Mario Vargas Llosa ingresa oficialmente a la vida política del país para defender a los bancos. Tras una juventud marcada por simpatías con el comunismo -su adhesión a la revista comunista Cahuide en su paso por la UNMSM-, el por entonces escritor de tendencia liberal se plegó junto a otras figuras públicas, como el pintor Fernando de Szyszlo y el periodista Luis Miro Quesada Garland, en contra del plan del gobierno del expresidente Alan García para estatizar la banca. Así se fundó el Movimiento Libertad, que posteriormente haría una tríada con el PPC y Acción Popular para formar el Frente Democrático (Fredemo) y postular a las elecciones presidenciales de 1990.
Aquel corolario del estatista mensaje a la Nación de 1987 le sirvió al partido para ganar algunas alcaldías en las elecciones municipales de 1989 -aunque la de Lima se la llevó Ricardo Belmont-, pero en 1990 le fue esquiva la carrera presidencial contra un outsider Alberto Fujimori, quien lo derrotó estrepitosamente pese al cambio de discurso del escritor, entre la primera y segunda vuelta, a uno más popular con su Programa de Acción Social (PAS). Un plan que no sedujo a las mismas izquierdas que antes llevaron al poder al Apra, y que prometía paliar los efectos de la reducción del Estado en un mercado altamente controlado y subsidiado.
Sin embargo, desde entonces se ha tejido la leyenda en torno a que el proyecto económico adoptado por el fujimorismo tras el fujishock estaba plenamente inspirado en la estrategia de quien antes era su rival político, refugiado posteriormente en España en lugar de hacer oposición de cuerpo presente. ¿Qué de cierto hay?
Vargas Llosa, el privatizador, y la falta de productividad como causal de despido
El brazo económico del Movimiento Libertad del hoy extinto Mario Vargas Llosa era Hernando de Soto, cuyas teorías liberales descritas en “El otro sendero”, con un tono más antimercantilista, no encontraron consonancia con la anexión del PPC y Acción Popular. Medios de la época relatan cómo esto motivó a que el economista se distanciara poco antes de iniciarse la carrera por la presidencia, en la que el Apra había iniciado una feroz contracampaña propagandística para intimidar a la población con las ideas de cambio vargallosianas.
¿Y cómo pensaba el candidato escribidor? En “La utopía liberal de Vargas Llosa”, Fabiola Escárzaga Nicté refiere que el movimiento “proponía acabar con los privilegios, el rentismo, el proteccionismo, los monopolios y el estatismo para abrir el Perú al mundo y crear una sociedad en la que todos tuvieran acceso al mercado y vivieran protegidos por la ley”. Su programa fue presentado en diciembre de 1989 en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE):
- Uno de los pilares del programa era la privatización total del sector público, que abarcaba cerca de 200 empresas estatales. El objetivo no era únicamente reducir el déficit fiscal o generar ingresos para el Estado, sino transferir la propiedad de estas empresas a la sociedad civil.
- En trabajo, proponía esquemas de contratación temporal adaptados a las necesidades del mercado, como contratos de formación, trabajo a tiempo parcial y jubilación anticipada. También se buscaba democratizar el derecho a huelga, permitiendo que las decisiones fueran tomadas mediante votación secreta y prohibiendo huelgas en servicios públicos esenciales. La propuesta incluía la eliminación de la estabilidad laboral instaurada durante el gobierno de Velasco Alvarado. Para los nuevos contratos, se planteaba la inclusión de la falta de productividad como causal de despido.
- En educación, se reformarían los planes de estudio tomando en cuenta la heterogeneidad cultural, regional y lingüística de la sociedad peruana. Pero también, a partir del tercer año de secundaria, se sustituiría la gratuidad por un sistema de becas y créditos, y quien estuviera en condiciones de pagar financiaría total o parcialmente su educación.
- En agricultura, se eliminaría el control de precios de los productos agrícolas y con el régimen de mercado los productores obtendrían precios justos determinados por la oferta y la demanda. Se proponía otorgar títulos de propiedad privada a los cooperativistas que así lo decidieran (esto es muy de Hernando de Soto), y se introduciría el mercado en el campo privatizándolo -aunque no de forma obligatoria- y transfiriendo las empresas estatales y semiestatales a la sociedad civil.
- Finalmente, el programa incluía un enfoque renovado para combatir el terrorismo, que en ese momento representaba una de las mayores amenazas para el país. Vargas Llosa proponía enfrentar a grupos como Sendero Luminoso mediante la movilización de campesinos, obreros y estudiantes, bajo la dirección de autoridades civiles. El plan también contemplaba armar a las rondas campesinas para proteger comunidades, centros de trabajo y vías de comunicación, siguiendo un modelo similar al de Israel.
Las defensa de estas nuevas ideas fueron parte del anegado camino que el Nobel tuvo que recorrer para seguir escalando hacia el sillón presidencial, como recuerdan Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone en “Demonios y redentores del nuevo Perú”. Vargas Llosa no solo cambió de discurso desde aquella defensa firme de los bancos que fue saludada por la Confiep a finales de los ochenta, sino que también cambió de círculo, como refiere Francisco Durand en “La nueva derecha peruana”.
