El gobierno de Javier Milei impulsa un paquete de reformas estructurales que busca transformar áreas centrales de la economía y el sistema jurídico argentino. El paquete de propuestas fue presentado ayer en el marco de un evento de la Fundación Faro por parte de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, y el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manuel García-Mansilla. El plan incluye modificaciones en el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, la Ley de Sociedades, el régimen aduanero, la legislación sobre bancarrotas y cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Luego de las elecciones generales de octubre y del recambio legislativo de diciembre, la administración libertaria tiene dos grandes reformas estructurales en mente para impulsar en el Congreso: la tributaria y la laboral. Ambas pretenden ser revulsivos para dinamizar la economía, según esgrimen desde la Presidencia.
Aunque de segundo orden, la gestión nacional tiene una batería de medidas que vienen trabajándose desde hace meses o incluso el año pasado. Ibarzabal y García-Mansilla las enumeraron y detallaron en el marco de una charla especial de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y que tiene a Santiago Caputo como uno de sus principales impulsores. En rigor, la pluma legal de la Presidencia es una persona de estrechísima confianza del asesor; mientras que el exministro de la Corte fue elegido como uno de los dos postulantes (junto a Ariel Lijo) por recomendación suya.
En su exposición, García-Mansilla hablo sobre el equipo de trabajo que se conformó y que está trabajando en 15 proyectos de ley para reformar el Código Civil, Código Aduanero, Código de banca rota, Tributaria, de medios, Ley de Marcas, y el Consejo de la Magistratura, entre otros.
Entre las prioridades del Ejecutivo aparece la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre la que trabaja un equipo dirigido por el abogado Andrés Sánchez Herrero. Se proyecta revisar aproximadamente un 80% de sus artículos, con las metas de limitar la discrecionalidad judicial, reforzar la jerarquía normativa, ampliar la autonomía de la voluntad y dar mayor previsibilidad en la regulación de contratos.
“Se va a elevar la exigencia en cuanto a la fundamentación de las sentencias, para así minimizar el riesgo de decisiones arbitrarias o carente de fundamento lógico y jurídico. Se van a incorporar figuras en relación con la capacidad de ejercicio que amplíen la libertad de elección de la persona humana”, afirmó García-Mansilla, para agregar que se busca “un marco contractual más libre y seguro”.
También avanza el desarrollo de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a cargo del contador Gustavo Calviño. El objetivo central es instaurar un proceso de carácter adversarial, reduciendo la estructura inquisitiva e intervencionista, e incorporando la oralidad de modo selectivo para agilizar litigios y reducir la carga sobre los tribunales. “El objetivo de esta reforma en este punto es instaurar un proceso civil y comercial de carácter adversarial, que requiere un juez imparcial para todos los litigios vinculados a derechos privados, a través de reglas claras y foco en la seguridad jurídica. Se va a generar un marco de previsibilidad legal para atraer inversiones y crear fuentes genuinas de trabajo”, marcó García-Mansilla.
Otro de los avances es la preparación de una reforma de la Ley General de Sociedades, encabezada por el abogado Sebastián Balbín. La propuesta incluye la simplificación normativa, la desburocratización, la autonomía de los socios y la facilitación de inversiones. Busca instrumentos flexibles para constituir sociedades, consolidar emprendimientos y generar empleo formal. El régimen propuesto -marcaron- otorga preeminencia a la libertad de regulación interna y limita los controles estatales innecesarios, acompañando con la digitalización de trámites.
El paquete de reformas contempla también la modernización del Código Aduanero, cuya revisión integral está a cargo del abogado Horacio Alais, para digitalizar procedimientos y limitar la discrecionalidad administrativa, inspirado en modelos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Italia y Francia. La agenda suma también una reforma integral de la Ley de Concursos y Quiebras, en la que participan especialistas como Pablo Falabella, con la meta de establecer un sistema eficaz para la rehabilitación de empresas o su liquidación ordenada, basado en el “Chapter Eleven” estadounidense y las normas irlandesas.
En el ámbito de la propiedad intelectual, se destaca la inminente modificación de la Ley de Marcas y, a futuro, del régimen de derechos de autor, para simplificar trámites, incorporar inteligencia artificial y fortalecer el combate contra la piratería.
El exjuez de la Corte Suprema mencionó que está trabajando en la reforma del Consejo de la Magistratura. “El proyecto se propone restablecer el equilibrio en la integración del Consejo, conforme lo exige la Constitución Nacional en el artículo 114, y respetar el objetivo de despolitizar los mecanismos de nombramiento y remoción de jueces federales”, informó en primer lugar.
“La idea también es modernizar el sistema de selección de jueces, promover una mayor participación en los concursos a través de un sistema de evaluación más transparente y automático que evite la discrecionalidad, reforzar el cumplimiento de la función de control por parte del Consejo, una función importante, especialmente en materia de sanciones, en materia disciplinaria, para promover la ética judicial y ordenar el funcionamiento de los tribunales”, agregó. Esta forma parte de una de las cinco acciones judiciales que hablan los operadores del oficialismo para realizar cambios en el sistema judicial.
Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA que el Gobierno impulsará reformas laboral y tributaria, junto con incentivos para el ahorro en pesos. El mensaje, grabado desde Washington debido a su participación en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, fue proyectado en el evento que se realiza en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.
En relación a la reforma laboral, Caputo calificó el régimen actual como “arcaico, rígido, imprevisible” y señaló que esto dificulta la creación de empleo, especialmente para las pymes. “Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento”, expresó.
Sobre la reforma tributaria, el funcionario anticipó la eliminación y reducción de impuestos, la simplificación del régimen y la implementación de “importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”. Destacó que el desarrollo del mercado de capitales y el ahorro de largo plazo permitirán canalizar la inversión hacia el sector privado. Caputo pidió el acompañamiento del sector privado para avanzar hacia una economía abierta y subrayó el objetivo de transformar el país para los cuarenta y cinco millones de argentinos. Aseguró que el Gobierno trabajará “veinticuatro siete para realmente cumplir con ese sueño que compartimos todos los argentinos, que es que nuestro país vuelva a ser una potencia”.
