El día después del descarrilamiento del tren Sarmiento en las inmediaciones de la estación Liniers, que dejó el saldo de más de 20 heridos, el Gobierno asegura que se trata de una consecuencia de “20 años de desinversión” y da lugar a una investigación interna a través de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) para determinar en detalle lo sucedido.
El descarrilamiento de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once y que dejó 20 heridos, diez de ellos con politraumatismos, refuerza además la idea de la administración de avanzar en la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOF)
“La Junta de Seguridad en el Transporte está investigando. También la justicia. El problema es histórico, los trenes y las vías están en mal estado desde hace años”, sintetizó a Infobae un importante funcionario.
El accidente dio lugar a la apertura de una causa judicial, que incluyó la realización de exámenes toxicológicos al conductor de la formación. El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, inició el expediente por “interrupción a los medios de transporte” tras la intervención de la Policía Federal.
En paralelo, la JST, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, lleva adelante el debido proceso de investigación que concluirá con un análisis del suceso para determinar los hechos y supervisar las medidas de seguridad operacional implementadas. Según supo Infobae, los resultados de la investigación serán aportados a la Justicia y evaluados internamente.
“El accidente no tiene que pasar y se hace todo lo posible para que no suceda. Fue raro, se dio en un cambio de señalización en plena modernización del sistema y pasó esto por una situación de incompatibilidad”, admitieron a Infobae por los pasillos de Balcarce 50, y añadieron: “Hoy estamos ante un sistema hibrido entre lo viejo y lo nuevo. Los sindicalistas dicen que hay que modernizar el sistema, pero sale fortunas”.
Si bien el presidente Javier Milei pregona la idea de avanzar con la privatización del servicio, no está en los planes de la administración hacerlo en el mediano y largo plazo. La compañía que gestiona las líneas urbanas (como el Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento), regionales y de larga distancia debe encarar un extenso proceso de “acomodamiento” para facilitar “el interés” de los privados. Para eso, aspiran a actualizar el nivel de las tarifas y a reducir la dotación de la compañía.
Tras una nueva falla ferroviaria que se suma al choque del Tren San Martin del año pasado, en Casa Rosada evitan hablar de un déficit de gestión y contraponen que el accidente surgió como consecuencia del deterioro del sistema, que se encuentra en estado de emergencia desde el 12 de junio del año 2024. “No es un tema de gestión sino de 20 años de desinversión”, aclararon a Infobae desde la mesa chica del presidente Javier Milei, y añadieron: “Siempre el mercado resuelve los problemas”.
“Tuvimos muchos años de gobiernos peronistas que no han invertido un centavo en las vías. El sistema está destruido y no hay plata para sostenerlo”, remarcó una importante fuente, y sumó: “Mientras hay 30 mil empleados. Algo no está funcionando. Debe venir un privado a hacer las obras que hacen falta y a mantener las vías porque los que dicen sostener el sistema ferroviario no han invertido. La idea de privatizar está”.
Horas después del episodio, con el servicio normalizado, desde Trenes Argentinos aclararon a través de un comunicado que el hecho se produjo durante un cambio de vías, y que ante el descalce, el tren frenó “a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”.
A través del decreto 525/2024, el Poder Ejecutivo anunció el plan de emergencia ferroviaria por dos años en base a la evaluación de desempeño del año 2023, realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que evidenció “la delicada situación” y detectó un elevado porcentaje de descarrilamientos en el transporte ferroviario de cargas por el estado de la infraestructura.
El diagnóstico admitía “deficiencias estructurales en la infraestructura y material rodante”, y preveía un trabajo coordinado entre la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) para ejecutar un plan de obras.
Desde la secretaria de Transporte que lidera Luis Pierrini revelaron a este medio que desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria, el área desembolsó 530 mil millones de pesos en obras “de carácter urgentes y prioritarias” que integran las 226 contempladas en el Plan de Acción de Emergencia Ferroviaria. “Dentro de las erogaciones, el 37% de dicho monto fue dirigido a obras de vías (casi 200 mil millones); el 40% se destinó a la compra de repuestos ferroviarios y reparación de material rodante, luego de 9 años que no se hacía nada de este estilo; el 16% a la inversión en señalamiento ferroviario; entre otras”, especificaron además.
