Según el Monitor ambiental del presupuesto, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que abarca el período de 2023 a 2024, el presupuesto designado a las partidas ambientales, se desplomó, en promedio, un 35%. Y en algunas áreas alcanzó una baja de hasta el 81%. La razón principal, destacaron los especialistas consultados por LA NACIÓN, fue la licuación de las partidas, impulsadas por la inflación y por la no actualización de los fondos.

Este escenario, según los expertos, se tradujo en pérdida de personal, deterioro y falta de infraestructura, en freno de una inmensidad de proyectos vinculados a la protección de la naturaleza y de la salud, y en la desatención de emergencias, como los incendios en la Patagonia a principios de año o la inundación de Bahía Blanca en marzo pasado.

Matías Cena Trebucq, economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del reporte de FARN, detalló que esta licuación es solo una de las razones del deterioro de la política ambiental. Planteó que la caída en el sector superó por mucho la baja general del presupuesto de toda la administración pública, que fue de 26,3%. Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, destacó que hubo subejecución de partidas: “El desfinanciamiento de programas esenciales, como el de Manejo del Fuego, la protección de los bosques nativos y el fomento de energías renovables, evidencia la falta de una planificación ambiental a largo plazo, en un contexto en el que los impactos de la crisis climática son cada vez más evidentes”.

Despidos, salarios bajos e incertidumbre

Los ajustes en la estructura del Estado no han sido iguales para todos los sectores y la cartera ambiental es un claro ejemplo de ello. Un año después de la degradación de Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, este organismo, dependiente ahora de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, sufrió una baja del presupuesto, en términos reales del 79,4%, según el informe de FARN.

Para empleados de esa subsecretaría, la baja se expresó en una gran cantidad de despidos, pero también de renuncias. “En marzo hubo una caída del personal de 50 personas y en toda la Secretaría, en febrero se fueron 150 más. A muchos no les renovaron el contrato [que en toda la administración pública se hace cada tres meses], pero otros se fueron por su cuenta. Porque los salarios son bajos y las condiciones muy precarias”, detalló una técnica de la Subsecretaría de Ambiente en estricto off de record.

Y explicó también que la gran mayoría del personal no son de planta. “Muchos se van porque no tienen ningún tipo de seguridad laboral”, añadió. A esto se suma el congelamiento de varios proyectos que se ejecutaban allí y que incluso recibían financiamiento internacional. LA NACIÓN intentó consultar al subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Aquella situación es también descrita por brigadistas de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. “Un informe del 31 de diciembre de 2023 decía que la planta mínima de brigadistas que Parques Nacionales debería tener era de 700. Hoy rondamos los 350”, afirmó Alejo Fardjoume, coordinador nacional del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Parques Nacionales. Según el informe de FARN, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales (APN) cayó un 34%.

Para la atención de incendios, según indicaron desde ATE, el número de brigadistas es crítico. “Incluso, Cristian Larsen [director del organismo] pidió al [ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico] Sturzenegger ampliar en 150 la planta de brigadistas de Parques, pero les aprobaron solo 20”, afirmó Fardjoume. Según calcularon desde ATE, el número de brigadistas no superan los 2000, incluyendo los de Parques Nacionales, los del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los que tienen las provincias. “Pero los que peor estamos somos los que estamos coordinados por las instituciones nacionales”, agregó.

Sobre esto, el informe de FARN denunció también el freno a distintas obras de infraestructura dentro de las áreas naturales que maneja APN, como senderos, ciclovías y faros de conservación. LA NACIÓN contactó a la APN para conocer su versión. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

En el caso de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la institución tripartita encargada del saneamiento del Riachuelo, los fondos públicos cayeron en un 76,6%. El año pasado se manejaron con el menor presupuesto desde al menos 2021, y ejecutaron un 56,7%. FARN registró como consecuencia el despido de más de 300 personas. Y argumentaron que hay una intención de desarticulación que va más allá del presupuesto. “Lo que están haciendo es exponer el dogmatismo del Gobierno para concebir los problemas ambientales y sociales desde su visión ortodoxa de la economía”, opinó Slipak. Este medio se puso en contacto con Acumar, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Subejecución

Para FARN, la subejecución del presupuesto se expresa concretamente tanto en la falta de políticas preventivas ante posibles emergencias climáticas como en la atención a los desastres que provocan. Uno de los casos que destacaron en su informe fue el del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

Esta caja, prevista en la Ley de Bosques Nativos (N°26.331), se creó, en gran parte, para financiar a productores rurales para que impulsen proyectos de conservación y para ayudar a evitar desmontes o incendios. Este fondo es considerado por FARN como el corazón de la política de protección de bosques y el año pasado, el Ejecutivo no depositó los fondos correspondientes del presupuesto del año pasado. Tampoco se ejecutaron los fondos que había. LA NACIÓN trató de contactar a la Subsecretaría de Ambiente, que coordina el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Sin embargo, no respondió.

FARN destaca el cierre del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que desde 1999 recibía fondos del Banco Mundial para implementar energías renovables en zonas que se encuentran fuera de la red eléctrica. Según una ficha de prensa de la Auditoría General de la Nación publicada en junio del año pasado, el Ejecutivo decidió cerrar este programa. Las consecuencias, según consignó en diálogo con LA NACIÓN el último coordinador nacional del Permer, la falta de continuidad del proyecto vulnera el acceso a la energía de 34.777 hogares.