El juez federal Sebastián Casanello dispuso elevar a juicio oral la causa que investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a más de una docena de otros dirigentes sociales, por el presunto desvío de fondos destinados a la asistencia social y la supuesta extorsión tanto a los beneficiarios del exPotenciar Trabajo y como a aquellos que aspiraban a obtener dicha protección.
La causa comenzó a construirse en diciembre de 2023 a partir de una serie de denuncias realizadas en una línea telefónica que habilitó para esos fines el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
El juez Casanello delegó la investigación del caso en el fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que, entre junio de 2020 y marzo de 2024, existió una “matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” que habría defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”.
Por un lado, se investigó el desvío de los fondos asignados mediante convenios a talleres y emprendimientos sociales. Esa operatoria incluyó la presentación de facturas truchas –como justificaciones ante el Estado de los gastos– emitidas por presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA..
Además, se investigó la utilización del extinto programa social Potenciar Trabajo como un sistema de premios y castigos que los dirigentes implicados repartían según se asistiera o no a las movilizaciones callejeras impulsadas por la agrupación. En los allanamientos a comedores y cooperativas del movimiento, ordenados al inicio de la investigación, se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice “sanciones”.
“Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo”, dijo uno de los 7 testigos que declararon en la causa. “A todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino”, sumó.
También forman parte de la prueba numerosas conversaciones vía chat que los referentes mantuvieron entre ellos o con el grupo de beneficiarios a su cargo. “Hola compañer@s paso a recordarles que mañana estaré cobrando las cápitas de potenciar de 8:30 a 14:30″, dice uno de los muchos mensajes que darían cuenta de las extorsiones. “Mañana estaré recibiendo sus aportes de POTENCIAL TRABAJO a partir de las 10:00 am”, dice otro de ellos.
También hubo tres “arrepentidos” que cerraron acuerdos con la fiscalía. Habían sido delegados y dieron fe respecto a la “cápitas” -así llaman al mecanismo de recaudación- y el control de asistencia a las marchas.
Además de Belliboni, serán juzgados: María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coego. También Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia que pertenecen a la agrupación Barrios de Pie.
Los procesamientos de todos ellos fueron dictados el año pasado por el juez Casanello en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal porteña, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero: al delito de administración fraudulenta que ya pesaba sobre ellos, le sumó el de amenazas coactivas y extorsión. Fue en línea con lo que solicitaron Pollicita –que apeló la resolución de Casanello– y el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe.
“Se verificó -dice el fallo de la Cámara- que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”.
“El caso más paradigmático –remarcaron los jueces de la Cámara– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020″
