«Ser funcionario público no puede ser un pasaporte a la impunidad», advierte el padre de Paulina Lebbos en una entrevista exclusiva
A días de cumplirse 20 años del caso Paulina Lebbos, su padre Alberto repasa en una entrevista exclusiva el estado de la investigación: una sentencia de 1.570 páginas, 27 expedientes abiertos, 40 personas señaladas —entre ellas el exgobernador José Jorge Alperovich— y causas que, pese a pruebas contundentes y testimonios falsos comprobados en sala, siguen sin avanzar.
En diálogo con Libertad de Expresión, Lebbos describió a su hija como «una jovencita, como millones de jovencitas de este país, de este mundo, de este planeta: llena de sueños, pura bondad, que quería ser productora y periodista, que iba a la universidad y daba apoyo escolar a niños del barrio». Destacó que «estaba permanentemente pensando en los demás antes que en ella» y que su vida fue «truncada por manos asesinas y protegidas por delincuentes disfrazados de funcionarios públicos».
«La mayoría de las personas son gente honorable… Los dañinos son poquitos, pero tienen una gran capacidad de daño»
— Alberto Lebbos, sobre el poder judicial
Lebbos señaló que la impunidad responde también a «decisiones políticas»: vacantes judiciales sin cubrir, falta de reformas, ausencia de jurados populares y un «deterioro muy grande en los últimos 20, 30 años, cuando se ha romantizado la delincuencia». Denunció que «personas siniestras, delincuentes terribles —que no son víctimas de la sociedad— se disfrazaron de funcionarios públicos» para cometer delitos, «desde esquivar dineros públicos hasta homicidio encubierto».
Entre los funcionarios señalados figuran el ex secretario de Seguridad de Tucumán, Vilela; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; su antecesor Nicolás Valera; y el ex fiscal Albaca. Lebbos enfatizó que «estos tenían los más altos cargos y, sin embargo, tomaron la decisión de proteger a los asesinos de Paulina».
En febrero de 2018 comenzó el juicio por encubrimiento, que se extendió un año. La sentencia, dictada por los jueces Ibañez, Caramuto y Macorito, condenó a varios ex funcionarios a penas máximas de 6 años —cumplidas en régimen domiciliario—, una cifra que Lebbos calificó como «un pasaporte de la impunidad».
«Son estos que tragan hostia y cagan diablo»
— Sobre el exjefe del D2, Fernando Maru, que mintió bajo juramento y salió esposado de la sala
La sentencia, de 1.570 páginas y 40 puntos resolutivos, ordenó abrir 27 expedientes penales contra 40 personas, por delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, falso testimonio e incumplimiento de deberes de funcionario público. Doce testigos —policías, peritos y funcionarios— fueron detenidos en plena audiencia por mentir bajo juramento, un récord en la justicia argentina.
Sin embargo, según Lebbos, ninguna de esas causas ha avanzado. Citó el caso de Fernando Maru, ex jefe del D2 (inteligencia policial), quien «se paró frente al tribunal con una biblia bajo el braso, juró decir la verdad y mintió descaradamente… tuvo que salir esposado» y hoy no enfrenta consecuencias. Lo mismo ocurre con la bioquímica Lilia Moyano y su colega Albaca, quienes —según la sentencia— impidieron comparaciones genéticas al afirmar que los cabellos hallados en el cuerpo de Paulina «se habían podrido»; hoy, señaló Lebbos, están contratadas en el Ministerio Público Fiscal. También mencionó a Alberto Herrera, ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, calificado como «violento, misógino, una bestia», quien igualmente salió gritando y esposado, sin avance en su causa.
«Hasta el día de hoy no se cumple la sentencia»
— Alberto Lebbos, sobre los 27 expedientes ordenados en 2019
Lebbos también denunció que la sentencia ordena investigar a José Jorge Alperovich, ex gobernador de Tucumán, a quien identificó textualmente como «el degenerado violador condenado». Alperovich fue efectivamente condenado en 2023 por abuso sexual gravemente ultrajante, fallo confirmado en 2024. Pese a ello, afirmó Lebbos, «no se cumple la sentencia hasta el día de hoy».
«La sentencia ordena investigar a 40 personas, entre ellas José Jorge Alperovich, el degenerado violador condenado»
— Alberto Lebbos, en su denuncia sobre el incumplimiento de la sentencia
Respecto al Código Procesal Penal de Tucumán, reformado hace tres o cuatro años, Lebbos observó que «la palabra víctima aparece recién en el artículo 82», lo que —dijo— revela «en qué pensaban los legisladores: primero los derechos de los delincuentes, que eligen delinquir».
Con el juicio oral contra César Soto y Sergio Caleñu por homicidio próximo a iniciarse en febrero, Lebbos reiteró: «Mi expectativa es condena absoluta, de la máxima condena, porque son los responsables del homicidio de mi hija». Recordó que el 1° de marzo de 2006, apenas cinco días después de la desaparición (26/02), llevó personalmente a Soto a la Brigada de Investigaciones como principal sospechoso, pero «lo tuvieron un rato y lo largaron».
Denunció que ya en 2006 «estaba montada toda la maniobra de encubrimiento», incluida «una reunión en la localidad de Raco, en la casa de Vilela, para proteger a Sergio Caleñu», hijo de Alberto Caleñu —descrito como «mano derecha de Alperovich», ex jefe de Gendarmería en Tucumán y expulsado por «robarse los secuestros que hacía la gendarmería de cosas de contrabando». Afirmó que Sergio Caleñu, «dirigente de Atlético», ayudó a Soto en el homicidio de Paulina, y que «se puso en movimiento toda esta maquinaria del poder político para protegerlo a César Soto, a Sergio Caleñu y a César Soto».
«Ser funcionario público no puede ser un pasaporte a la impunidad»
— Alberto Lebbos, llamado a reformar el Código Penal
Lebbos concluyó afirmando que su lucha no ha menguado: «Me levanto y me acuesto exigiendo justicia para Paulina, para Paola, para Carla, para todas las víctimas de impunidad».
El próximo 26 de febrero de 2026 se cumplirán 20 años de la desaparición de Paulina Lebbos, estudiante de Comunicación Social. El juicio contra Soto y Caleñu avanza. Los 27 expedientes por encubrimiento, ordenados en 2019, siguen pendientes.
