La investigación federal sobre supuestos hechos de corrupción en la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suma pruebas a un expediente enmarcado en una causa por supuesto lavado de activos y administración fraudulenta; analiza además un conflicto de competencia con el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, lo que derivó en un pedido de inhibitoria parcial, tal como informó este medio.
En esa resolución, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella aportó nuevos datos sobre la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, en Pilar, valuada en 17 millones de dólares. Se trata de una propiedad que está a nombre de Real Central S.A., una sociedad vinculada a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, pero que en los papeles la firma pertenecería al monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.
Hasta ahora no apareció una explicación económica de cómo hicieron estas dos personas para adquirir la mansión, que cuenta con helipuerto, un harás, un galpón con decenas de vehículos de alta gama y otros lujos. Por eso se los señaló como presuntos testaferros.
Los $415 millones y transferencias irregulares
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el flujo de dinero desde la AFA hacia empresas privadas. Según surge de la documentación secuestrada en los allanamientos, se detectaron órdenes de pago y transferencias a firmas como Real Central S.R.L., vinculadas a personas como Luciano Pantano y Ana Conte bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y Pablo Toviggino por su relación con el manejo de derechos comerciales y financieros ligados al fútbol del interior. Ahí también comienza a tallar el jefe del tesorero, Claudio “Chiqui” Tapia el mandamás de la casa madre del fútbol argentino.
En ese contexto, se investiga específicamente el pago de aproximadamente $415 millones por parte de la AFA a Real Central S.R.L. lo que forma parte de un conjunto más amplio de operaciones que no tendrían justificación económica real.
En su resolución judicial, a la que accedió Infobae, el juez Armella expuso una serie de órdenes de pago emitidas por la AFA a favor de Real Central SRL, recibidas por Luciano Pantano y aprobadas por el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por un total de $415 millones bajo el concepto de “servicios de logística y traslados”, refuerzan las sospechas de vínculos financieros entre dicha empresa —señalada como propietaria de la mansión en Pilar— y la institución del fútbol argentino. Dado que se presume que Toviggino sería el verdadero titular del inmueble, la operación podría interpretarse como un mecanismo mediante el cual el propio presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol se estaría abonando a sí mismo.
En la foja 24 de la resolución judicial, el juez Armella detalla de manera sucesiva que;
-En cuanto a Luciano Nicolás Pantano “en el dictamen fiscal, se refirió que mediante su reporte Nosis se confirma que fue la persona (Pantano) que firmó la orden de pago N° 267372 de fecha 02/06/2025 emitida por la AFA” por $70.400.000 “coincidiendo su DNI con el consignado en la orden mencionada. Asimismo, destacó como actividad ‘Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial N.C.P.’, aunque (Pantano) figura inscripto en el monotributo categoría G – locaciones de servicios- y registró la marca “Central Park Beer & Drinks” el 26 de julio de 2023”.
-El juez Armella también destaco que: “Además de la ya mencionada participación en Real Central S.R.L. (Pantano) aparece vinculado como presidente de la firma Mendoza Wines desde el 6 de enero de 2023; junto a él, figura como director suplente Lucas Juan Labbad, quien conforme surge de búsqueda en fuentes abiertas, sería ex gerente general del Club Atlético Boca Juniors”.
A ello se suman transferencias internacionales detectadas por casi USD 483.000, realizadas desde cuentas en el exterior controladas por la firma TourProdEnter LLC, empresa que manejaba los ingresos internacionales de la AFA. Parte de esos fondos habrían sido girados a sociedades locales como Soma S.R.L. y Malte S.R.L., también bajo investigación.
-En la foja 25 del escrito Luis Armella precisa que a todo esto “Debe sumarse que entre la documental secuestrada en Gutenberg N° 350, CABA (sede de Asociación Atlética Argentinos Juniors), aparece un recibo suscripto por Luciano Pantano, de fecha 25/08/2025, el cual da cuenta que la Asociación del Fútbol Argentino recibió de la Asociación Atlética Argentinos Juniors la suma de $600.000.000, mediante seis cheques de $100.000.000 cada uno”.
-En cuanto a la otra presunta “socia” de la empresa propietaria de la mansión de Pilar, Ana María Conte, la madre de Pantano, el juez, basándose en el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona refirió que: “Además de su participación en Real Central S.R.L., se destaca que percibe un beneficio previsional jubilatorio por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) desde el 1° de abril de 2021. Señaló la Fiscalía que todo ello imprime un margen de sospecha sobre la licitud de los pagos realizados por la AFA a Real Central S.R.L. por servicios de logística y traslados, por un monto total de $415.820.020. Incluso se registró una transferencia de USD 40.000 a una persona vinculada sentimentalmente con Toviggino, lo que refuerza la hipótesis de uso de fondos institucionales para fines privados”.
Una estructura internacional para desviar fondos
La investigación judicial describe un esquema más amplio que excede transferencias puntuales. Según las denuncias, entre 2021 y 2025 se habría montado una red internacional de intermediarios financieros que canalizó más de USD 300 millones de ingresos de la AFA fuera del circuito legal argentino.
El mecanismo incluía:
-Empresas intermediarias en el exterior
-Cuentas bancarias offshore
-Sociedades “fantasma” en Estados Unidoí
-Comisiones de hasta el 30% sin justificación
TourProdEnter LLC aparece como pieza central del sistema. Contratada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, habría concentrado más de USD 260 millones en ingresos. Sin embargo, parte de ese dinero —al menos USD 42 millones— habría sido desviado a sociedades sin actividad real en el estado de Florida.
En la causa penal se señala que estas maniobras podrían constituir la “fase de estratificación” del lavado de dinero, orientada a ocultar el origen de los fondos mediante estructuras jurídicas complejas y múltiples jurisdicciones.
En el marco de la causa se realizaron allanamientos en:
-La sede de la AFA en la calle Viamonte
-El predio de Ezeiza
-Domicilios particulares vinculados a los investigados
-Clubes del fútbol
Allí se secuestraron contratos, órdenes de pago, movimientos de cuentas y dispositivos electrónicos, elementos clave para reconstruir la ruta del dinero.
La resolución deja en claro que la Justicia investiga un sistema complejo, con múltiples actores y ramificaciones, donde se combinan operaciones locales e internacionales.
El foco está puesto en determinar si los fondos de la AFA fueron desviados sistemáticamente mediante contratos, intermediarios y estructuras offshore, en beneficio de terceros vinculados a la conducción de la entidad.
La definición sobre la competencia judicial será clave para el avance del caso, pero el expediente ya expone uno de los esquemas más graves investigados en el fútbol argentino en los últimos años.
