El equipo del ministro Caputo mantuvo reuniones con representantes del sector privado con el objetivo de avanzar en la formalización de la economía y ampliar la cobertura de aportes para tres millones de asalariados.
Resumen analítico: propuesta confidencial de reforma laboral y tributaria
El Gobierno nacional trabaja en un documento confidencial que propone cambios profundos en los regímenes aplicables a monotributistas, autónomos, contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y a las cargas sociales de las empresas, con el objetivo declarado de formalizar empleo y aumentar la recaudación mediante la exigencia de comprobantes.
Contexto y actores
Las propuestas fueron compartidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes del sector privado —incluyendo cámaras del Grupo de los Seis y Amcham— y con estudios de asesoramiento tributario. El plan recupera iniciativas impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei (ajustes a cuotas del monotributo y autonomía regulatoria) y se enmarca tras el resultado de las recientes elecciones legislativas.
Objetivos declarados
Los ejes informados son: (1) reducir la informalidad laboral mediante la transición de regímenes y mayores incentivos para la emisión de facturas; (2) reordenar la estructura de impuestos sobre ingresos personales; (3) ajustar cargas patronales para fomentar la creación de empleo formal; y (4) garantizar la sustentabilidad previsional mediante cambios en la Ley de Seguridad Social y el diseño de un fondo de cese laboral.
Monotributo
Se propone eliminar el régimen de monotributo y migrar a esos contribuyentes al régimen de autónomos o a un esquema que implique pago de IVA y del Impuesto sobre los Ingresos Personales (actual Ganancias). La motivación oficial es «blanquear» operaciones mediante la exigencia de facturas y la posibilidad de mayores deducciones personales compensatorias. Según fuentes, Argentina cuenta hoy con entre 2.160.000 y 3.200.000 personas bajo monotributo, según la fuente consultada.
Autónomos
El borrador contempla un aumento significativo en las escalas de cuota: se estudia elevar los límites actuales (indicados como $57.000 a $250.000 mensuales) a un rango aproximado de $100.000 a $500.000, lo que implicaría aumentos de hasta 100% en ciertos tramos. Además, se habilitaría la deducción de gastos personales y se fijaría un umbral de IVA equivalente a la Categoría F del monotributo (~$3.000.000 mensuales). El universo oficial de autónomos se reporta en torno a 388.000 personas.
Impuesto a las Ganancias (renombrado en la propuesta)
Se plantea crear un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio estimado en $1.700.000 para 2025, reduciendo así el piso actual desde el cual se tributa. El equipo económico estima que con esa modificación se incorporarían aproximadamente tres millones de contribuyentes obligados a presentar facturas. El proyecto contempla mantener la escala de alícuotas vigente (5% a 35%) pero eliminar exclusiones aplicadas a la cuarta categoría y cargas de familia, y fijar un tope de deducciones con comprobantes en $5.000.000 (superior al tope actual de $4.200.000). Se estudia además renombrar el tributo como «Impuesto sobre los Ingresos Personales».
Nuevo régimen de empleo y cargas sociales
El documento propone una rebaja de las contribuciones patronales y aportes personales con incentivos adicionales para la creación de «nuevas relaciones laborales» (trabajadores desempleados al menos seis meses y ex monotributistas). En términos indicativos, la reducción general propuesta sería llevar las contribuciones empresarias del 25,5% al 22% y los aportes del trabajador del 17% al 14%. Para nuevos empleos, la rebaja sería hasta 17% para empresas y 13% para empleados.
En escenarios de contratación, se plantea eliminar ciertos pagos (por ejemplo, la transferencia del 16% a ANSES en algunos rubros), reducir la contribución a la obra social del 6% al 4%, mantener PAMI en 2% e incorporar un nuevo aporte del 3% destinado a un Fondo de Cese Laboral. En el caso de los empleados, el aporte a ANSES se mantendría en 11%, PAMI en 3% y la contribución a la obra social del 3% sería voluntaria.
El Fondo de Cese se propone como alternativa a la indemnización por despido sin causa, inspirado en sistemas de capitalización sectoriales (ej. UOCRA), donde el empleador realiza aportes periódicos y puede adherir a un régimen privado de capitalización. Caputo ha señalado públicamente la intención de bajar puntos de cargas patronales y reemplazarlas por ese fondo para reducir costos de litigiosidad ante despidos.
Impactos esperados y tensiones
Los promotores sostienen que la combinación de menor presión sobre las cargas patronales y mayor fiscalización vía comprobantes aumentará la formalización y la recaudación sin afectar netamente los ingresos fiscales. Sin embargo, especialistas laborales y actores del sector privado advierten sobre riesgos: un cambio abrupto en el monotributo podría implicar pérdida de cobertura social o incrementar la carga fiscal de pequeños contribuyentes sin compensaciones efectivas; la sustitución de la indemnización por un fondo de cese podría trasladar riesgos y costos a los trabajadores si no se diseñan salvaguardias; y la modificación del piso y deducciones del impuesto a las ganancias puede redistribuir la carga entre asalariados, jubilados y profesionales.
Además, hay escepticismo respecto al efecto real sobre la informalidad asalariada, que según series recientes siguió en aumento pese a sucesivas bajas en contribuciones patronales desde la década de 1990.
Estado del proceso y confidencialidad
El documento circula de forma restringida y en ciertos ámbitos se lo considera un «globo de ensayo» hasta que expiren cláusulas de confidencialidad firmadas por miembros del Consejo de Mayo. Las propuestas aún deben atravesar discusión interministerial, diálogo con sindicatos y cámaras empresarias y, en su caso, la sanción legislativa correspondiente.
Conclusión
La iniciativa combina medidas tributarias y laborales orientadas a formalizar operadores, ampliar la base de recaudación y reducir costos laborales para incentivar la contratación. Su implementación implicaría cambios estructurales en sistemas vigentes (monotributo, régimen de autónomos, cargas sociales e indemnizaciones). El impacto dependerá de los detalles técnicos, los mecanismos de transición y las compensaciones previstas para los sectores más vulnerables.
