El ex jefe de la Unidad Regional Norte habría construido una vivienda en tierras fiscales. Pasaron a disponibilidad a otros efectivos. Suspendieron la audiencia en contra de los imputados.
Gustavo Beltrán, ex jefe de la Unidad Regional Norte, no sólo utilizaba condenados por abusos sexuales y policías para realizar trabajos de albañilería en El Cadillal, sino que realizaba las remodelaciones en una casa que está en un terreno usurpado y pertenece a la Provincia. Ese no fue el único dato relevante que surgió ayer en la causa, ya que se confirmó que pasaron a disponibilidad a otros miembros de la fuerza.
Según la acusación de la fiscala Mariana Rivadeneira, desde hace dos meses, el funcionario, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de cuatro detenidos a dependencias de la URN, sita entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, para hacerlos trabajar en beneficio propio. Tres de los mencionados deberían haber estado cumpliendo condena por abuso sexual en la comisaría de Chuscha y, el cuarto, en la de Yerba Buena.
“El martes, el comisario Beltrán, de común acuerdo con los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, insertó falsamente en el libro de guardia que a las 10.20 horas salía un móvil policial trasladando a dos detenidos condenados a los fines de ser alojados en el arresto de la comisaría de Chuscha, siendo que en realidad la camioneta se dirigió al inmueble en construcción del comisario en El Cadillal”, explicó el auxiliar Federico Lizárraga que, junto a Brenda Deroy, asistieron a la fiscala.
Sorpresa
Mientras en la audiencia se confirmaba la hipótesis y que el segundo jefe de la URN, comisario Sergio Juárez, por el momento está siendo investigado por su posible participación en el caso y que no estaba aprehendido como se pensaba, fuentes de la Casa de Gobierno confirmaban la noticia de la jornada. Beltrán estaba ocupando un terreno que pertenece a la Provincia y que formaba parte de uno de los tantos loteos ilegales que se realizaron en los últimos tiempos en El Cadillal.
LOS ACUSADOS. Osvaldo Teseira, Luis Trejo y Gustavo Beltán durante un momento de la audiencia.El ex jefe de la URN no aparecería en la lista de personas que intentaron regularizar la situación dominial de la propiedad, según una ley que había lanzado el Gobierno.
Según esa norma, los interesados podrían presentarse a una especie de licitación para adquirir a la Provincia la tierra que estaban ocupando. LA GACETA pudo establecer que los investigadores están tratando de establecer si a Beltrán no le iniciaron un juicio por haber usurpado tierras fiscales.
¿Más implicados?
En una jornada cargada de novedades, los anuncios del ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y del jefe de Policía, Joaquín Girvau, se fueron concretando ayer por la mañana y fueron puestos en disponibilidad ocho efectivos, entre ellos, cuatro comisarios, dos oficiales y dos suboficiales.
También fueron puestas a disponibilidad la comisaria Fabiana Villagrán (se desempeñaba como una especie de jefe de Personal de la URN) y las sargentos Gladys Paz e Ivana Velárdez, que se desempeñaban como secretarias de los dos jefes de la Regional.
Vale la pena aclarar que los mencionados están siendo investigados administrativamente y los resultados de ese trabajo serán presentados a la fiscala. Rivadeneira deberá definir su situación procesal.
Audiencia trunca
Mientras se registraban esas novedades, en Tribunales se realizaba la audiencia de formulación de cargos en contra de Beltrán, Teseira y Trejo. Augusto Avellaneda, defensor de los tres acusados, pretendió que se declarara nulo que el procedimiento que se realizó y que derivó en el procesamiento de los efectivos. “El ministro de Seguridad Agüero Gamboa actuó de manera ilegal. Dirigió un procedimiento sin ningún tipo de autorización y cuando terminó, recién dio aviso a la fiscalía. Todo debe ser considerado como nulo”, aseguró el profesional.
La representante del Ministerio Público también aclaró cuáles eran los cargos que debían afrontar los acusados. A Beltrán le endilgó los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, en calidad de autor y de coautor por el tercer ilícito.
En tanto, la conducta de Teseira y Trejo encuadra en los delitos de peculado en calidad de partícipes secundarios en concurso real con el delito de falsificación de instrumento público en calidad de coautores, todo ello en perjuicio de la administración y la fe pública.
