Luego de la reunión de mesa política, el Gobierno Nacional diseña los planes para avanzar en la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil y tiene en mente la idea de consensuar el proyecto con los sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares para obtener los consensos necesarios que les permita su aprobación. Pese a haberla incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada debaten los plazos de su tratamiento y mientras hay quienes anticiparon a Infobae que podría quedar relegado para el año legislativo que iniciará el 1° de marzo, otros se mostraron dispuestos a aprobarlo este verano.
En el oficialismo están abiertos a articular y consensuar con la oposición que presentó normativas sobre el tema para sintetizar en un único proyecto, con base en el ya presentado, que garantice los respaldos para su sanción. Algo similar hicieron en agosto de 2024, cuando trataron el tema en Diputados, específicamente en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En aquel entonces hubo debate de los bloques, se presentó una síntesis y se dio lugar a reuniones con técnicos y especialistas, lo que derivó en el proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025.
“Hay varios proyectos presentados. La idea es unificar y buscar consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos generar los consensos”, explicó a este medio una importante fuente involucrada.
Lo cierto es que, si bien la administración libertaria aspira a que la reducción de la edad de imputabilidad sea a 13 años, están al tanto de que el consenso obtenido estableció que sea a partir de los 14, por lo que no descartan abrir el debate respecto de los detalles con los aliados. “La intención del Gobierno siempre fue 13, pero el consenso que se consiguió en comisión durante 2025 es que sea 14″, admitó una fuente del Gabinete a este medio.
La determinación de incluir la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias fue adoptada esta mañana por la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta mañana bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún hay debates al interior del reducido equipo legislativo que sabe que el tratamiento demandará más tiempo del establecido para la prórroga de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mes.
El Ejecutivo espera iniciar febrero con el tratamiento de la reforma laboral, prevista para el 12 en Senadores en paralelo al debate en la Cámara Baja por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para trabajar proyectos cruzados y optimizar los tiempos. En el mejor de los escenarios, una vez que los proyectos continúen su curso, podría darse inicio a la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.
“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos. Quizás se empieza a tratar ahora y se continúa en extraordinarias. Hay que ver, pero lo cierto es que con los feriados de Carnaval hay pocos días”, explicó una importante fuente del ecosistema libertario.
Una tercera voz al respecto, también integrante de la reducida mesa, explicó a Infobae que Diputados podría dar lugar inicialmente al tratamiento para optimizar la tarea y confesó que la posibilidad de continuar durante el período ordinario está bajo análisis. “La idea es iniciar en Diputados, dado que casi todo lo enviado ingresa por Senado, por lo que podríamos llegar. En el peor de los caso, se terminará de tratar en marzo. No importa”, confesaron a este medio.
El tema volvió a instalarse en la agenda mediática en los últimos días a raíz del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Desde el corazón de la mesa chica, motorizaron la posibilidad de avanzar con el legislativo para dar lugar a la discusión que impulsó Patricia Bullrich, en traje de ministra de Seguridad, y que comprometió al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en articulación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.
El proyecto que apuntaba a reemplazar la Ley de Minoridad, vigente desde 1980, propone establecer también un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, con el objetivo de adecuar la normativa argentina a los estándares regionales. “En Brasil, está establecido a los 12 años y en Uruguay a los 13″, argumentó una fuente legislativa.
En paralelo, también hay planes de concluir con la reescritura de la reforma del Código Penal, cuyo debate se postergará para marzo con intención de tratarla con tiempo. En el oficialismo aclaran que el envío del proyecto que aún debe definirse, pero que reducirá la edad de imputabilidad, irá por fuera de las modificaciones dado que se trata de regímenes diferentes.
Con respecto a los cambios penales, en una primera instancia, la idea del mandatario era aprobarla en febrero, pero con las miras puestas en concentrar esfuerzos para sancionar la reforma laboral, el Poder Ejecutivo pospuso su tratamiento para el año legislativo que iniciará a partir del 1° de marzo.
