La organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch reclamó a las autoridades argentinas que investiguen la represión policial en la marcha de jubilado de hace dos semanas y pidió revisar el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad para contener los piquetes.

En una declaración emitida en Washington, la organización dijo que la aplicación del protocolo antipiquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “facilita violaciones de derechos humanos”.

Recordó que el pasado 12 de marzo, jubilados marcharon frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires para reclamar mejoras en sus jubilaciones y acceso a medicamentos gratuitos, entre otras demandas Y que se unieron cientos de hinchas de fútbol y algunos “barrabravas”.

Reconoció la organización internacional que “algunos manifestantes cometieron actos violentos como arrojar piedras y escombros a la policía y prender fuego autos policiales y contenedores de basura”, al punto que 25 personas resultaron heridas durante la protesta.

Sin embargo, el organismo dijo que hubo un uso indiscriminado de la fuerza. “Hay pruebas contundentes de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“El gobierno debería investigar estos hechos y garantizar que haya rendición de cuentas, en lugar de hostigar a una jueza que liberó a los detenidos de la protesta”, reclamó Goebertus.

Human Rights Watch dijo que verificó, geolocalizó y analizó 32 videos y fotografías de la protesta obtenidos de la televisión, redes sociales y fotógrafos. Y sostuvo que esos videos y fotografías muestran el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno de un gendarme que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, que esta internado con una seria lesión cerebral. Human Rights Watch dijo que confirmó que el agente de las fuerzas de seguridad disparó a Grillo a poco más de 50 metros de distancia.

Y que el disparo fue “en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales que establecen que la única forma segura de lanzar estos cartuchos es en arco, de manera que caigan al suelo a menor velocidad”.

Sostuvo que una investigación de Mapa de la Policía, una coalición de organizaciones de derechos humanos e investigadores, también verificó fotografías y videos e identificó al miembro de la Gendarmería que disparó el cartucho. Grillo fue trasladado a un hospital en estado crítico y sigue hospitalizado. Su estado de salud mejora de a poco, según publicó LA NACION a partir de fuentes de la familia.

Sostuvo Human Rights Watch que -según fotos y videos- en al menos cinco ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad nacionales dispararon gases lacrimógenos, con pistolas antidisturbios de fabricación nacional, “de forma temeraria y peligrosa, disparando los cartuchos horizontalmente contra manifestantes, en lugar de hacerlo en un ángulo seguro”.

“En varios incidentes, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes que no estaban cometiendo actos de violencia, incluyendo personas mayores, con cañones de agua a alta presión desde camiones hidrantes”, dijo el organismo.

Y mencionó que verificó seis videos que “muestran a manifestantes lanzando piedras y escombros a las fuerzas de seguridad desde las veredas, incluso desde el interior de la plaza frente al Congreso” y que “tres videos muestran a manifestantes quemando un auto de la policía de la ciudad de Buenos Aires y contenedores de basura”. Dijo la organización que manifestantes también hostigaron y agredieron físicamente a periodistas que cubrían la protesta. Según el Ministerio de Seguridad, hubo 14 policías resultaron heridos.

Protocolo antipiquetes

La organización criticó al protocolo antipiquetes de diciembre de 2023 que permite a las fuerzas de seguridad “usar la fuerza en circunstancias donde su uso no estaría justificado con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”.

“El protocolo, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación y permite a la policía utilizar la fuerza aun cuando [los manifestantes] no crearen una situación de peligro”, senaló el organismo.

Dijo Human Rights Watch que el protocolo no cuenta con disposiciones que obliguen a las fuerzas de seguridad a utilizar medios razonables en el uso de la fuerza y que deroga una resolución de 2011 que prohibía a la policía utilizar pistolas antidisturbios para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno como el que hirió a Grillo.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas en la protesta, entre ellas al menos cinco mayores de 60 años. Una jueza de la ciudad de Buenos Aires ordenó que todas fueran liberadas, argumentando que “no se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, ni se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos”.

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra la jueza por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. El Ministerio de Justicia anunció que presentaría una denuncia disciplinaria contra la jueza ante el órgano encargado de sancionar y destituir a los jueces de la ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Seguridad también presentó una denuncia penal por sedición y otros delitos contra personas que señaló como los presuntos organizadores de la protesta, incluyendo dirigentes sindicales e intendentes de la oposición. El Código Penal argentino define la sedición, de forma amplia, como “alzar[se] públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales”.

Human Rights Watch dijo que esa definición es “vaga y amplia” y “puede ser utilizada para criminalizar la libertad de expresión o castigar desproporcionadamente a críticos”.

Recordó la organización que la ministra Bullrich dijo tras la protesta que no investigaría a las fuerzas de seguridad y las elogió por “haber cuidado la democracia, las instituciones y a los ciudadanos”.

Una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales presentó dos denuncias penales sobre el actuación de las fuerzas de seguridad el 12 de marzo. Sin embargo, una disputa entre dos juzgados federal sobre cuál debe entender el caso ha paralizado la investigación.

“Las autoridades judiciales y gubernamentales de Argentina tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones prontas, creíbles y exhaustivas sobre las pruebas de uso excesivo de la fuerza durante la protesta del 12 de marzo”, señaló Human Rights Watch.

“El gobierno de Milei está blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los manifestantes”, señaló Goebertus.