Después de una audiencia celebrada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, reiteró el reclamo por una deuda que, según la administración bonaerense, supera los 2,2 billones de pesos y corresponde a fondos previsionales adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La instancia judicial, convocada por el máximo tribunal, reunió a funcionarios provinciales y representantes del Gobierno nacional para abordar la situación financiera que, de acuerdo con el reclamo, afecta a más de 17 millones de bonaerenses.
El encuentro contó con la presencia del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. La audiencia permitió que las autoridades provinciales expusieran la magnitud del conflicto vinculado al sistema jubilatorio y los recursos que, según la provincia, corresponden a sus habitantes pero han sido retenidos por el Estado nacional.
Al término de la reunión, López valoró el diálogo institucional propiciado por la Corte y destacó la importancia del compromiso asumido – de acuerdo a las expresiones de López – por el Gobierno nacional de trabajar sobre el tema. El ministro adelantó que se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, con el objetivo de alcanzar un reconocimiento formal de la deuda y avanzar hacia una solución para el reclamo bonaerense.
El reclamo por los fondos jubilatorios forma parte de un conjunto más amplio de demandas que la provincia de Buenos Aires sostiene ante Nación. Según López, las deudas totales que el Estado nacional mantiene con el distrito ascienden a 15,6 billones de pesos e incluyen, además de la cuestión previsional, transferencias no automáticas y obras públicas inconclusas. El funcionario afirmó que el Gobierno provincial realiza “un esfuerzo enorme” para sostener servicios esenciales a pesar de los recortes.
La provincia de Buenos Aires sostiene que el actual régimen de coparticipación federal de impuestos la coloca en una situación de desventaja. De acuerdo con los datos oficiales, el distrito aporta el 38% de la recaudación total del país, pero recibe solo el 7% de los recursos distribuidos, mientras que la administración nacional concentra el 70%. Esta desproporción, subrayan desde la administración bonaerense, se ve agravada por el incumplimiento en la transferencia de fondos obligatorios.
El conflicto se desarrolla en un contexto de caída de la recaudación provincial, que las autoridades atribuyen a la recesión económica y a la política fiscal implementada en el ámbito nacional. Esta situación, aseguran, limita la capacidad del Ejecutivo bonaerense para financiar áreas clave y responder a las demandas de la población.
La demanda que la provincia impulsa contra ANSES no es la única en curso. El gobierno encabezado por Axel Kicillof ha presentado otras seis acciones legales contra el Estado nacional. Entre ellas figuran el reclamo por el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, destinado a seguridad; el Fondo de Compensación al Transporte del Interior; y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que impacta en los salarios de los trabajadores de la educación.
La preocupación por el estado de las finanzas provinciales fue un eje central del mensaje transmitido por López tras la audiencia. El ministro subrayó que la continuidad y calidad de los servicios públicos dependen, en gran parte, de la regularidad en la transferencia de fondos comprometidos por Nación.
En palabras del titular de la cartera económica, “seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”. Para la administración provincial, la resolución de estos conflictos resulta fundamental para garantizar la sustentabilidad fiscal y la atención de las necesidades sociales.
El próximo encuentro en la Corte Suprema, previsto para el 21 de abril, será clave para definir si el Gobierno nacional reconoce la deuda reclamada por la provincia y asume un compromiso concreto de pago.
