Los acusados, mediante el uso de intimidación, le exigieron al damnificado como garantía de pago, la entrega de un vehículo.
Este jueves, la Justicia de Tucumán condenó a prisión condicional a dos prestamistas, acusados por usura agravada y deberán realizar tareas comunitarias
La Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, que dirige Diego Hevia, consiguió que se condenara a dos prestamistas (de 27 y de 37 años quienes se desempeñan como choferes de taxi). Siguiendo instrucciones del titular, la auxiliar de fiscal, Natalia María Carabajal, oralizó el acuerdo cuya pena es de tres años de prisión, de ejecución condicional más una multa de $300.000 ($150.000 cada uno) ante la Oficina de Acuerdos y Reglas de Conductas.
“En esta empresa criminal uno proporcionaba el dinero y el otro buscaba a las personas a quienes posteriormente se les cobraba los intereses o les exigían garantías, en este caso, la entrega de un vehículo”, expuso la investigadora. Finalmente, la jueza interviniente homologó el convenio arribado entre las partes, con conformidad de la víctima. Asimismo, la magistrada les ordenó realizar tareas comunitarias por el plazo de seis meses (tareas de limpieza y mantenimiento en comisarías cercanas a sus domicilios). Las reglas de conductas fijadas se extenderán por el término de tres años (entre ellas, fijar domicilio).
Según la teoría del caso, a mediados de julio del corriente año, el apodado “Walter” y su cómplice, previo acuerdo de voluntades y división de tareas, sin contar con autorización para operar como agentes financieros y (haciendo de esto una actividad habitual desde 2023), prestaron la suma de $1.000.000 al damnificado, aprovechándose de la necesidad económica del mismo. La función de “Walter” era captar gente y encargarse de los cobros mientras que su cómplice proveía del dinero a prestar. A su vez, durante los primeros días de agosto debido a que el damnificado no podía pagar los intereses del préstamo (con un interés del 50%), “Walter” mediante el uso de intimidación le exigió como garantía de pago de la deuda la entrega de un vehículo, obteniendo así una ventaja pecuniaria desproporcionada en relación al préstamo.
