“Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente. Y cuando se recibía pollo o carne, era máximo 60 gramos, a veces el cogote o la carcaza de pollo. Y la carne era pura grasa o cartílago”.
Rubén C. estuvo detenido en el pabellón LGBT del módulo 5 del penal de Ezeiza durante tres años y salió el mes pasado. En ese tiempo que pasó privado de su libertad (condenado a seis años de prisión por “tenencia y consumo de marihuana”) presentó más de 10 habeas corpus a la Justicia por la pésima calidad de la comida que le servían a él y al resto de los aproximadamente 2.000 detenidos de esa cárcel de “máxima seguridad”.
“En varias oportunidades las comidas llegaban en mal estado o con algún ‘cuerpo extraño’ como clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas con las que se atan las hojas de acelga”, contó el hombre a Infobae, luego de que este medio revelara ayer el allanamiento ordenado por el juez federal Federico Villena a las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, por sospechas de connivencia en el negocio de la provisión de viandas dentro del penal.
Rubén C. no fue el único en presentar habeas corpus. La cantidad de reclamos a la Justicia fue tal desde 2016 -año en que el interno Diego Ariel Díaz denunció por primera vez- a esta parte, que Villena unificó todas las denuncias y armó una única causa que había terminado en 2024 con la prohibición a la empresa Food Rush S.A. de volver a brindar el servicio de catering al penal de Ezeiza.
Sin embargo, el mes pasado Villena reactivó el expediente al recibir otra catarata de habeas corpus que indicaban que la calidad de la comida seguía siendo denigrante.
Al retomar la investigación, el magistrado federal de Lomas de Zamora descubrió indicios que le permiten sospechar que la nueva empresa adjudicataria del servicio de viandas, Biolimp, es una pantalla para que siga operando Food Rush. Y que esto no podría no saberlo la autoridad máxima del penal de Ezeiza y, mucho menos, la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Federal.
Se trata de un negocio que maneja cifras millonarias. Según detallaron fuentes con acceso a la investigación, la empresa factura 17 mil pesos por cada plato que entrega. Y son tres por día, por persona, lo que, a razón de aproximadamente dos mil internos, da $102 millones diarios y 37.230.000.000 de pesos anuales. En dólares -con un cambio estimado en $1.500- se entiende mejor: 24.820.000 por año.
A pesar de que 17 mil pesos es lo que cuesta en promedio un menú ejecutivo en cualquier cantina de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se infiere que la calidad debería estar a la altura de la alimentación digna de un ser humano, no es lo que relatan los detenidos consultados por este medio.
Alguien contó que en una de las unidades de Ezeiza está rota la cocina y se usa el casino de suboficiales, que no cumple con las condiciones de higiene y bromatología debidas.
Otro aseguró que la mala provisión de comida obliga a que los presos compren los alimentos en la “cantina” del penal. Pero no todos tienen los recursos para hacerlo. Un preso le pasó a este medio el listado de precios: 1 kilo de cebolla cuesta $ 1.700; 1 maple, $16.000; un morrón, $ 4.100; 1 kilo de arroz, $3.000. “Muchos productos no entran con la visita, por eso los precios son altísimos”, cuenta.
Un sobrino de otro detenido contó a Infobae: “Esta semana, cuando le llevaron la comida a mi tío, uno de los celadores le dijo ‘Así como se la entrego tírela’”.
Este interno tiene problemas de salud cardiovascular y diabetes. La alimentación saludable, para personas con este tipo de patologías, es tan importante (o más) que la medicación y la actividad física; dos aspectos que, por cierto, también son limitados en Ezeiza, en el mejor de los casos.
“Medicamentos, la misma situación. Hoy por hoy se los estamos llevando nosotros porque, o no tienen, o te dan un génerico al que el organismo no esta acostumbrado. Sé de presos que por ejemplo tomando el medicamento de ‘cuidado’ de stents y se les han tapado las arterias por la calidad de los medicamentos que les dan en el penal”, contó.
Esta misma persona relató que esta semana vio con sus propios ojos que estaban repartiendo la comida en una ambulancia. “Para no hablar de la calidad del agua. Mi tío estuvo con diarrea los primeros diez días”, relató.
Rubén C. tiene infinidad de ejemplos para dar cuenta de la falta de humanidad que existe respecto de la alimentación en la cárcel de Ezeiza.
“El almuerzo siempre llega después de las 14. Dos veces a la semana, la comida llega comible, cerdo al horno con papas hervidas y pollo al horno con ensalada. Después, tres veces a la semana llega arroz con salsa roja, fideos con salsa roja y los miércoles llega una porción de pizza asquerosa con repollo cortado. Los sábados llevan lentejas con trocitos de carne”, detalló.
“Muchas veces a la semana teníamos diarrea o acidez y era una pelea con el médico conseguir medicación. Los fideos tienen olor a cucaracha”, agregó Rubén. Y más: “Una vez por semana era seguro que venían comidas descompuestas, ensaladas fermentadas o pollo color verdoso”.
Villena mismo probó las viandas. Y sufrió una intoxicación al otro día. Su investigación no sólo se centra en la calidad de los alimentos, sino también en el incumplimiento de las dietas prescriptas por cuestiones de salud. Como si al Servicio Penitenciario Federal o a los jueces de ejecución de la pena no les importara si los condenados se mueren como consecuencia de esto.
