La cámara de empresarios del transporte está en crisis y desde la política no quieren ensuciarse en un año electoral. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, quedó en el ojo de la tormenta luego de que todo le saliera mal durante los últimos meses, al punto de que el gobernador Osvaldo Jaldo le soltó la mano, en el marco de que gana fuerza la versión de que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya investiga los números de la cámara empresarial.
En los últimos meses los focos de incendio no pararon de aparecer en la cotidianeidad de Berreta, definido como «megamillonario por los subsidios al transporte» por parte del sitio Contexto. Es que es un hecho que tiene en su poder ocho empresas que manejan 14 líneas urbanas e interurbanas, además de la tarjeta Metropolitana que tanto conflicto genera entre usuarios y trabajadores.
«La UIF se encuentra en proceso de iniciar una investigación exhaustiva sobre las finanzas de la AETAT, dado que la documentación y los registros que respaldan los movimientos económicos parecen ser deficientes, poco claros y, en algunos casos, inexistentes», señaló la periodista de investigación Gabriela Gatica Ruiz a BigBang. «La falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y privados despertó el interés de la UIF, en cuanto a posibles sospechas de desvíos o malversaciones», añadió enseguida.
Según la periodista, las denuncias acerca del mal historial de pagos de AETAT, presidida por Daniel Orell, llamaron la atención del organismo de control. Atrasos con las ARTs, proveedores de repuestos, seguros de las flotas y cheques emitido de manera irregular y depositados en cuevas financieras, serían las otras faltas que se percibieron desde el Estado. Ya en el 2021 los medios relataban que Berreta tenía denuncias por no pagar las cargas sociales a pesar de descontarlas.
Otro de los frentes de batalla que se le abren a Berreta es que se generó con la empresa Bizland, encargada del sistema de cobros de boletos de transporte público en la provincia, a partir de la implementación del nuevo sistema y la aplicación de la tarjeta Metropolitana, que preside Berreta y que tiene como vice a Luis García, quien según Gatica Ruiz cuenta con «un familiar directo a modo de recaudador del dinero que sale de los puntos de venta de las tarjetas». En diciembre de 2024 Metropolitana firmó un acuerdo con Bizland para ampliar los medios de pago para abonar los viajes en las líneas de ómnibus interurbanas y rurales. Esta firma que se encargó de instalar los equipos y consolas recaudadoras en las unidades del transporte fue adquirida recientemente por el Grupo Los Lapachos.
Bizland se encargó de las pruebas piloto previas para la instalación en todas las unidades del nuevo sistema y delegó en Berreta la responsabilidad de seleccionar la unidad de colectivo para la prueba y monitorear su progreso, que correspondió a la línea 130.
A medida que avanzaba la prueba, se informaron fallas en el sistema a Berreta, quien no comunicó estos problemas para su corrección inmediata. Durante casi cinco meses, la línea 130 documentó las fallas a través de escribanos, lo que anticipó que Berreta podía implementar el sistema sin resolver los problemas técnicos.
Finalmente, y tras ignorar los informes y las denuncias sobre puntos de venta inexistentes para la compra y recarga de tarjetas, Berreta lanzó el sistema en otras unidades, aunque dejó afuera a la línea 130. Al mismo tiempo, cuando se inauguró el sistema faltaron tarjetas para entregar y sobraron usuarios indignados sin poder conseguirla. Se produjeron amontonamientos, gritos, quejas y enojos, tal como lo vivieron y se mostraron en los medios locales a los usuarios del transporte público de Tucumán.
Desde el grupo Los Lapachos que conducen Bizland destacaron que no sabían nada acerca de los antecedentes judiciales que presentó Berreta y AETAT. La confianza en este empresario no es un pecado, ya que hasta el gobernador Jaldo lo ha sabido tener como hombre de confianza y como gestor de los subsidios del transporte provincial. Una confianza que parece haberse extinguido a partir de los rumores de la UIF.
El problema fue que las denuncias acerca de falta de los pagos a proveedores, las deudas pendientes y las obligaciones con la Obra Social de los choferes, que permanecen en algunos casos sin resolver, generaron un escenario preocupante donde los recursos públicos parecen no llegar a quienes realmente lo necesitan, más allá del esfuerzo por sostener al sector del transporte en tiempos difíciles y poder beneficiar a los usuarios que realizaron desde la gestión provincial.
«Mientras Jaldo ha demostrado su apoyo a los empresarios del transporte y a los usuarios mediante un subsidio de aproximadamente 4.900 millones de pesos en mayo pasado, la realidad es que quien estaría haciendo un mal uso de esos fondos es el filtro de Jorge Berreta junto a Daniel Orell», destacó Gatica Ruiz. A esto se suma el escándalo de la tarjeta Metropolitana y las demoras que generó en los usuarios. En ese sentido, Berreta quiso calmar las aguas, pero emitió un comunicado algo absurdo donde ordenaba, estilo escuela primaria, que entregarían al otro día, con números asignados las tarjetas a los alrededor de 600 mil usuarios diarios que se mueven en el transporte público de Tucumán. Algo prácticamente imposible.
El enojo popular con Berreta y la tarjeta Metropolitana también cumplió un rol en la quita de apoyo tanto por parte del Gobierno de la provincia como de la administración de Bizland.
En la firma también hay bronca porque, al 4,5% que se le cobra por implementación de las consolas y sistema de cobro del boleto en las unidades de transporte, Berreta suma un 3,25% de comisión por «distribuir el dinero» que recauda la empresa. Algo innecesario y que puede ser la gota que rebalse el vaso.
