Nora Yenad, referente de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), afirmò en Libertad de Expresion que el gobierno limita el derecho a huelga: «Se cercenan derechos y progresos» y pidió que «la educación pública vuelva a ser política de Estado».
Se amplió la lista de actividades consideradas esenciales y se estableció la obligatoriedad de garantizar entre un 50% y 75% de servicios mínimos en caso de conflicto sindical.
La norma, que fue publicada este miércoles, desató fuertes críticas desde diversos sectores gremiales y jurídicos, al considerar que representa una restricción directa al derecho constitucional a huelga.
La postura de ATEP
Para Nora Yenad, referente de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), «es muy lamentable porque en la democracia se cercenan derechos y progresos. Estamos en un continúo ataque desde el gobierno nacional: si este Gobierno odia tanto al pueblo y al Estado por qué están gobernando», se preguntó.
En este sentido, dijo que «quieren que la educación pública pase a manos privada y volver a los 90. Es un ataque constante a la educación pública por eso necesitamos que la educación pública vuelva a ser política de Estado«.
Por último, sostuvo que «esto no sólo debe ser preocupación de los docentes, sino también del pueblo».
Entre las actividades que ahora deberán garantizar el 75% de su funcionamiento en caso de huelga, se incluyen:
- Servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos.
- Transporte, distribución y comercialización de agua, gas, energía eléctrica y medicamentos.
- Telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
- Transporte marítimo y fluvial, control aéreo, dragado, estiba, remolque de buques.
- Educación en niveles inicial, primario, secundario y educación especial.
- Servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior.
