El Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido (DWP, por sus siglas en inglés) ha provocado una fuerte reacción en la ciudadanía inglesa por su decisión de implementar un nuevo sistema de verificación para evitar el fraude en las prestaciones sociales. Varios colectivos sociales, sindicatos y organizaciones de pensionistas han criticado la medida, que permitirá al organismo público acceder a los movimientos las cuentas bancarias de los jubilados con bajos ingresos para comprobar que no haya errores en el cálculo de la cuantía que cobran.
La administración ha asegurado que existe un número relevante de pagos indebidos en el Pension Credit, el Universal Credit y el Employment and Support Allowance y busca poner fin a esta situación aumentado el nivel de vigilancia sobre los cobradores de las pensiones, pero podría extenderse a otras ayudas en un futuro con la aprobación del Parlamento de Reino Unido.
Aunque el DWP defiende el nuevo sistema como forma de evitar el elevado coste que suponen para las arcas públicas esta situación, varias asociaciones se han mostrado preocupadas por el impacto que tendrá sobre algunas personas, al mismo tiempo que han puesto en cuestión la eficacia de la medida. La organización benéfica Age UK señala en un comunicado que “el problema no es solo el control en sí, sino las altas tasas de error en el sistema y el efecto desproporcionado que puede tener sobre personas vulnerables”.
Más vigilancia sobre las rentas bajas
El departamento oficial ha explicado que el nuevo método de verificación se basará en un análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de los pensionistas para asegurarse de que estos cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos y no estén recibiendo una cuantía que no les corresponda. Si se detecta alguna incongruencia, esta información podrá utilizarse también para determinar el acceso del pensionista a otras ayudas, como pueden ser las de vivienda.
El Gobierno británico ha asegurado que la supervisión humana será una parte central del proceso de análisis, pero estas declaraciones no han tranquilizado a sindicatos y otras organizaciones, que critican el fuerte impacto que puede tener sobre las personas mayores con las rentas más bajas facilitar la retirada o reducción de prestaciones para los pensionistas en situaciones de precariedad.
Crisis de privacidad
Varios grupos activistas por los derechos de las personas mayores, así como las personas con discapacidades o necesidades especiales, señalan que la implementación del nuevo sistema será “un gran golpe” para la privacidad en el Reino Unido, ya que permitirá al Gobierno acceder a información personal de los pensionistas a la que previamente no tenía acceso. Liz Kendall, secretaria de Estado de Trabajo y Pensiones, describió la decisión como una “intrusión en la privacidad de la nación con consecuencias potencialmente punitivas para individuos vulnerables”.
Además, diferentes colectivos han mostrado preocupación por la automatización o posible uso de inteligencia artificial en estos procesos, aunque el DWP ha asegurado que no se implementarán este tipo de herramientas para este trámite en concreto. De hecho, el Ejecutivo ha hecho hincapié en que las capacidades de la administración se limitarán a poder solicitar al banco información del pensionista y, en caso de que se detecten hechos sospechosos, asignar a un trabajador para que analice la situación.
