El sector constructor, uno de los que más peso tiene en la economía argentina y de las que mayor cantidad de mano de obra emplea, se encontró, a un año y medio del cambio de Gobierno, en medio de una encerrona entre una obra pública recortada, altos costos en dólares para los proyectos privados pero con una vía de escape: el avance de privatizaciones y concesiones de infraestructura.
En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), aseguran que la decisión del Gobierno nacional de desprenderse de la operación y financiamiento de corredores viales asoma como una de las pocas oportunidades para que el sector pueda sostener el nivel de actividad. “La infraestructura debe ser una prioridad para el Estado”, aseguró el presidente de Camarco Gustavo Weiss en su discurso de apertura.
La poda presupuestaria en la obra pública es una de las columnas sobre las que se apoya el plan fiscal oficial y en Camarco ya conviven con esa certeza como parte del ecosistema en el que deben buscar oportunidades de negocios. Para el caso de la construcción privada, la apreciación cambiaria tampoco ayudó.
De acuerdo al presidente de la entidad, la obra pública de provincias centrales como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, “están con ejecución importante con fondos propios”, algo que se replica en municipios grandes. En el sector privado, “la mitad de la obra grande, fundamentalmente gas y petróleo, está muy demandada”. En cambio, “el resto (vivienda individual o edificios) tiene un grave problema de costos medidos en dólares”.
Con un valor estimado de “1.300 dólares el metro cuadrado” (era de unos 700 u 800 dólares hace un año), los desarrollos privados “no cierran porque el precio de venta no convalida el costo”. El sector no está parado, “pero no tiene actividad”.
Concesiones: la apuesta con cautela de los constructores
El Gobierno anunció este martes el llamado a licitación para las concesiones de dos tramos de corredores viales nacionales. Se abrirá un período para que las empresas evalúen los pliegos, hagan sus ofertas y eventualmente, sean adjudicadas. En el sector lo recibieron como una buena noticia.
Si se concretara, el sector privado así pasaría a hacerse cargo de la operación de esos tramos, requerirá una inversión inicial elevada -que Weiss calculó en nada menos que USD 100 millones solamente en reparaciones pendientes– y luego se recuperará la inversión mediante el cobro de peajes.
Se espera que los contratos sean de entre 20 y 30 años. Camarco aseguró que si bien se espera que los convenios incluyan cláusulas que actualicen el valor de los peajes para no afectar la ecuación financiera, también recuerdan que en otras épocas los contratos también los incluían y aún así fueron incumplidos por el Estado.
La tarifa máxima la fija el Gobierno, y el oferente debe realizar un análisis financiero junto con su banco para evaluar si “me presta y en qué condiciones”. “Hay que poner en el análisis la inversión para cumplir con el pliego del estado de la ruta y el costo financiero. Para recuperar esto necesito una tarifa. Esa tarifa tiene un tope. Si me cierra, me presento y sino, no”.
De manera general, sobre las obras de las que podrían participar los privados, Weiss comentó que “hay ciertas obras que son susceptibles de que con algún mecanismo los privados interactúen y los pague el usuario”. En ese sentido, mencionó que el Gobierno anunció la licitación de líneas de transmisión eléctrica en el AMBA, que se recuperará en el precio de la tarifa de luz. Sin embargo, aclaró que “hay muchas otras que no”.
Sobre los contratos vigentes, Weiss señaló que la mayoría está paralizada y con deuda acumulada desde 2023. “Originalmente, eran $400.000 millones, algo se pagó, pero también hay deuda nueva y de redeterminación de precios”. Además, dijo que hay muchos contratos de organismos que “están parados o ralentizados”.
Respecto a la inversión privada en infraestructura, Weiss señaló que los países que la tienen desarrollada requieren fondeo en el mercado de capitales, estabilidad y seguridad jurídica, condiciones que “Argentina hoy no reúne”. Añadió que incluso en esos países “la inversión privada no supera el 15%, el 85% es inversión pública en sus tres niveles”. También afirmó que “no hay rentabilidad para el sector privado en la mayoría de las obras” y que “hay pocos negocios que sean rentables”, concluyó. / Infobae
