La defensa de los derechos laborales y la sostenibilidad del sistema público se cruzan en un momento de alta tensión institucional. Los representantes sindicales advierten sobre un patrón que se repite en distintas jurisdicciones y que impacta directamente en la atención médica de la población.
Desde la revocación de licencias en Río Negro hasta la saturación de hospitales en Tucumán, dejan en evidencia la crisis en el sistema público de salud, los gremios del sector trazan un diagnóstico claro del deterioro sanitario nacional. En esta nota, la doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta de SITAS, detalla las consecuencias de los recortes presupuestarios, la falta de medicamentos y la presión sobre los trabajadores del sector. Esta entrevista se realizó en los estudios de Radio del Plata Tucumán, durante la emisión del programa Libertad de Expresión que conduce Graciela Núñez junto a Sebastián Gil Olivares, Pablo Gerez y equipo.
La crisis en el sistema público de salud se evidencia en la revocación de licencias sindicales en Río Negro y en la saturación de los centros asistenciales de Tucumán. Según detalló la doctora Adriana Bueno, la administración provincial retiró la licencia gremial de la secretaria de ASSPUR, Marisa Albano, y de su secretaria general, sin mediar instancia de diálogo previo. Esta medida se interpreta como un intento de reducir la capacidad de negociación de los representantes sindicales y generar un efecto disuasorio en otros sectores laborales.
“Estos atrevimientos y avasallamientos tienden a debilitar a los gremios que representan a los trabajadores, con el objetivo de mantener a la población callada frente a sus reclamos.”
Ante estos hechos, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina brindó respaldo legal y humano a las afectadas. Se recordó que estas prácticas podrían contravenir convenios internacionales suscritos por el Estado argentino sobre libertad sindical. Paralelamente, se señaló la oposición a la reforma laboral actualmente suspendida por recursos judiciales, la cual restringe el derecho de huelga y exige autorizaciones hospitalarias para la realización de asambleas, limitando la autonomía organizativa del sector.
La conversación derivó luego en el diagnóstico general. Se describió un proceso de desmantelamiento institucional que incluye despidos masivos en centros de referencia, la falta de implementación de la Ley de Financiamiento de Emergencia Pediátrica y la reducción drástica de presupuestos en programas contra el VIH, las hepatitis y la tuberculosis. La tuberculosis, conviene precisar, funciona como un indicador epidemiológico: su aumento refleja directamente el deterioro de las condiciones de vida y la falta de acceso a diagnósticos tempranos.
“En una década se han duplicado los casos de tuberculosis, una enfermedad que funciona como marcador de las condiciones socioeconómicas de una comunidad.”
Se detallaron además las consecuencias directas para la población: interrupciones en la distribución de vacunas del calendario nacional, que contempla diecinueve inmunizaciones gratuitas, y recortes en el Programa Remediar. Este programa, que antes proveía medicamentos para diabetes, problemas tiroideos e hipertensión, vería reducida su cobertura en septiembre a solo cuatro fármacos para casi ciento veinte especialidades médicas. La falta de acceso afecta principalmente a quienes carecen de cobertura por obras sociales o prepagas privadas, profundizando así la crisis en el sistema público.
“El Gobierno no comprende que la salud pública es un derecho y uno de los bienes más preciados. Desmantelar estos programas tiene un costo humano inmediato.”
Frente a discursos recientes que enmarcan la discapacidad y la enfermedad como responsabilidades individuales, la entrevistada advirtió sobre un cambio de enfoque que traslada la carga al ciudadano y retira la intervención estatal. Se mencionó la reducción de la cobertura de medicamentos para jubilados y la ausencia de políticas que garanticen equidad sanitaria. El gremio sostiene que la atención universal, gratuita y de calidad requiere trabajadores con salarios dignos y condiciones laborales estables, ya que el sistema no puede funcionar si se fragmenta la responsabilidad colectiva.
Al trasladar el análisis a la provincia de Tucumán, se confirmó la existencia de tensiones constantes entre SITAS y el gobierno provincial. La sobredemanda en hospitales y centros de atención primaria se explica por el traslado masivo de pacientes desde el sistema de obras sociales y PAMI hacia la red pública. La capacidad de atención, sin embargo, no es ilimitada. A esto se suma la reducción salarial de los médicos de cabecera, figuras centrales en la prevención y el primer contacto con el sistema.
“Podemos tener la voluntad, pero no contamos con todas las camas ni con el espacio necesario para absorber a la inmensa cantidad de personas que hoy dependen exclusivamente del sistema público.”
La nota cierra reafirmando que la sostenibilidad de la red sanitaria exige transparencia en la gestión de recursos, respeto a la organización sindical y políticas basadas en datos epidemiológicos verificables. La información rigurosa se presenta como herramienta fundamental para que la ciudadanía comprenda las implicancias reales de las decisiones administrativas y participe con criterio en la defensa de un derecho constitucional.
Libertad de Expresión se emite lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 hs por Radio Del Plata Tucumán en 93.9 MHz FM también podes escuchar en este enlace.
