La Libertad Avanza acercó posiciones con la oposición dialoguista en el Senado y la ley que “blinda” la propiedad privada intentará ser dictaminada mañana, en un plenario que realizarán las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, desde las 11.30.
En realidad, un primer consenso ya había sido sellado al comienzo del corriente mes, tras una cumbre entre la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y sus pares de la UCR, el PRO y referentes de silvestres provinciales.
Durante dicho convite, se consumó la eliminación completa del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares(ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien disertó en el Senado y denostó el sistema en manos de Nación. El funcionario quería delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una millonada en juego.
Los otros dos puntos “sensibles” apuntan hacia los desalojos exprés y la venta de tierra a extranjeros. En cuanto al primero, se mejorará la redacción relacionada con juicios sumarísimos y se mantendrá la acción contra intrusos. Además, se incorporará una protección mínima para sujetos vulnerables, con intervención de organismos locales y del Ministerio Público Tutelar cuando una situación involucre a menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.
Para el segundo caso, se modificará la lógica de la normativa sobre tierras rurales. Cada distrito conservará la jurisdicción sobre su territorio y quedarían prohibidas las adquisiciones por Estados extranjeros y sociedades o estructuras controladas por ellos.
En tanto, ya no aparecería el viejo sistema de topes generales por porcentajes, nacionalidad o hectáreas. Festejarán los mandatarios locales. No obstante, en zonas de frontera, habría una intervención de la provincia con autorización previa de Nación. Todo esto, siempre y cuando no se sumen observaciones extra de cara al plenario de mañana.
De lograr el dictamen, Bullrich ya avizora una sesión la semana próxima no sólo por este proyecto, sino por otro que vino rengo desde el Ejecutivo y ahora tiene prioridad máxima para ser sancionado, ya que ni siquiera pudo ser aprobado días atrás por la Cámara alta: un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones.
La iniciativa ya fue dictaminada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión. Se tendría que haber votado y girado a Diputados el jueves pasado. Horas antes del recinto, aterrizó una enmienda desde Balcarce 50. Se devolvió a comisión y, por ende, foja cero. Hay tiempo hasta finales de mayo para la luz verde del Congreso.
Para el encuentro de las próximas horas -16- se presentarán a disertar el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; su segundo; Juan Ignacio Stampalija; y el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 millones, al primero; y u$s104 millones, al segundo.
Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores gatillar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni– es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.
