Los concejales Canelada y Cobos, autores de la norma, cuestionaron la medida del Poder Ejecutivo Municipal.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron duramente el veto del Departamento Ejecutivo a la ordenanza que disponía la adhesión de San Miguel de Tucumán a la Ley Nacional N° 26.370, que regula la actividad del personal de admisión y permanencia en locales nocturnos.
“El municipio no puede desentenderse de la seguridad de quienes salen a disfrutar de la noche tucumana. Mientras se excusa en la falta de reglamentación provincial, deja desprotegida a la ciudadanía frente a situaciones que ya conocemos: violencia, discriminación, arbitrariedad”, afirmaron.
Ambos ediles remarcaron que la adhesión a la ley es una herramienta para ordenar y profesionalizar el trabajo de quienes custodian la noche. “No se trata de perseguir al sector privado, sino de garantizar que haya personal capacitado, registrado y controlado. Es un paso a favor de los derechos, no un obstáculo para los negocios”, señalaron.
También rechazaron el argumento presupuestario esgrimido por la Intendencia: “¿Cuánto cuesta una capacitación frente al costo de una golpiza o una tragedia evitable? Lo que no se regula, se desmadra”, indicaron.
“El veto es un retroceso que prioriza a los poderosos y desampara a los ciudadanos. La noche necesita reglas claras, y esta ordenanza iba en esa dirección. Nos vamos a poner del lado de la gente, de quienes merecen una nocturnidad segura, libre de abusos e impunidad”, concluyeron.
