un proyecto en el Congreso.
“Eso no se frena. En las próximas semanas tenemos intención de enviar las modificaciones de leyes que nos permitan aplicar los aspectos técnicos”, afirmó una fuente inobjetable. Para ejecutar varios de sus apartados, el Gobierno debe cambiar varias normas: algunas se dispondrán por Decreto, otras por Resolución Administrativa; pero las más importantes deberán aprobarse mediante un trámite legislativo.
Uno de los puntos más complejos es que, para que puedan entrar en vigencia los beneficios arancelarios, las autoridades norteamericanas exigen que el país adhiera a un conjunto de convenios internacionales, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en las redes sociales que la incorporación a ese régimen ya tiene media sanción por parte de Diputados desde hace 29 años. “Es decir, ocho Gobiernos le hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los ‘dolobus’. La aprobación del PCT va a marcar un antes y un después para la ciencia en Argentina. Mucho bla bla con la comunidad científica del kirchnerismo, pero, mamita, les prohibían a los científicos patentar sus invenciones en el país”, cuestionó.
En un hilo publicado en su cuenta de X, el funcionario remarcó que también se solicita “normalizar la situación con los tratados de Bruselas sobre señales por satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; protocolo de Madrid de registro internacional de marcas; tratado sobre derecho de patentes; de Singapur sobre derechos de marcas y el Convenio UPOV 91”.
Todas estas cuestiones deberían ser discutidas en el ámbito parlamentario, lo que demoraría la aplicación del acuerdo comercial, independientemente de si es aprobado o no en un proyecto aparte.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueó los aranceles generales impulsados por la administración de Donald Trump modificó el panorama comercial entre Argentina y el país norteamericano, al eliminar parte del diferencial arancelario que beneficiaba a los productos argentinos. La sentencia establece que la autoridad para fijar estos impuestos reside en el Congreso de Estados Unidos, lo que quita al Ejecutivo la posibilidad de imponer tributos de amplio alcance sin control parlamentario.
Para el sector argentino, el principal efecto se percibe en la posición competitiva frente a Brasil y otros países de la región. Según fuentes con acceso a la negociación, “parte del diferencial de aranceles con Brasil se diluye”, lo que podría afectar las cadenas de valor y la dinámica de inversiones e intercambio comercial interno en el Mercosur. Además, el fallo implica la potencial devolución de 133.000 millones de dólares por pagos realizados bajo los aranceles suspendidos, lo que representa una presión adicional para el Tesoro estadounidense.
En la industria local destacan que, hasta ahora, Argentina accedía a arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y un máximo del 10% para el resto, mientras que empresas de Brasil afrontaban gravámenes del 50%. Esto posicionaba a la Argentina con un trato preferencial, especialmente en sectores como el acero y el aluminio. La eliminación de los aranceles generalizados obliga al sector privado a replantear estrategias para el acceso al mercado estadounidense, aunque la cuota de 80.000 toneladas métricas de carne bovina destinada a Estados Unidos permanece sin modificaciones, ya que fue negociada de forma independiente y queda fuera del alcance inmediato del fallo judicial.
Desde el punto de vista de la inversión, los mecanismos de facilitación pactados en el último acuerdo bilateral mantienen vigencia pese al cambio en los tributos, según indicó Gustavo Perego, director de Abeceb. La continuidad de la cuota cárnica y el capítulo de inversiones permite sostener parte de los beneficios comerciales, aunque la discriminación positiva que tenía la Argentina sobre otros productos pierde peso.
El sector privado advierte que la redefinición de esquemas de cuotas y aranceles será prioritaria en la agenda bilateral y que la seguridad jurídica en materia de inversiones será un factor central para proyectar el vínculo económico con Estados Unidos. En ese sentido, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) resaltó que “el compromiso fundamental de Estados Unidos era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias”, acuerdo que, tras la decisión judicial, pierde validez legal. CERA puntualizó además que la cuota cárnica, no incluida en el texto principal del acuerdo, debería mantenerse vigente.
El histórico fallo limita la utilización de aranceles como instrumento de presión en política exterior por parte del Ejecutivo, al definir que solo el Congreso puede establecer estos gravámenes, y marca un precedente para futuros debates sobre el alcance de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la regulación de la política comercial de Estados Unidos. La revisión de las cuotas y eventuales nuevas medidas quedará en manos de Washington en las próximas semanas, mientras los actores económicos argentinos permanecen atentos al impacto sobre las cadenas de valor y las exportaciones.
