La Legislatura porteña aprobó en la mañana de este viernes, y en medio de una sesión maratónica, la creación de un Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad, ley que tuvo el respaldo de los principales bloques políticos. De esta forma, la CABA no utilizará más el Servicio Penitenciario Federal y, una vez puesto en funcionamiento, podría tener un impacto directo en la situación de los más de 2.000 presos actualmente alojados en comisarías y alcaidías.
El proyecto establece la creación de un organismo civil, desconcentrado y especializado, que funcionará como auxiliar del Poder Judicial y dependerá del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Su misión será la custodia, guarda, trato y tratamiento de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios bajo su órbita, así como la atención de quienes cumplan penas no privativas de libertad o medidas alternativas dispuestas por la Justicia porteña.
Según el texto aprobado, la Agencia contará con una Dirección General, una Subdirección General y varias direcciones específicas: Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. Esta estructura busca complementar las tareas de custodia con un abordaje integral del Plan de Vida y programas de asistencia, educación y trabajo para los internos.
La gestión estará a cargo de personal civil, con dos cuerpos diferenciados: Agentes de Seguridad Penitenciaria, como fuerza civil armada enfocada en seguridad y custodia. Desde el gobierno porteño señalaron a Infobae que estos agentes tendrán formación del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), con foco en gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza; por otro lado, están los Agentes de Reintegración Social, integrados por profesionales y técnicos dedicados al tratamiento progresivo, educación, salud mental y vínculos familiares de las personas privadas de libertad.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación del Plan de Vida, que implica compromisos y objetivos acordados con los detenidos para facilitar su reinserción social, con acceso a educación, salud, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario. Además, se crean dos órganos de control: una oficina de Transparencia y Control Externo, orientada a la prevención de la corrupción, y una Defensoría del Personal, con autonomía funcional para la defensa de los derechos humanos y garantías del personal de la Agencia. El control legislativo estará a cargo de una Comisión Especial de Seguimiento integrada por los presidentes de las comisiones que participaron en el debate.
¿Qué implica este proyecto para los detenidos porteños? “Por un lado, que ya no se va a aplicar más en la Ejecución de las Penas la ley nacional, sino que la Ciudad tiene su propia ley. Una ley que es mucho más interesante que la 24.660, y que crea un órgano de ejecución que de novedoso tiene que en lugar de concentrar en el servicio penitenciario, como se ha hecho históricamente en los distintos servicios penitenciarios, las funciones de tratamiento y de custodia de los presos, hay una autoridad que tiene dos patas, dos direcciones. Una que es estrictamente civil, técnica profesional, que es la que hace el tratamiento, y otra que es una fuerza que hace la custodia. O sea, lo que consistiría en el servicio penitenciario como fuerza de seguridad, se dedica a custodiar a los presos”, explicó a Infobae Claudia Neira, presidenta del bloque UP, previo a la sesión.
“Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los presos, en términos de la aplicación de la ley de ejecución, acá tiene un concepto nuevo, que es el plan de vida, donde el preso elige un plan de vida y se lo acompaña para poder hacer un trabajo de tratamiento efectivo, y que salga con alguna posibilidad de reinserción social; eso lo hacen civiles técnicos”, agregó.
La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en el proceso de autonomía y transferencia de competencias penales desde la Nación hacia la Capital Federal, algo que negocian ambas administraciones, y que necesitaría el aval de la Legislatura y del Congreso para concretarse. El borrador incluye el traspaso de una parte del penal Ezeiza y el de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, también los fondos y algo de personal.
Una vez que se cree, y se ponga en funcionamiento, estará bajo el ala del Ministerio de Justicia (Gabino Tapia), más precisamente en la Secretaría de Justicia (Francisco Quintana) y con una Dirección General específica para este tema (a cargo de Leandro Halperín).
Desde LLA negociaron con el Ejecutivo algunos puntos de la norma hasta último momento. “Nosotros propusimos que esté en manos del Ministerio de Seguridad, como lo establece la Ley Integral de Seguridad Pública, y el PRO, UCR y UxP que lo maneje el Ministerio de Justicia. Lo mismo por el tema del nombre. Nosotros propusimos la misma denominación que posee en todas las provincias: Servicio Penitenciario. El resto propuso Agencia Penitenciaria y de Reintegración social”.
Este proyecto, junto con la Ley de Ejecución de la Pena, completa el diseño del sistema penitenciario porteño, para muchos considerado como un avance institucional relevante. Según se informó, la expectativa del gobierno porteño es que tenga un impacto directo en la situación de las más de 2.000 personas actualmente alojadas en comisarías y alcaidías.
“Hoy por hoy, puede entrar ya en funcionamiento para lo que son los detenidos cuyas causas tramitan en juzgados de la ciudad, con jueces de ejecución que van a aplicar la ley de ejecución de la ciudad y en unidades que van a ser de la ciudad. Estamos hablando de los detenidos de los delitos transferidos que hoy ya tiene la ciudad, que son el 10% de los detenidos en alcaidías y comisarías, más de 2000, y el 10%, más o menos, son por causas que tramitan ante la ciudad”, sostuvo Neira.
Con relación a la Ley de Ejecución de la Pena, desde el gobierno porteño indicaron que tiene tres ejes: “Seguridad, garantizar condiciones seguras y transparentes para personas privadas de libertad, personal de la agencia y sociedad; Reintegración, reducir la reincidencia mediante herramientas concretas de educación, salud integral y trabajo; y Participación, incorporar a la víctima y la comunidad, promoviendo reparación y transparencia”.
Ambos proyectos se trabajó de manera conjunta en las comisiones de Justicia (presidida por Inés Parry), Seguridad (presidida por Gimena Villafruela), Asuntos Constitucionales (presidida por Hernán Reyes), Legislación del Trabajo (Matías Barrotaveña) y Presupuesto (a cargo de Paola Michielotto).
La población carcelaria y un antecedente conflictivo
A principios de este año, Jorge Macri y la aún ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizaron un fuerte enfrentamiento por la población carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. En febrero, un fallo de la Justicia porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos condenados alojados en comisarías y alcaldías porteñas, en medio de la negociación por la transferencia del servicio penitenciario que busca descomprimir los abarrotados calabozos de CABA.
En aquel momento, la administración de Macri reclamó medidas urgentes para desagotar las comisarías y, de esa manera, frenar las fugas, que se repetían casi a diario, y argumentaba que Nación no se lleva la cantidad suficiente de detenidos para poder lograrlo.
La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, a cargo del juez Norberto Circo, ante un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, provocó una dura respuesta de Bullrich al alcalde porteño.
“En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas”, escribió la ministra de Seguridad Nacional en una carta dirigida al Jefe de Gobierno porteño en aquel momento. “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, avisaba con relación al fallo del juez Circo que no citó al SPF antes de tomar la determinación, que Bullrich llamó “una aberración jurídica”.
En esos días, la propia Bullrich criticaba a Jorge Macri por la demora en la construcción del penal de Marcos Paz. “La solución era que la Ciudad termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″, aseveró en otro pasaje de la carta.
La ministra, hoy senadora electa, sostenía en aquel momento que la crisis de detenidos en el territorio porteño era producto de “malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”.
Pasaron nueve meses de aquel enfrentamiento. Desde el gobierno porteño aseguran que la cárcel de Marcos Paz “tendría que estar operativa en marzo, abril del año que viene”. A principios de octubre, Bullrich y Macri limaron las asperezas y recorrieron las obras del nuevo penal en plena campaña.
