Luego de que el gobierno de Javier Milei ofreciera una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que Apablaza es un “refugiado político en Argentina” y dijo que denunció a Chile por torturas.
“Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.
La declaración se dio en el marco de una entrevista que le hizo el periodista Feinmann en Radio Mitre, que estuvo marcada por fuertes cuestionamientos por su situación judicial. De hecho, Feinmann lo definió como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados al terrorismo”.
En ese contexto, Llanzón defendió la posición de su cliente y enfatizó que la discusión debe centrarse en el derecho internacional y no en consideraciones políticas o mediáticas. “En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno”, afirmó el abogado al inicio de la conversación.
Frente a la insistencia del periodista sobre las acusaciones en su contra, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el estatus de refugiado se mantiene vigente: “Eso implica que Apablaza es refugiado político hasta el día de hoy y desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.
Llanzón también amplió la denuncia presentada ante el organismo internacional, al señalar que los episodios de tortura no se limitarían al período dictatorial. “Entre los argumentos está la existencia de torturas durante el gobierno del señor Patricio Aylwin, cuando Pinochet continuaba siendo jefe de las Fuerzas Armadas en 1991”, indicó.
Según explicó, estas prácticas habrían sido sistemáticas en el marco de las investigaciones judiciales contra miembros de organizaciones armadas. “El organismo a cargo de la investigación en Chile ha sometido sistemáticamente a torturas a todas las personas involucradas, acusadas y en definitiva muchas de ellas condenadas por estos crímenes”, denunció.
Como ejemplo, mencionó el caso de Ricardo Palma Salamanca, quien también obtuvo estatus de refugiado en Francia. “Hoy está refugiado políticamente en los términos de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas desde el año 2018”, precisó.
Además, el abogado subrayó que la presentación ante el Comité contra la Tortura busca garantizar la continuidad de la protección internacional de su defendido. “Lo que estamos requiriendo es mantener la protección del señor Apablaza Guerra porque, insisto, hasta el día de hoy es refugiado político”, reiteró, y añadió que en estos casos “prima un principio esencial del derecho internacional de los refugiados”. Feinmann, por su parte, criticó a las administraciones argentinas que en el pasado le otorgaron protección. “Usted me lo quiere pintar como si fuera Heidi”, lanzó en tono irónico, rechazando la caracterización del abogado.
Llanzón respondió elevando el tono del intercambio: “Aquí no se trata del señor Milei o del señor Alberto Fernández o quien fuera. El señor Apablaza Guerra es refugiado político en los términos de Naciones Unidas, no por un gobierno caprichoso”. En ese sentido, intentó desmarcar el caso de la coyuntura política argentina y llevar la discusión al plano jurídico internacional. Mientras el periodista insistía en que se trata de un prófugo, el abogado evitó referirse directamente a su paradero y cuestionó las decisiones recientes del Ministerio de Seguridad. “Usted abrió la nota hablando de una recompensa ridícula y caprichosa que envía el Ministerio de Seguridad”, criticó.
Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2010, cuando Cristina Kirchner le otorgó a Apablaza el estatus de refugiado político para evitar que fuera detenido y extraditado. La decisión fue revocada años después por Mauricio Macri.
Recientemente, la jueza María Servini pidió la detención del ex guerrillero con fines de extradición por los crímenes que se le imputan en Chile, entre ellos el asesinato de un senador.
El abogado destacó que el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, lo que —según su visión— refuerza la complejidad del proceso. “El juez federal que lo tomó dijo que se iba a poner a estudiar el caso porque es sumamente complejo”, explicó, en contraste con la rapidez que atribuyó a otras decisiones judiciales.
Del otro lado, el conductor insistió en remarcar el trasfondo penal del caso, recordando que Apablaza está acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, entre otros hechos. También subrayó que distintos gobiernos chilenos, incluso de signo progresista, solicitaron su extradición en reiteradas ocasiones.
