El hijo menor del “Mono” Ale vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre narcotráfico, barras bravas y violencia heredada. La policía decomisó más de 55 kilos de marihuana y el propio jefe de la Regional Norte, Gustavo Beltrán, habló de la compleja trama que amenaza a las instituciones.
Por estos días Tucumán vuelve a estar en el centro de la escena nacional por un tema que preocupa y atraviesa la vida social, política y deportiva de la provincia: la relación entre narcotráfico, barras bravas y poder. El nombre de Facundo Ale, hijo menor de Ángel “El Mono” Ale, resuena con fuerza en los tribunales y en los medios. Y no es casual: detrás de su prontuario aparece el mapa de un entramado de violencia que se repite hace décadas en Tucumán y que hoy muestra su faceta más descarnada.
El Comisario General Gustavo Beltrán, jefe de la Regional Norte, lo explicó con crudeza en el programa Libertad de Expresión (106.9 Rock and Pop Tucumán), conducido por Graciela Núñez y Sebastián Gil Olivares:
“Esto no es de ahora, viene de años. En su momento eran los padres, hoy son los hijos los que continúan esa disputa”.
Una disputa heredada
El enfrentamiento entre clanes, barras y negocios ilegales no nació ayer. Los Ale y otras familias vinculadas al delito fueron durante años señalados como grupos de poder capaces de mezclar actividades ilícitas con influencias en el deporte y la vida cotidiana. Hoy, el caso de Facundo Ale, de apenas 26 años y con un “tremendo prontuario”, según Beltrán, muestra que la rueda sigue girando.
La muerte de Mario Pasarín, ocurrida en un accidente en Tafí, volvió a encender las alarmas. Pasarín tenía antecedentes por narcotráfico, venta de autos robados y lazos familiares con los Ale. Una pieza más en un rompecabezas donde barras bravas, drogas y ostentación en redes sociales se entrelazan. Beltrán no dudó en señalar cómo esa “exhibición de riqueza y poder” se convierte en un insumo para las investigaciones.
Narcotráfico y rutas de la droga
El problema excede el folclore barrabrava. Tucumán aparece en informes nacionales como un punto clave de la ruta de la droga. Los operativos recientes lo confirman: en Trancas, la policía secuestró más de 55 kilos de marihuana compactada y detuvo a cinco tucumanos que simulaban transportar muebles.
La investigación dejó al descubierto cómo bandas locales aprovechan viajes al norte para ingresar cargamentos, mientras los puestos fronterizos hacen lo que pueden frente a un flujo interminable de vehículos. “Si no tenemos colaboración de provincias vecinas, se nos complica mucho más”, admitió Beltrán.
Amenazas y poder narco
A la complejidad del narcotráfico se suman las amenazas contra las instituciones. Tras el traslado al penal de Benjamín Paz de Javier “Chucky” Casanova, surgieron intimidaciones en redes sociales dirigidas al gobernador Osvaldo Jaldo, al jefe de Policía y al propio Beltrán.
El jefe de la Regional Norte relativizó el episodio:
“No me afectan, llevo 31 años en la fuerza y no es la primera vez. Sí golpea a las familias, que no están acostumbradas a esto”.
Pero que un jefe policial, el gobernador y la cúpula de la fuerza sean blanco de narcos y barras no es un dato menor: evidencia que el Estado está tocando intereses pesados.
Un Estado en disputa
Aquí aparece el verdadero trasfondo. Tucumán, como otras provincias del país, enfrenta un dilema que trasciende el operativo policial puntual: ¿qué capacidad tiene el Estado para desarticular redes criminales que combinan narcotráfico, poder económico, barras y vínculos sociales?
Las amenazas por redes sociales no son un gesto aislado de arrogancia, sino un mensaje directo a las instituciones:
“sabemos dónde están, hasta dónde se meten”.
El gobernador, en uso de licencia, fue categórico:
“Vamos a desbaratar hasta el último kiosco de droga”.
El discurso es contundente, pero la realidad impone preguntas: ¿alcanza con operativos y detenciones esporádicas? ¿Qué pasa cuando los mismos nombres –Ale, Pasarín, Casanova– aparecen una y otra vez en expedientes policiales y judiciales, como si fueran parte de una saga interminable?
Opinión: un espejo que Tucumán no puede seguir ignorando
El caso de Facundo Ale no es un hecho aislado: es la punta visible de un entramado que une narcotráfico, barras bravas y una cultura de violencia heredada de generación en generación. Tucumán parece condenado a repetir apellidos, prontuarios y escenas: ayer el “Mono” Ale, hoy su hijo menor; ayer un Pasarín, hoy otro miembro de la misma familia; ayer un Casanova, hoy su relevo en las redes del delito.
La policía hace lo que puede, y a veces más de lo que la sociedad imagina. Los decomisos y las detenciones muestran que hay voluntad. El gobernador y la jefatura de policía expresan apoyo y hablan de “desbaratar hasta el último kiosco de droga”. El discurso es fuerte, pero la pregunta que incomoda es si alcanza con discursos y operativos intermitentes.
La raíz del problema es más profunda: un Estado que durante años permitió que ciertos grupos se convirtieran en poder paralelo, con capacidad de amedrentar a la justicia, a la política y hasta a la sociedad entera. Hoy esos grupos ya no solo se pelean por tribunas de fútbol: disputan barrios, rutas de droga y prestigio en redes sociales.
Que un comisario general, el jefe de Policía y el propio gobernador sean amenazados por familiares de narcos y barras no debería pasar como un dato anecdótico. Es un golpe directo a la autoridad del Estado. Y lo más grave: esas amenazas son públicas, se difunden en redes, como si los delincuentes sintieran que nada ni nadie los detendrá.
Tucumán necesita que esta vez no sea “un capítulo más” en la crónica policial. La provincia necesita que las causas avancen, que los jueces acompañen con decisiones firmes y que la política sostenga el respaldo más allá de los titulares. Porque, si no se corta de raíz este circuito, los mismos nombres seguirán reapareciendo en los partes policiales y en las noticias, y la sociedad seguirá atrapada entre miedo, descreimiento y resignación.
La entrevista con Beltrán deja una conclusión dura pero inevitable: la batalla no es solo contra un clan, un barra o un cargamento de marihuana; es contra la sensación de impunidad que se transmite de generación en generación. Romper ese ciclo es el verdadero desafío.
También deja en claro dos cosas. Primero, que el trabajo policial es intenso, con decomisos importantes y coordinación con la Justicia. Segundo, que la raíz del conflicto es estructural. No se trata solo de atrapar a un barra o a un narco, sino de enfrentar una cultura de impunidad donde exhibir cadenas de oro, camionetas de lujo y armas en redes sociales se convierte en una forma de marcar territorio.
La política puede acompañar con respaldo y discursos, pero sin decisiones judiciales firmes y una estrategia integral, los mismos apellidos seguirán ocupando titulares. Y lo más grave: seguirán sembrando miedo en barrios y canchas.
Tucumán vive hoy un espejo de su historia reciente. Una historia de clanes, poder y violencia, que se resiste a desaparecer. La pregunta es si esta vez, con el trabajo conjunto de la policía, la justicia y un Estado decidido, se logrará quebrar el ciclo.