Por orden del juez de Lomas, la ANMAT analizó las viandas que se secuestraron en el marco de la causa y el organismo del Estado determinó que no se cumplen con las especificaciones del Código Alimentario Argentino y no son aptas para el consumo humano porque superan los máximos admitidos para el recuento de la bacteria Escherichia coli.
“Su presencia en alimentos sugiere una falta general de higiene en el manejo de los mismos o un almacenamiento inadecuado. La contaminación del alimento puede ser atribuible a utensilios de cocina, superficies, manos de manipuladores o contaminación cruzada por contacto con otros alimentos contaminados”, dice uno de los varios informes de ANMAT realizados en marzo, mayo, agosto y diciembre de 2023 a los que tuvo acceso este medio, e incorporados al expediente.
También se detectó la presencia de Listeria monocytogenes y de Bacillus cereus, bacterias que también impiden el consumo humano. Por ejemplo, la Escherichia coli se encontró en mayo de 2023 en viandas con pollo y legumbres.
Rubén C. cuenta que “jamás nos entregaban la comida cuando en el penal estaba la gente de la Procuración Penitenciaria” y que las empezaban a distribuir “cuando ellos se iban”. Esto implicaría un conocimiento de parte del SPF de que la calidad de la vianda es mala.
“Siempre que iba un juez o alguna entidad repartían las mejores comidas, una pata de pollo y muslo enteros con arroz blanco o un bife de carne con tomate y lechuga. Pero al día siguiente era lo mismo. En algunos pabellones no podían denunciar porque los enviaban a alguna cárcel lejos de su familia, como las de Rawson o Senillosa”, enumeró Rubén.
Y agregó: “El SPF hacía arreglo con algunos detenidos, les conseguían trabajo o algún beneficio a cambio de no denunciar”.
Tras el fallo de Villena que le prohibía a Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. operar en la cárcel de Ezeiza, el 22 de agosto del año pasado el Servicio Penitenciario reemplazó de manera transitoria el servicio por el de Biolimp Soluciones de Calidad S.A.
Pero no tardaron en llegar nuevos habeas corpus que denunciaban que la comida era igual de pésima que con el servicio anterior, por lo cual Villena reabrió el expediente y ordenó nuevas inspecciones que le permitieron descubrir un vínculo entre ambas empresas: por ejemplo, que Biolimp usaba camiones pertenecientes a Food Rush que llevaban un ploteo de la firma Q-Chef encima de las de Food Rush observables a simple vista.
Villena detectó, además, que uno de los vehículos tiene una medida de inhibición dispuesta por una fiscalía de La Pampa.
Ambas compañías, Food Rush y Biolimp, además, comparten los mismos empleados. Y el domicilio de Q-Chef es el mismo que el de Biolimp, en la localidad de Dock Sud, Avellaneda. También, en otra de las direcciones fiscales de esta firma funciona una financiera.
Por eso el magistrado requirió nuevamente la intervención de ANMAT y otra vez el resultado de los análisis concluyó en que la comida no era apta para consumo humano.
El viernes pasado, 26 de diciembre, se iba a llevar la licitación para confirmar la empresa que brindará el servicio los próximos años. Aunque Food Rush no podía participar, se presentó. También lo hicieron Biolimp y otras tres compañías sin antecedentes en el rubro, lo cual las dejó afuera de la supuesta compulsa.
Villena entonces ordenó allanamientos en todas las empresas para ese mismo viernes a las 11.30 y también en las oficinas del Servicio Penitenciario Federal, incluida la de su director Fernando Martínez, nombrado en 2024 por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El juez pidió secuestrar los celulares de los empresarios y los responsables del penal de Ezeiza, incluido Martínez. Lo curioso es que el director del SPF llegó con aparato viejo. Cuando los oficiales de la Policía de la Ciudad, que habían ido por orden de Villena, se dieron cuenta, el funcionario adujo que lo había “perdido”.
El magistrado revisó el impacto de las antenas de telefonía celular y descubrió que el “extravío” se había dado apenas una hora antes del allanamiento.
La situación se puso extremadamente tensa en la oficina del director del SPF. El juez hasta pensó en detenerlo, pero luego eligió no generar un desastre institucional mayor.
Martínez, que llegó ese día a la oficina en una Toyota Hilux gris a nombre de Enrique Antequera, uno de los “reyes” de La Salada, profugado de la Justicia, no quedó bien parado. ¿Alguien le avisó del allanamiento? ¿Qué tiene para ocultar Martínez en su teléfono que prefirió deshacerse de este?
Más pronto que tarde en la Justicia creen que se sabrá. Los investigadores cuentan con los teléfonos de los empresarios y los otros funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.
“Es una mafia interna enquistada hace muchos años. Villena se está metiendo en la boca del lobo. Todo lo maneja el Servicio”, contó una fuente que transita los pasillos de Tribunales de Lomas de Zamora y agregó: “Es preocupante el desafío a la justicia que tuvo Martínez. Como funcionario del Estado, si el juez te pide el celular se lo tenés que entregar. Es causal para detenerlo. Fue prudente en no detenerlo Villena, porque era un escándalo”.
