Ayer, la Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El magistrado quedó en el ojo de la tormenta, luego que rechazó el pedido de detención del fiscal federal Pedro Simón del jefe de la entidad deportiva, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviginno.
La resolución, que benefició a los encumbrados dirigentes del fútbol local, tuvo algunos condimentos extra. Argibay tomó esa decisión horas antes que lo recusara la Cámara Federal de Tucumán. Luego, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Según fuentes del caso, cuando firmó el fallo, el juez “no había sido notificado formalmente” de la recusación.
En medio del raid judicial, el juez tuvo que interrumpir sus vacaciones y volver de vacaciones antes de tiempo, indicaron las mismas fuentes. ¿Por qué habría sido el apuro?
El fiscal Pedro Simón había solicitado la recusación de Argibay al argumentar que su hija, María del Pilar Argibay Lapalma, vendió un inmueble a Darío Toviggino y Rosalía Argañaraz, el denominado Lote “W-1″. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir esa propiedad habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.
Para Simón, en el marco del contexto de la pesquisa por lavado de activos que involucra a la AFA, esa operación comprometía la imparcialidad del juez. Con el vínculo probado entre familiares directos del magistrado y los imputados, aquello constituía un motivo suficiente para apartarlo del caso.
En el expediente, Argibay negó la existencia de un interés personal o patrimonial en el trámite y defendió la legalidad de la operación inmobiliaria de su hija. Incluso señaló que, en caso de comprobarse un delito de lavado, “ese resultado no generaría beneficio ni perjuicio para un tercero vendedor de buena fe”.
El fallo de la Cámara Federal, firmado por la jueza Marina Cossio y la secretaria del tribunal, Myriam Depetris, fundamentó desplazar al juez al señalar que el estándar exigido requiere no solo la imparcialidad real, sino también la ausencia de toda sospecha razonable: “La solución que se adopta obedece exclusivamente a razones de decoro y prudencia institucional, sin que ello importe desmerecer la idoneidad ni la honorabilidad del magistrado”.
La resolución que benefició a Tapia y Toviginno, en medio de la recusación, generó suspicacias en la Justicia. Una fuente vinculada a la investigación de la causa apuntó contra la camarista Cossio, porque “le dio tiempo” a Argibay para que vuelva de sus vacaciones, rechace el pedido de detención y se declare incompetente para enviar el caso al juez Charvay.
Toda la maniobra ocurrió una hora antes de que fuera apartado del caso.
El recorrido de Argibay en la Justicia
Sebastián Argibay fue designado como magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santiago del Estero en 2018, cuando se aprobó su pliego en el Senado de la Nación.
La propuesta para ese cargo llegó, primero, por el impulso del gobierno de Mauricio Macri, en particular, con el aval del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. En la terna cuando se presentó la propuesta en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Argibay competía con Ana Rosa Rodríguez (147,75 puntos) y Patricia Moltini (138 puntos). El magistrado en cuestión se ubicaba en el tercer lugar, con 138 unidades. El gobierno macrista terminó inclinándose por él.
Sin embargo, el juez fue perdiendo apoyo de Cambiemos y le ganó esa pulseada interna la diputada nacional, Elisa Carrió, que arremetió contra el magistrado, en el marco de una relación siempre tirante con la Casa Rosada.
Argibay ya tenía vínculos con el poder político local. La líder de la Coalición Cívica cuestionó a Argibay por un fallo que le permitió una reelección consecutiva del gobernador Gerardo Zamora, cuando el magistrado era juez de la Corte Suprema local. Luego, esa decisión fue revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lilita también lo vinculó con maniobras de encubrimiento en causas de narcotráfico, acusaciones que Argibay rechazó en su descargo parlamentario, calificándolas de “imputación irresponsable y mendaz”.
En el tratamiento parlamentario, finalmente, el pleno de la bancada de Cambiemos votó por la negativa. Pero Argibay ya contaba con el respaldo del peronismo. La votación en la sesión del 12 de diciembre de 2018 salió 37 votos a favor, 25 en contra y una abstención. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial el 4 de enero de 2019.
La causa que investiga a la AFA, y que permanece en etapa de instrucción, busca determinar si “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes, realizaron maniobras de desvío de fondos públicos y lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación de la entidad deportiva, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. El expediente abarca operaciones por cifras millonarias detectadas en movimientos bancarios y compra de bienes.
La investigación también salpica a Gerardo Zamora, el ex gobernador al que el juez Argibay benefició para que sea reelecto en su fallo de 2013. Es que se detectó que la gestión de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. Las medidas del fiscal Simón apuntan al ex mandatario como alguien que habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.
Con el apartamiento de Argibay, no se descarta que la Justicia avance con nuevas presentaciones y revisiones de las medidas adoptadas por el juez.
