El hallazgo de seis granadas militares en el Lago Epuyén, ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, activó durante varios días un operativo de seguridad que integró rastrillajes subacuáticos, peritajes técnicos y una estrategia comunicacional precisa por parte de las autoridades provinciales. Con el avance de la investigación, las autoridades establecieron que se trata de material bélico antiguo, obsoleto, sin capacidad explosiva y sin vínculo con otros episodios intimidatorios recientes en la zona.
Las granadas fueron localizadas durante rastrillajes preventivos realizados por fuerzas de seguridad, en el marco de un operativo iniciado tras una denuncia que motivó la intervención policial. Los procedimientos se concentraron en el lecho del lago. Según fuentes oficiales, todos los artefactos fueron hallados bajo el agua y no se registraron hallazgos en superficie, un dato relevante para orientar la investigación.
En total, se recuperaron seis granadas de uso militar, todas de fabricación nacional. Los primeros peritajes determinaron que corresponden a modelos antiguos, actualmente fuera de producción por parte de Fabricaciones Militares y ajenos a las dotaciones vigentes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Al menos una de las granadas fue identificada con año de fabricación 1979, lo que permitió establecer una referencia temporal concreta sobre la antigüedad del material.
El estado material de los artefactos fue otro elemento central. Presentaban un alto nivel de oxidación, compatible con una permanencia prolongada en un entorno subacuático. Ese deterioro, evaluado por personal especializado, reforzó la hipótesis de que no se trata de una colocación reciente ni de un episodio asociado a una acción operativa contemporánea.
El dato técnico más relevante fue confirmado poco después: ninguna de las granadas posee mecanismo de iniciación. Carecen de espoleta o sistema de activación. En ese estado, explicaron fuentes oficiales con conocimiento directo de los peritajes, no son activables de forma convencional y no presentan capacidad explosiva. Desde el punto de vista técnico, se trata de material inerte.
Esa conclusión fue ratificada públicamente por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, quien brindó precisiones para despejar cualquier duda sobre el riesgo para la población. García confirmó que las granadas “estaban desactivadas”, que “no representaban peligro” y que su estado era consistente con material antiguo fuera de uso. Además, subrayó que el procedimiento se realizó según los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos y que los elementos fueron retirados de manera segura.
Uno de los puntos que generó mayor atención pública fue la posible vinculación entre las granadas y la aparición previa de carteles con mensajes amenazantes en la región. Sobre ese aspecto, García afirmó que no existe relación entre ambos hechos. Según explicó, la investigación determinó que se trata de eventos independientes, sin conexión operativa ni temporal. Esa definición fue adoptada como criterio central por la conducción policial y respaldada por las actuaciones judiciales en curso.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que esa aclaración responde a un análisis concreto de las circunstancias de cada episodio. En el caso de las granadas, la antigüedad del material, su estado de deterioro, la ausencia total de mecanismos de iniciación y el hecho de que todas se encontraran sumergidas alejaron cualquier hipótesis de intimidación activa. “No hay elementos que indiquen una maniobra reciente ni un mensaje dirigido”, señalaron.
Tras el retiro de los artefactos, que quedaron a disposición de la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad resolvieron continuar con rastrillajes preventivos en el área. El objetivo de estos operativos es descartar la posible presencia de material similar que pudiera haber permanecido en el fondo del lago durante años sin ser detectado.
Desde el punto de vista institucional, la estrategia adoptada buscó evitar sobreactuaciones. Las autoridades provinciales priorizaron una comunicación basada en datos técnicos y verificables, con especial cuidado en no alimentar interpretaciones alarmistas. El énfasis estuvo puesto en la obsolescencia del material, en la inexistencia de riesgo explosivo y en la normalidad de los procedimientos desplegados.
Las mismas fuentes remarcaron que este tipo de hallazgos, aunque poco frecuentes, no son inéditos en zonas donde históricamente pudo haber circulación o descarte irregular de material militar antiguo. Sin avanzar en hipótesis ajenas a la investigación judicial, coincidieron en que el estado de las granadas es consistente con un abandono ocurrido hace décadas.
La investigación continúa bajo la órbita judicial, con un objeto delimitado. La prioridad es reconstruir el origen del material y garantizar que no existan remanentes similares en el área. En paralelo, se mantiene la coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y los organismos técnicos especializados.
Con el paso de los días, el episodio perdió el componente de urgencia que caracterizó a las primeras horas. La confirmación de que se trataba de granadas obsoletas, sin poder explosivo y sin conexión con otros hechos de intimidación permitió encuadrar el caso en una dimensión estrictamente técnica y preventiva.
En términos concretos, lo que emergió del fondo del lago Epuyén fue material bélico fuera de uso, ajeno a las capacidades actuales del Estado y desprovisto de funcionalidad operativa. La respuesta oficial, basada en peritajes, protocolos y rastrillajes, buscó cerrar el episodio con precisión y sin estridencias, evitando que la mera presencia de artefactos militares antiguos se transformara en un factor de alarma injustificada.
