En la Casa Rosada y, en particular, en el Ministerio de Capital Humano, las últimas marchas protagonizadas por organizaciones piqueteras de izquierda —como el Polo Obrero— y por los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fueron leídas como un “rotundo triunfo” del gobierno de Javier Milei. “Fueron movilizaciones desnutridas; les quitamos el financiamiento, el poder de extorsión y los quebramos”, se felicitan en despachos oficiales, donde completan el diagnóstico con otra afirmación: “Ahora se pelean entre ellos y en municipios K”.
La referencia apunta a los episodios de violencia registrados el lunes y martes en Quilmes y Lanús, protagonizados, en el primer caso, por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado por el diputado nacional Juan Grabois; y, en el segundo, por integrantes del Movimiento Evita —liderado por Emilio Pérsico— y de Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, funcionario del gobernador Axel Kicillof. Ambos municipios están ubicados en la zona sur del conurbano bonaerense. Las tres organizaciones, junto a otras, integran la UTEP.
Los funcionarios libertarios que hablaron con Infobae recordaron las “amenaza” que profirieron los dirigentes de la UTEP y desafían: “¿Y… dónde quedó el diciembre caliente que nos iban a hacer pasar?.”
Para ministros, secretarios y subsecretarios que integran el gabinete nacional, “los gerentes de la pobreza ya fueron, los quebramos”. Como artífices de ese supuesto logro mencionan a la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
A Bullrich le adjudican la implementación del protocolo antipiquetes y los megaoperativos coordinados por las fuerzas federales para contener las protestas callejeras.
A Pettovello, en tanto, le atribuyen haberles quitado a los movimientos sociales y piqueteros la tercerización de los alimentos destinados a los comedores comunitarios, “con los que extorsionaban a los más vulnerables para obligarlos a asistir a las marchas”, según la interpretación que realizan en Balcarce 50.
En ese esquema, la habilitación de la línea 134 por parte del Ministerio de Seguridad para denunciar presuntas coacciones por parte de dirigentes piqueteros y organizaciones sociales también aparece como una pieza clave del engranaje para “desarticular” el supuesto entramado extorsivo que, según el Gobierno, se sostenía a partir de subsidios, alimentos y planes sociales, como el ex programa Potenciar Trabajo.
Por estos hechos se encuentra procesada y a la espera del juicio oral la plana mayor del Polo Obrero, encabezada por su líder indiscutido, Eduardo Belliboni.
Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, también tiene abiertas varias causas judiciales. Una de ellas fue presentada por las actuales autoridades nacionales por presunto fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante su paso por la Secretaría de Economía Social. Hasta el momento, no fue procesado ni llamado a declaración indagatoria en ninguna de esas investigaciones.
De todos modos, en los pasillos del poder interpretan que ese frente judicial explica el perfil bajísimo que mantiene Pérsico desde los primeros meses de Milei en la Presidencia. Pérsico, además, fue integrante del grupo guerrillero Montoneros.
En una entrevista en Radio Con Vos, al ser consultado sobre la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza, Pérsico respondió que solo una minoría de los trabajadores está formalmente registrada con derechos y que la reforma está pensada para ese grupo reducido. “¿Por qué preocuparnos por la minoría de la clase trabajadora?”, planteó. E insistió en que la verdadera discusión debería centrarse en cómo garantizar derechos a los millones de trabajadores informales o de la economía social, y no únicamente en cambios que afectan a un sector minoritario.
Protestas en municipios K
Desde la UTEP, la lectura es bien distinta. Sus referentes aseguran que con la movilización del 18 de diciembre a Plaza de Mayo contra la reforma laboral “se cumplieron los objetivos planificados”. Según esa mirada, el propósito era “frenar el tratamiento”, y sostienen que “la estrategia de lucha gremial y presión social en las calles sirvió”. “Fue una movilización en todos los puntos de la Argentina. La estrategia de hablar con gobernadores y senadores funcionó. De ahora en más se planificarán las próximas acciones de cara a la batalla que vendrá en febrero”, anticipan.
En la Casa Rosada, en cambio, interpretan que los incidentes en Quilmes y Lanús, impulsados por cooperativas de movimientos sociales que responden al MTE, al Movimiento Evita y a Barrios de Pie, son la expresión de una interna feroz dentro del kirchnerismo y entre las propias organizaciones populares.