“De Soto se ha distanciado del Fredemo porque considera que tiene vinculaciones demasiado evidentes con lo que llama los empresarios formales. No obstante, las ideas de De Soto acerca de la alianza con los empresarios informales ha sido acogida con estusiasmo tanto por el Fredemo como por la Confiep”, dice Durand. Entonces, ¿el fujimorismo copió o no el plan de Fredemo, que a su vez estaba inspirado, en parte, en el pensamiento de Hernando de Soto?
Mario Vargas Llosa, el neoliberalismo y el FMI
No fue así. José Oscátegui, Ph.D. en Economía con áreas de especialización en. Macroeconomía, Economía Internacional y Microeconomía, señala que, en realidad, tanto Alberto Fujimori como Mario Vargas Llosa seguían parte de una corriente neoliberal que empezaba a ganar terreno en el mundo en reemplazo de las ideas impuestas mediante los Acuerdos de Bretton Woods, un conjunto de decisiones tomadas en 1944 por 44 países para establecer un nuevo modelo económico global después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el candidato ganador terminó convenciéndose por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante sus misiones tanto a EEUU como al Japón. La efervescencia de estas ideas dio paso, por ejemplo, al tipo de cambio flotante, frente a un tipo de cambio fijo y controlado.
“No era una propuesta del gobierno de Fujimori, esa es una leyenda interesada en darle crédito por sus seguidores. Tampoco de Vargas Llosa, que en economía no tenía una mayor preparación. El propio escritor nunca dijo ‘estas ideas son mías’, sino que fueron también sus herederos quienes quisieron darle ese brío”, sostiene el docente de la UNMSM.
Oscátegui también recuerda que en el neoliberalismo aplicado por el fujimorismo a pedido del FMI para recuperar la credibilidad financiera del Perú se consumaron muchas reformas “excesivas”, como la casi total destrucción de la industria. Un golpe de timón similar al que ejecuta hoy en día el presidente argentino Javier Milei sobre una economía totalmente devastada, pero que no ha resultado positivamente para el gobierno de EEUU, a cargo de Donald Trump. Los tiempos cambian.
“Estas ideas llegaban con rezago al Perú; ya se aplicaban en otras latitudes. La situación que favorece el fujishock de 1990 fue la lucha que se tenía ante Sendero Luminoso. En un contexto como ese, era muy difícil decirle que no a las nuevas propuestas”, refiere el especialista.
El historiador Antonio Zapata, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), asegura también que, a diferencia de los tiempos de polarización actual, las postrimerías de los ochenta ofrecían no dos, sino tres vertientes bien marcadas que terminaron definiendo la contienda electoral, más allá de las dimensiones de las políticas económicas propuestas en los planes de gobierno: el aprismo, la centro-derecha, y la izquierda unida. Esta última se terminó bifurcando entre Henry Pease (Izquieda Unida) y Alfonso Barrantes (Izquierda Socialista).
La división de la izquierda fue letal, y el electorado volcó toda su confianza, de acuerdo al profesor de la PUCP, sobre un novato en la política Alberto Fujimori, quien supo materializar no solo el factor étnico de su linaje japonés y la imagen de confianza y trabajo duro que proyecta el País del Sol Naciente, sino también su paso como profesor de una universidad pública y la alianza política con parte del sector evangelista del Perú, al cual llevaba en su plancha a la vicepresidencia.
Por eso Alberto Fujimori pasa a segunda vuelta, explica Antonio Zapata: porque los decepcionados seguidores de Barrantes y Pease ven una esperanza en el candidato de origen japonés, y lo respaldan. Ya en segunda vuelta, tanto el aprismo, como la izquierda dividida (puestos 3, 4 y 5, respectivamente, en primera vuelta), vuelcan su voto sobre Cambio 90, en medio de una gran contracampaña propagandística liderada por el Apra. La izquierda llevó a Fujimori al poder.
“A Vargas Llosa no le quedaron más que los sectores acomodados y el voto de algunas ciudades modernas, como su natal Arequipa. Pero no olvidemos que Fujimori reclutó a izquierdistas como Santiago Roca y Óscar Ugarteche, entre otros expertos, para elaborar su programa de gobierno. Con un grupo de centro-izquierda, peleó y ganó la segunda vuelta”, recalca Zapata.
Tras retirarse a España, el golpe de Estado en Perú le dio a Vargas Llosa la oportunidad de oponerse al gobierno de Alberto Fujimori, refiere el historiador, pues hasta ese momento el plan económico ejecutado seguía siendo similar al que había propuesto -y con los mismos consejeros, como reconoce el Nobel en El pez en el agua-, siempre alineado a lo que venía ocurriendo en el orbe desde las reformas de Margaret Thatcher en los setenta. La defensa de la libertad y la democracia se volvía entonces su nuevo caballo de batalla, pues el rezago económico estaba ya resuelto, y gozaba del repaldo de Washington.
Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, dos caras de una misma moneda
El gobierno de Alberto Fujimori implementó una serie de medidas que marcaron profundamente la historia del Perú. Estas políticas buscaban estabilizar la economía, reducir la inflación y reintegrar al país en la comunidad financiera internacional. Sin embargo, su aplicación tuvo consecuencias sociales severas, que contrastaron con los logros macroeconómicos alcanzados.
El fujishock, anunciado en 1990 por el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, fue el primer paso de un plan de estabilización económica que buscaba frenar la hiperinflación, que en ese momento alcanzaba el 7.650%. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la eliminación de subsidios, el aumento de impuestos y tasas de interés, y recortes drásticos en el gasto social. Estas decisiones provocaron un aumento masivo en los precios de bienes y servicios básicos: la gasolina subió un 3.000%, mientras que las tarifas de agua y electricidad se multiplicaron por ocho y cinco, respectivamente.
A pesar de la dureza de estas medidas, el gobierno prometió destinar 400 millones de dólares para proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, solo se asignaron 90 millones de dólares, lo que dejó a gran parte de la población sin el apoyo necesario. Aun así, el impacto en la inflación fue notable: para 1992, esta había caído al 55%. Sorprendentemente, la popularidad de Fujimori no se vio afectada, lo que le permitió avanzar con su agenda económica.
En 1991, el gobierno anunció un segundo paquete de medidas, esta vez bajo la dirección del nuevo ministro de Economía, Carlos Boloña. Estas reformas estructurales tenían tres objetivos principales: consolidar la estabilización económica, reintegrar al Perú en el sistema financiero internacional y transformar profundamente la economía nacional.
El neoliberalismo que trajo el Fredemo aplicado por Fujimori
Para implementar estas políticas, el Ejecutivo recibió facultades extraordinarias del Congreso, lo que permitió la emisión de 117 decretos legislativos. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la liberalización del comercio, la apertura de la cuenta de capitales, la desregulación de los mercados laboral y financiero, y la reforma del sistema tributario. Además, se inició un ambicioso proceso de privatización de empresas estatales, que buscaba atraer inversión privada tanto nacional como extranjera.
El gobierno también priorizó el pago puntual de la deuda externa, que en ese momento ascendía a 21.000 millones de dólares. Se destinaban 60 millones de dólares mensuales a este fin, lo que ayudó a recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales.
Aunque las reformas lograron estabilizar la economía y reducir la inflación, sus efectos sociales fueron devastadores. Entre 1990 y 1992, el ingreso real de los peruanos cayó un 30%, mientras que el consumo en Lima disminuyó un 25%. Más de un millón de personas perdieron sus empleos, lo que elevó las tasas de desempleo y subempleo del 81,4% en 1990 al 87,3% en 1993. Además, el sector informal creció significativamente, pasando del 45,7% en 1990 al 57% en 1992.
La pobreza también se intensificó. En 1991, el 55% de la población vivía en condiciones de pobreza general, mientras que el 22% enfrentaba pobreza extrema. Estas cifras obligaron al gobierno a buscar mecanismos para reactivar el gasto social, utilizando los ingresos generados por la venta de empresas estatales.
Crecimiento económico sostenido y respaldo del FMI
El proceso de privatización, iniciado en 1991 con la creación de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), avanzó lentamente al principio. Sin embargo, en diciembre de 1993, la venta de HierroPerú a una empresa china por 311,8 millones de dólares marcó un punto de inflexión. En 1994, el proceso alcanzó su auge con la venta de las empresas estatales de telefonía, CPT y EntelPerú, a Telefónica de España por 2.000 millones de dólares, una cifra cuatro veces superior a la estimada inicialmente por el gobierno.
Esta operación permitió al Estado recaudar 1.400 millones de dólares directamente para el tesoro público, lo que incentivó a otros inversores extranjeros a interesarse en sectores como la minería, la electricidad y la pesca. Para 1995, casi todas las empresas públicas creadas durante el régimen militar habían sido privatizadas, generando ingresos aproximados de 3.000 millones de dólares.
El éxito de las privatizaciones y la estabilización económica mejoraron la percepción internacional del Perú. La inflación se mantuvo baja, el riesgo-país disminuyó y el Producto Bruto Interno (PBI) mostró un crecimiento notable: 6,9% en 1993 y 12,9% en 1994, este último considerado el más alto del mundo en ese año. Con una economía más estable, el gobierno pudo finalmente enfocarse en el gasto social y en la reestructuración del sistema de pensiones. Sin embargo, los desafíos sociales persistieron, con altos niveles de pobreza y desigualdad que continuaron afectando a gran parte de la población.
“Después de casi 30 años, son innegables sus logros macroeconómicos [de Alberto Fujimori], pero las brechas sociales, materiales y culturales siguen vigentes, en una nueva versión tercermundista, que habría que tipificar, y que nos impiden competir adecuadamente frente a los desafíos de la globalización”, menciona el hisstoriador Juan Luis Orrego en la Revista Ideele. El resto es historia.
