Desde las 11 y en sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tratará una serie de proyectos y asuntos de importancia para la ciudad. Uno de los proyectos más relevantes que se abordarán en el recinto es la obligatoriedad de la educación inicial para niñas y niños a partir de los 3 años, garantizar una oferta educativa universal y gratuita desde los 45 días de vida y promover la expansión de las Escuelas Infantiles. La iniciativa lleva la firma de la legisladora María Bielli (Fuerza por Buenos Aires).
El proyecto apunta a asegurar vacantes suficientes y a reforzar el acompañamiento de las familias en la asistencia de los chicos, en un contexto marcado por un cambio en la demanda del sistema educativo porteño: según argumenta el texto, los nacimientos pasaron en la ciudad de 42.700 en 2014 a 21.400 en 2024, lo que representa una baja del 50%.
A su vez, la propuesta distingue entre obligatoriedad y universalización. La primera supone la responsabilidad del Estado y de las familias de garantizar la asistencia desde sala de 3; la segunda, que toda familia que solicite una vacante en la educación pública pueda obtenerla. Además, el texto establece que las Escuelas Infantiles podrán recibir a niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años, y prevé la ampliación de esta red en toda la Ciudad para achicar brechas territoriales, sociales y de acceso.
Con la autoría de Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo), otro de los tratamientos relevantes será el que plantea la creación de un servicio público de cremación para animales de compañía. La iniciativa busca brindar una alternativa regulada para perros, gatos y otras mascotas tras su muerte, frente a la ausencia de opciones estatales y al alto costo de las prestaciones privadas.
La propuesta prevé una primera etapa de implementación en el Cementerio Público de la Chacarita, donde funcionará el servicio bajo la órbita de una autoridad de aplicación que deberá definir el Poder Ejecutivo. Ese organismo será responsable de asignar turnos, tanto presenciales como digitales, fijar aranceles y difundir informes sobre el funcionamiento del sistema. Además, el espacio deberá contar con áreas destinadas a homenajes y despedidas.
El proyecto también contempla tarifas accesibles, bonificaciones y eventuales exenciones para tutores en situación de vulnerabilidad social, así como para animales retirados de la vía pública que no tengan identificación ni responsable conocido. A la vez, dispone la firma de convenios con organizaciones de rescate para otorgar descuentos. Los restos podrán ser cremados bajo condiciones sanitarias adecuadas y, en los casos previstos, sus responsables podrán recuperar las cenizas.
Por otro lado, la iniciativa incorpora un protocolo para que el personal dé aviso a las autoridades en caso de detectar indicios de maltrato animal o muertes en circunstancias sospechosas. El texto se encuadra en la Ley 4977, consolidada por la Ley 6764, y establece que la asignación de turnos deberá priorizar situaciones de necesidad sanitaria, antigüedad en la solicitud o vulnerabilidad social.
Tránsito
En materia de calles y tránsito, el legislador Francisco Loupias (Ciudadanos Unidos/UCR) presentó una iniciativa que modifica la Ley 342, que regula el régimen aplicable a los vehículos abandonados, deteriorados o inmovilizados en la vía pública que representan un peligro para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente.
En este sentido, la iniciativa habilita a la autoridad de aplicación a decidir qué hacer con los vehículos cuyos plazos de reclamo ya vencieron. Además de las opciones ya previstas —como la descontaminación, el desguace y la compactación—, el proyecto suma la posibilidad de destinarlos al uso de organismos públicos.
El texto también modifica el artículo 6° de la norma actual para actualizar el criterio con el que se resuelven los casos en los que un vehículo podría haber sido extraviado y no abandonado. En esos casos, se aplicará lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, en reemplazo de la referencia al antiguo Código Civil. El objetivo es dejar más claro cuál es el procedimiento antes de definir el destino final de cada unidad.
A eso se suma la incorporación de un nuevo artículo 6° bis, que permitirá a la autoridad de aplicación evaluar, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, si un vehículo puede ser reutilizado por el Estado o si debe ser tratado como residuo. La idea es que las unidades que estén en condiciones puedan sumarse a flotas oficiales o colaborar en tareas vinculadas al Sistema Integral de Seguridad Pública, mientras que las que no sean aptas seguirán el proceso de descontaminación, desguace o compactación.
Además, el proyecto redefine esos procedimientos y da prioridad a la entrega de vehículos o piezas ya descontaminadas a escuelas, instituciones de investigación y espacios de formación o práctica que las hayan solicitado previamente.
Asimismo, la Jefatura de Gobierno presentó una iniciativa que elimina el descuento automático de puntos en la licencia de conducir cuando una persona elige pagar una multa de manera voluntaria. A partir de este cambio, la quita de puntos solo podrá hacerse cuando exista una sanción administrativa o judicial firme. La medida busca ajustar el sistema de infracciones al debido proceso y mantiene la escala actual de puntaje: dos puntos para faltas leves, cuatro o cinco para infracciones intermedias y entre diez y veinte para las más graves, como conducir alcoholizado o participar en picadas.
El proyecto también deja afuera del pago voluntario a las infracciones graves relacionadas con alcohol, drogas, competencias ilegales y transporte no autorizado. Quienes abonen dentro de los 40 días desde la notificación seguirán accediendo a una rebaja del 50% en la multa. En cambio, si la persona presenta un descargo ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas y finalmente es sancionada, el descuento será del 25%.
Además, los descuentos parciales de puntos vencerán a los tres años si el conductor no llega a cero puntos. En los casos en que se agote por completo el puntaje, será obligatorio hacer cursos y evaluaciones para recuperar la base de diez puntos. La norma empezará a regir 60 días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial.
Clubes de barrio y designaciones
El diputado Nicolás Pakgojz (La Libertad Avanza) presentó un proyecto que oficializa un régimen excepcional para regularizar la situación administrativa de clubes de barrio y asociaciones civiles. El proyecto propone condonar deudas, multas, recargos e intereses originados en incumplimientos formales o por obras sin habilitación, siempre que no existan faltas vinculadas con la seguridad o la salubridad. Podrán acceder entidades con al menos diez años de actividad, sin explotación comercial o profesional y que no estén categorizadas como grandes contribuyentes ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
La medida contempla un Certificado Transitorio de Regularización Administrativa y Funcionamiento, válido por hasta 360 días y prorrogable una vez, que protegerá a los clubes de clausuras y ejecuciones mientras avancen con un plan de adecuación. Si la autoridad de aplicación no responde dentro de los 60 días hábiles, la entidad quedará alcanzada de forma automática por los beneficios del régimen. La Agencia Gubernamental de Control podrá realizar inspecciones, requerir documentación y revocar el certificado ante datos falsos, riesgos estructurales o deficiencias graves en prevención de incendios.
Por último, dentro de la sesión ordinaria también habrá lugar para una sesión especial, donde finalmente se designará al nuevo Fiscal General del Ministerio Público y al Defensor o Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
