Una vez más trabajadores jubilados se concentraron esta tarde frente al Congreso Nacional, convocados a una nueva ronda semanal para exigir la recomposición de las jubilaciones y repudiar la política del presidente Javier Milei para el sector, como así también la decisión de vetar la reforma que preveía un aumento de los haberes. Como ya es habitual cada miércoles, la columna de manifestantes rodeó el edificio parlamentario entre cánticos y pancartas, en un contexto de profundización del reclamo social y creciente malestar por las condiciones de vida del sector.
Desde las primeras horas de la tarde, distintas organizaciones se sumaron a la movilización, que esta vez contó con la presencia de referentes de derechos humanos y agrupaciones políticas como la CTA Autónoma, la UTEP y el Frente de Izquierda. Los manifestantes elevaron un mismo pedido: que el Gobierno revierta las actuales políticas de ajuste sobre las jubilaciones, recupere los aumentos vetados y restituya insumos básicos suspendidos. Según expresaron durante el acto, la avanzada oficial sobre los ingresos de los jubilados afecta de manera directa a la subsistencia cotidiana de un sector históricamente vulnerable.
La movilización fue menos concurrida que en otros miércoles de marcha, aunque conservó al núcleo que sostiene desde hace años, incluso durante otras presidencias, el reclamo por una mejora en los haberes jubilatorios. Pese a que la movilización en este caso fue menor, el ministerio de Seguridad Nacional mantuvo un despliegue imponente, con vallas, camionetas, motos, camiones hidrantes y una importante cantidad de efectivos.
La marcha comenzó puntualmente a las 16, luego de una conferencia de prensa de las organizaciones de jubilados en la sede central del PAMI, en la que reiteraron la necesidad de restablecer los beneficios claves para el sector. Las consignas se centraron en el rechazo al recorte de medicamentos gratuitos, tratamientos y artículos como audífonos, anteojos, sillas de ruedas y pañales. Las organizaciones advirtieron sobre el impacto directo que esta situación genera en los afiliados más débiles del sistema previsional.
Durante el acto frente al Congreso Nacional, una de las voces más escuchadas fue la de Ana Valverde, referente de la Unión de Trabajadores de Jubilados en Lucha (UTJEL). En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Valverde aseguró que “el PAMI es una fuente de negociados entre los gobiernos, los prestadores y los proveedores”. Según la dirigente, “si hay menos para nosotros, es más plata para repartirse entre los funcionarios corruptos y las empresas proveedoras de La Libertad Avanza (LLA) en el PAMI. Porque plata para la corrupción hay y también hay para los acreedores del Estado y al FMI”, denunció.
Por su parte, los representantes de los organismos de Derechos Humanos hicieron público su acompañamiento al reclamo de los jubilados: “Acompañamos a las y los jubilados frente al ajuste, la represión y el abandono, y decimos ‘presente’ junto a quienes luchan por una vida digna después de haberlo dado todo”, afirmaron en un comunicado leído durante la manifestación.
La movilización de este miércoles fue también respaldada por dirigentes políticos. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que figura como candidato a diputado nacional por Unión Federal, se sumó a la convocatoria en las inmediaciones del Congreso Nacional y subrayó la continuidad de la protesta: “Mientras muchos miran para otro lado, acá estamos nosotros, codo a codo con las jubiladas y los jubilados, siguiendo su ejemplo de perseverancia y de lucha. Hoy, como todos los miércoles, acompañando su marcha frente al Congreso”, declaró en sus redes sociales, según reprodujo la agencia.
El descontento de los jubilados escaló desde que el Gobierno decidió recortar la actualización automática de las jubilaciones y eliminó beneficios claves como la cobertura total de medicamentos y la provisión de elementos de asistencia. El reciente veto presidencial a la ley que preveía un aumento de los haberes incrementó el malestar en el sector, cuyos representantes insisten en que los haberes mínimos están por debajo de la línea de pobreza y no alcanzan a garantizar una canasta básica de consumos esenciales.
