El Gobierno avanza en procesos licitatorios, ventas de terreno y reformas societarias de una veintena de empresas del Estado.
La administración de La Libertad Avanza busca acelerar los procesos de privatizaciones y, frente a esto, el Congreso de la Nación volvió a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, luego de 10 años sin funcionar, realizó los primeros pedidos de informes.
A la espera del recambio legislativo, la comisión que preside el saliente senador Juan Carlos Romero recibió las primeras respuestas del Ejecutivo respecto a los pedidos de información, y las consideró insuficientes.
“El jueves pasado llegaron los informes circunstanciales sobre AySA, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas e Intercargo”, explicó Romero. Por su parte, la vice de la comisión, la santacruceña Ana María Ianni, señaló que dejaban dudas las respuestas del Ejecutivo y que no respondió sobre si las empresas que ya se lanzaron los procesos “tienen acciones judiciales y si están entorpeciendo el proceso de transformación”.
“Nuestra intención es ampliar los pedidos de informes porque las respuestas no son suficientes y elevar hoy ese pedido de ampliación. Y a partir de esto trabajar sobre las 8 empresas a privatizar”, agregó.
Los legisladores hicieron referencia a que, además de las cinco empresas nombradas al comienzo, también se había pedido informes sobre Yacimientos Carboníferos Fiscales, la Compañía Inversora de Energía Eléctrica y, principalmente, Nucleoeléctrica. Esta última fue la que concentró buena parte de la conversación de la comisión que duró menos de 30 minutos.
La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano hizo referencia a que “Nucleoeléctrica fue expresamente quitado del listado de empresas a privatizar de la Ley Bases” y que ahora el Gobierno avanza en una reestructuración del capital accionario donde vendería el 44 % de las acciones.
Pero, además, hizo referencia a la “opacidad” con la que entiende que está llevando adelante los procesos el Ejecutivo y puso como ejemplo las centrales nucleares. “El tribunal de tasación que ya hizo dos tasaciones de las centrales Atucha fue expresamente quitado. Por una nota, el presidente del tribunal señala que no puede hacer una valuación y se le encomendó a un banco privado. Hay maniobras turbias para dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares. El tribunal de Tasación del Estado que ya hizo el trabajo dos veces cómo puede ser que ahora diga que no lo puede hacer una tercera vez”, se preguntó la diputada.
Esto fue avalado por el senador Romero quien señaló, en tono irónico, que si no se explicaba bien esta situación “se les va a hacer costumbre” a los miembros del Tribunal de Tasación no realizar las tasaciones.
Otro punto que centró la ampliación de los pedidos de información al Ejecutivo es que en las respuestas de los 5 informes enviados no hay referencia a quiénes serán los organismos de control. “No queda claro en las respuestas quién en el caso de Corredores Viales -que ya está en etapa de recibir ofertas- y en el de las empresas ferroviarias quién va a ser la autoridad reguladora, quién va a controlar el cumplimiento de los contratos”.
Respecto de aquellas que están en proceso de “transformación” de Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima, como es el caso del Banco Nación, los diputados y senadores de la Bicameral de Seguimiento pedirán que el Ejecutivo responda “qué van a hacer, por qué el cambio, si la intención es que operen en la bolsa como es el caso de YPF u otra medida”.
En línea con el parecer de las autoridades, los vocales ampliaron las preguntas de los informes enviados al Poder Ejecutivo y extendieron la consulta de información a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Talleres Navales Dársena Norte, Soluciones Satelitales, Radio Argentina, Ferrocarril Argentino, Fábrica Militar de Aviones, Administración de Puertos, Casa de la Moneda, Banco Nación, Playas Ferroviarias y Polo Tecnológico Constituyente.
