El gobierno chileno investiga si funcionarios de su embajada en Buenos Aires se beneficiaron a través de un supuesto esquema de pagos a proveedores locales con facturas falsas. Uno de los apuntados adquirió en 2024 el 90% de las acciones del Croque Madame de Recoleta. Según pudo saber LA NACION, se habrían detectado compras y contrataciones en 2022 y 2023 emitidas desde el área cultural y rendidas a través de facturas hechas a mano, con talonarios impresos en 2014.
“Eventuales irregularidades detectadas en el pago de facturas con recursos de la embajada de Chile en Argentina”, señala un pedido de investigación por parte de la Contraloría de ese país. Este es un órgano encargado de controlar a la administración pública.
Tal cual sostiene dicho documento, la averiguación sobre el manejo de fondos públicos de la embajada chilena en Buenos Aires surge a través de una denuncia interna, “a raíz de eventuales giros de dinero (…) que fueron destinados al pago de proveedores que supuestamente facilitaban facturas materialmente falsas con comprobantes fraudulentos”. De este modo, se busca determinar si los servicios pagos fueron realmente dados y si guardan coherencia con la dimensión del gasto reportado.
LA NACION contactó a la Cancillería chilena y, a través de ella, a la embajada en Buenos Aires. Desde el organismo señalaron que instruyeron un sumario interno, que están a disposición de la Contraloría y que aportaron toda la información requerida.
Un documento vinculado a la investigación sostiene que los gastos habrían financiado eventos organizados por el Centro Cultural Matta, que depende de la Embajada de Chile en Argentina y se ubica al lado de ella. Dicho organismo habría autorizado casi 50 pagos. Según contestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a un pedido de información pública presentado por LA NACION, el centro cultural recibió transferencias del gobierno trasandino equivalentes a US$668.774 entre 2020 y 2024, y rindió gastos por la misma cantidad de dinero. Pese al pedido de aclarar proveedores y el discriminado de bienes y servicios, la respuesta oficial omitió brindar esa información.
De acuerdo con dicho documento interno de la embajada, se realizaron pagos para cubrir pasajes aéreos, producción de eventos, contenidos audiovisuales, taxis por solo tres cuadras, muestras artísticas y alquiler de equipo técnico, entre otras cosas. Destaca que en varias ocasiones observaron “facturas hechas a mano, sin código AFIP”. Asimismo, describieron que en algunos casos “no existen transferencias”. Es decir, se abonó en efectivo.
Según anunció el fisco argentino, las facturas realizadas a mano y en papel cayeron en desuso desde 2019. Uno de esos comprobantes de pago lleva el sello de la Embajada de Chile en Argentina, está fechado en 2022 y se realizó con un formulario impreso en 2014. Además, tal cual observaron contadores consultados por este medio, el talonario no posee el código especial que habilita a emitir facturas en papel, conocido como Código de Autorización de Impresión (CAI), que emite ARCA. “Esa factura no cumple con ninguna normativa vigente”, analizó uno de los profesionales tributarios consultados.
En consecuencia, plantearon dos grandes interrogantes alrededor de esas facturas hechas a mano. El primero cuestiona si existió una falsedad de forma, que aplica en casos de documentos mal emitidos. El segundo se pregunta si esta situación también reviste una falsedad de contenido. Este es un concepto utilizado para referirse a una supuesta transacción que nunca existió.
Representantes de ARCA explicaron que no existe “inmunidad diplomática” para embajadas en términos impositivos. Lo único que contempla el actual régimen tributario es la devolución del IVA, en los casos que haya reciprocidad. Ese no es el caso entre Argentina y Chile, tal como indicaron desde la Cancillería comandada por Gerardo Werthein. Pese a eso, si hubiera existido tal acuerdo, el tipo de factura emitido no hubiera permitido el reintegro del impuesto ya que sólo lo permite con las tipo A y B, y, en cambio, las tres a las que accedió LA NACION son tipo C.
Si bien la investigación busca aclarar para qué se utilizó el dinero chileno en Buenos Aires, la historia también incluye dos patas argentinas: el Croque Madame y los proveedores locales que habrían emitido las facturas y recibido los pagos.
El misterio sobre por qué el lujoso restaurante está involucrado en esta trama se devela por el nombre que comparte con la sede diplomática. El Croque Madame se ubica en Callao 1540, mismo domicilio fiscal que Enca Group SRL. Incluso, el CUIT de dicha sociedad coincide con el del ticket que emite el restaurante cuando sus clientes pagan la cuenta de lo que allí consumieron. Solo bastó tomar un café para obtener dicho documento. Según la información comercial de la empresa, publicada en el Boletín Oficial, su principal accionista y gerente se llama Rodrigo Contreras Zúñiga.
El empresario gastronómico también se presenta como “Jefe de eventos y Coordinación Cultural” de la Embajada de Chile en Argentina desde 2018 y “Production Manager” del Centro Cultural Matta desde 2015 en su perfil de LinkedIn. Esto último ha sido confirmado por la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores al pedido de acceso de información. Precisamente, los gastos realizados por este último organismo son los que el documento interno ha puesto en el centro de la polémica.
LA NACION consultó sobre este tema a Contreras, quien no emitió comentarios hasta el momento de publicación de este artículo. El principal proveedor, según el documento interno de la embajada, es Mauro Nanni, al frente de la empresa MNL Eventos, quien prefirió no contestar las preguntas de este medio. De acuerdo con el relevamiento, le habrían pagado US$23.925 en 2023.
En distintas ocasiones se detalla que las facturas a nombre de Nanni “son hechas a mano”. A su vez, señalaron que no se explica específicamente qué prestaciones fueron contratadas y en dos oportunidades cuestionaron que se haya pagado el mismo servicio dos veces y a dos proveedores distintos en simultáneo. “¿Por qué se paga por un mismo servicio tantas veces?”, se preguntaron los diplomáticos que elaboraron la revisión de gastos.
El caso reviste una naturaleza binacional porque plantea la pregunta sobre qué pasó con el dinero de la Embajada chilena en Argentina. La búsqueda de respuestas generó la apertura de un sumario administrativo en la Cancillería chilena y la apertura de un expediente en la Contraloría, tras el pedido de un diputado de ese país. De nuestro lado de la cordillera, donde se emitieron las facturas presuntamente falsas, no comenzó ninguna investigación.
