El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá las sesiones ordinarias en un contexto de tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional, que derivó en la convocatoria a un paro para el próximo 2 de marzo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con impacto en territorio bonaerense, ya que SUTEBA —el sindicato con mayor representatividad en la docencia provincial— adhirió. Sin embargo, distintos gremios provinciales, incluido el propio SUTEBA, también rechazaron el último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo bonaerense en el marco de la negociación paritaria. Así, hasta el momento, en las escuelas públicas bonaerenses las clases no comenzarán en tiempo y forma.
Mientras tanto, la administración de Kicillof busca cerrar la negociación paritaria con los gremios de cara a marzo. Una instancia que se volvió compleja, pese al respaldo político que, en mayor o menor medida, los distintos sectores mantienen con la figura del mandatario provincial.
El 2 de marzo, Kicillof abrirá las sesiones ante diputados y senadores provinciales. Será la primera vez en seis años que lo hará con una medida de fuerza del sector docente. Si bien la decisión de los representantes de los educadores responde a diferentes factores y la convocatoria de CTERA abarca a todo el país, también a nivel provincial los sindicatos anunciaron paros debido al ofrecimiento salarial dispuesto por el Ejecutivo bonaerense.
En el marco de la discusión salarial, la última oferta del gobierno bonaerense fue una mejora del 3% para febrero. La propuesta fue rechazada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —además de Suteba, la FEB, Udocba, Sadop y AMET— y también por sindicatos de la administración pública enrolados en la ley 10430, como UPCN y ATE, que trabajan en la construcción de una alternativa política hacia la elección presidencial de 2027 y tienen a Kicillof como principal referente. ATE lo hace desde la CTA Autónoma y UPCN desde la CGT, con la que Kicillof viene desarrollando una alianza política.
Esta situación sugiere cierta fluidez en el diálogo. De hecho, fuentes del gobierno provincial señalaron a Infobae que la negociación “sigue abierta” y que existe “diálogo informal con los gremios”. Por el momento, el gobierno otorgó una suba a cuenta de futuros aumentos del 1,5%. Sectores sindicales indicaron que Kicillof tiene tiempo hasta el 13 de marzo para cerrar la paritaria, ya que a partir de esa fecha comienza la liquidación de sueldos.
En relación a los docentes, el funcionamiento regular de las clases depende fundamentalmente de las negociaciones salariales. Buenos Aires cuenta con una red educativa compuesta por más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 instituciones privadas. El 70% de los estudiantes asiste a establecimientos estatales, mientras que el 30% elige centros privados, muchos de los cuales también reciben subsidios del Estado.
La FEB fue la primera entidad gremial docente en anunciar una medida de fuerza en territorio bonaerense tras el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial. El resto de los sindicatos consideró insuficiente la propuesta y terminó sumándose a la protesta, una vez que CTERA anunció el paro nacional. A esta medida también podría sumarse UDA. En este contexto, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, quedó en una situación compleja debido a su afinidad con Kicillof.
Un punto clave que explica la baja en la recomposición salarial docente en Buenos Aires es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que integraba la composición del sueldo y tenía mayor peso en los salarios iniciales. Fue uno de los primeros recortes aplicados por la gestión de Javier Milei.
La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional impactó directamente en los ingresos docentes de la provincia. En este distrito, el FONID representaba alrededor del 10% del salario total para la mayoría de los maestros y profesores, lo que implicó una reducción real de sus haberes mensuales. Al momento de su interrupción, la suma que debía transferirse era de aproximadamente 14.500 millones de pesos por mes, considerada clave para sostener el poder adquisitivo docente. Inicialmente, la provincia cubrió ese déficit con recursos propios, pero la situación financiera actual es distinta.
Tras la decisión del Poder Ejecutivo nacional, la administración bonaerense agotó las instancias administrativas y de diálogo en reclamo de la restitución de los fondos. Ante la ausencia de respuesta, Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado para iniciar una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de lograr la restitución de los fondos recortados, argumentando que la eliminación del FONID vulnera derechos laborales y compromete la continuidad de la política educativa acordada en el Congreso. El máximo tribunal aún no se expidió.
El FONID fue eliminado formalmente por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial. Desde esa fecha, se suprimieron del presupuesto nacional los fondos destinados a este incentivo, tras más de 25 años de vigencia ininterrumpida. Su restitución es uno de los pedidos centrales de los gremios que convocaron al paro docente nacional del próximo 2 de marzo.
