La República Argentina no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se trata de una decisión movilizada desde la Casa Rosada y, particularmente, del presidente Javier Milei de vaciar la representación en agencias multilaterales de las cuales no considera preciso integrar.
El organismo intergubernamental se dedica a promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial, abordando violaciones y haciendo recomendaciones ante la postura de cada uno de los países. En tanto, la decisión de no presentar la postulación de la Argentina se tomó meses atrás. Incluso, era una decisión que ya era desprendida de manera extraoficial por los mismos funcionarios del entorno presidencial.
Aunque el Gobierno no lo había anunciado mediante vías oficiales, la información se conoció primero por un informe de Amnistía Internacional. “Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”, denunció la ONG.
Finalmente, tres fuentes del Gobierno argentino confirmaron la decisión de no postular al país en el Consejo. Tal y como comunicó Clarín, la decisión fue girada primero al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, quien luego le girará la responsabilidad a Carlos Foradori, quien es su par en Ginebra, donde se ubica la sede central del organismo.
En los hechos, las primeras versiones surgieron en febrero de este año, durante el desarrollo de una sesión especial del Consejo a la que se había convocado para abordar las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo en Congo, con más de 3000 muertos en 15 días producto de un violento conflicto armado. En ese contexto, los altos mandos de Cancillería le bajaron línea a la Misión de Buenos Aires presente en Ginebra de no anotarse para participar de ese foro.
Días antes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un decreto para retirar a su país de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos. La medida fue replicada después por Israel, que lo acusó de “propagar antisemitismo” a través de las diferentes advertencias hechas por el organismo por la ofensiva de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. La cifra de muertos tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado el umbral de 63.500, según indicaron autoridades del Ministerio de Sanidad gazatí.
El último informe publicado por el Consejo y dedicado exclusivamente al caso argentino responde a la “preocupación por el nombramiento temporal de dos jueces de la Corte Suprema mediante decreto presidencial, evitando el proceso de aprobación del Senado”. “El Ejecutivo no está por encima de la ley”, esgrimió Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, en esa comunicación, en la que se agregó la circunstancia de que “con esos dos nombramientos la Corte Suprema pasará a funcionar sin ninguna jueza”. En la Casa Rosada catalogaron este mensaje como una injerencia de las decisiones políticas del Ejecutivo.
En septiembre del año pasado, Milei pronunció un discurso muy crítico hacia las Naciones Unidas cuando le tocó disertar en la apertura de la 79° Asamblea General realizada en Nueva York. En esa ocasión sostuvo que el organismo se había transformado en un “leviatán de múltiples tentáculos” que imponía una agenda ideológica a sus países miembros, como la llamada “Agenda 2030″, y había adelantado que Argentina abandonará la “posición histórica de neutralidad” para estar a la vanguardia “de la lucha en defensa de la libertad”.
El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 Estados miembros que son elegidos directa e individualmente por la mayoría de los 193 Estados de la Asamblea General de la ONU. Las elecciones se celebran cada año. Los escaños se distribuyen equitativamente entre los cinco grupos regionales de la ONU, y cada año se renueva un tercio de los miembros. Cada miembro tiene un mandato de tres años. Su mandato está limitado a dos mandatos consecutivos. Como una muestra de ello, hasta diciembre de 2022, 123 de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas habían sido miembros del Consejo.
Argentina tiene un prestigio notable dentro de esa agencia de la ONU, construido fundamentalmente por las acciones posteriores a la última dictadura militar a través del proceso de memoria, verdad y justicia; las posturas por derechos civiles y sociales como el matrimonio igualitario y el repudio a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
Esta misma política se tomó con diversos foros multilaterales: los casos van desde desinversión en las comitivas que van rumbo a las sesiones hasta determinaciones más extremas. La más resonante fue el anuncio de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual podría concretarse en febrero de 2026. Sobre este asunto pesa una discusión jurídica sobre si esa disposición del Gobierno argentino es suficiente, aunque desde la Casa Rosada responden que si no pueden hacerlo por la vía legal lo harán materialmente vaciando la representación nacional en los foros.
La decisión de retirar a Argentina de la OMS viene acompañada de una política en igual sentido impulsada por la administración de Donald Trump. Ambos países ratificaron ese rumbo en una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., en el que se expresó que “el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de la OMS reveló serias deficiencias estructurales y operativas que socavaron la confianza global y pusieron en evidencia la necesidad urgente de un liderazgo independiente y basado en la ciencia en materia de salud global”.