El razonamiento oficial es lineal: Juan Grabois, dirigente político y social cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se enfrentó en Quilmes a la camporista Mayra Mendoza, ex intendenta del distrito y actual diputada provincial; y en Lanús al también intendente camporista Julián Álvarez. Según esta lectura, los desmanes se produjeron por negocios que, afirman, les habían prometido a cooperativas de trabajo vinculadas a Grabois.
Dentro de los movimientos sociales que integran la UTEP, las pertenencias no son lineales. En los incidentes de Quilmes, frente al Palacio Municipal, sí actuaron militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El MTE fue fundado por Grabois, aunque actualmente no ocupa cargos en la organización. El diputado nacional y excandidato presidencial de Unión por la Patria también fue uno de los promotores de la UTEP.
El propio Grabois mantuvo una esgrima verbal con la dirigente de La Cámpora por una ordenanza que finalmente fue aprobada en el Concejo Deliberante de Quilmes. La norma regula el sistema de estacionamiento medido, busca desarmar el esquema actual de los “trapitos” y habilita una licitación para ordenar el nuevo sistema de trabajo.
Desde el Ejecutivo municipal, ahora a cargo de Eva Mieri —en reemplazo de Mendoza, quien pidió licencia para asumir su banca como diputada provincial—, interpretaron que la protesta se originó porque el sector de Grabois reclama “una adjudicación directa en beneficio del MTE” y pretende que “una cooperativa sea la que se encargue de ese trabajo directamente”. “Eso no va a pasar”, afirmaron, y agregaron: “Nosotros llamamos a una licitación pública y cualquiera puede presentarse”.
“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la (Policía) bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, escribió Grabois en sus redes sociales. Y continuó: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”.
Grabois hacía referencia al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del peronismo bonaerense referenciado en el gobernador Axel Kicillof, que comenzó a mencionarse con más fuerza como corriente interna diferenciada dentro del oficialismo y en tensión con La Cámpora.
En cambio, los incidentes registrados en Lanús, donde fue incendiado el árbol de Navidad que adornaba el Palacio Municipal, estuvieron encabezados por integrantes de cooperativas vinculadas a Barrios de Pie y al Movimiento Evita, dos organizaciones que también integran la UTEP pero que no están relacionadas con Grabois. El líder de Barrios de Pie es Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires e integrante del espacio político de Kicillof.
En este caso, integrantes de varias cooperativas ligadas al Movimiento Evita, a Barrios de Pie y al MST reclamaron al intendente Julián Álvarez una mejora en los ingresos de los cooperativistas que realizan tareas de barrido en el distrito. Desde el municipio interpretaron que el piquete incendiario tuvo una clara “intencionalidad política” y que no se trató de “un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”.
Ayer, a poco de conocerse el violento conflicto en ese distrito, el Movimiento de Trabajadores Excluidos fijó posición y se desligó de los incidentes: “Ante las notas falsas que circulan, queremos aclarar que desde el MTE no estamos participando de la movilización en Lanús. Respetamos el reclamo que llevan adelante otros compañeros de la UTEP, pero las cooperativas que integran nuestro movimiento no son parte de esa acción», escribieron en sus redes sociales.
Ante Infobae, dirigentes de la UTEP reconocieron que en el piquete con quema de gomas frente a la intendencia participaron integrantes de cooperativas del Movimiento Evita y de Barrios de Pie. Y aseguraron que se trató de “un reclamo genuino por salarios dignos, un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo”.
Ambas protestas se desarrollan en un contexto de fuerte interna dentro del peronismo bonaerense, con intendentes que buscan desplazar a Máximo Kirchner de la conducción del PJ provincial y en medio de la convalecencia de Cristina Fernández de Kirchner, recientemente operada de apendicitis. Mientras tanto, los municipios gobernados por La Cámpora acumulan tensiones en el cierre del año.
En los despachos que ocupan los funcionarios de La Libertad Avanza se frotan las manos. Tal vez de manera apresurada, interpretan que los incidentes forman parte de la “descomposición” de los grupos piqueteros, tanto de izquierda como peronistas, y concluyen con una reflexión cargada de satisfacción: “El diciembre caliente no lo tenemos nosotros, sino las intendencias kirchneristas”.
