Raúl Ojeda justificó la cautelar y sostuvo que busca evitar perjuicios mientras se analiza la constitucionalidad de la ley.
El juez laboral Raúl Ojeda defendió la decisión de suspender 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que se trata de una medida preventiva necesaria para evitar daños mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La resolución se dictó en el marco de una acción colectiva presentada por la Confederación General del Trabajo contra el Estado nacional, en la que se cuestiona la constitucionalidad de distintos puntos de la norma. En ese contexto, el magistrado ordenó la suspensión provisoria de los artículos impugnados, al advertir la existencia de elementos suficientes para habilitar un análisis más profundo.
En declaraciones radiales, Ojeda fue enfático: “Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas”, subrayó.
El juez explicó que este tipo de resoluciones no requieren una certeza definitiva sobre la invalidez de la ley, sino la verificación de una base razonable: “En la medida cautelar uno tiene que evaluar si es posible que haya vicios de inconstitucionalidad”, indicó. Y agregó: “Hay principios del derecho del trabajo, de protección, de regresividad, que denotan en una primera mirada que se están vulnerando”.
En esa línea, remarcó que la finalidad de la cautelar es evitar consecuencias irreversibles mientras avanza el proceso judicial: “Se trata de verificar una apariencia razonable del derecho y el riesgo de daños de difícil reparación”.
El fallo, emitido el 30 de marzo, se apoya precisamente en ese criterio, al señalar que no es necesaria una certeza absoluta, sino una base jurídica suficiente que justifique la tutela preventiva hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso
La decisión del fuero laboral hizo lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT y suspendió de forma transitoria parte de la ley 27.802, en tanto se analiza su constitucionalidad.
Ahora, el Estado nacional deberá responder y defender la validez de los artículos cuestionados. “El Estado debe contestar sobre la cautelar y defender los artículos que son objeto de la acción”, precisó Ojeda.
Por su parte, el Gobierno —a través del área que encabeza Sandra Pettovello— anticipó que apelará la resolución con el objetivo de revertir la medida y restablecer la vigencia de los puntos suspendidos.
En un comunicado oficial, la cartera sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y ratificó su respaldo a la ley de Modernización Laboral.
