La semana que viene se desarrollará la audiencia pública por la ley de glaciares. Serán dos jornadas cargadas de disputa política por el formato que estableció el oficialismo para que se desarrollen.
La ley establece que es necesario el paso de las audiencias para poder avanzar en la norma; por eso, el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales abrió el llamado a la sociedad civil, pero el aluvión de inscriptos —más de 65.000— hizo que las autoridades de las comisiones definieran un formato que ya está generando presentaciones judiciales.
El titular de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, fue el encargado de comunicar el formato para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, en donde se estableció un sistema en el que solo habrá un cupo de 200 exposiciones —presenciales y virtuales—, que se definieron por ser los primeros que se anotaron por cada provincia, y el resto de los inscriptos deberán hacer un video de no más de cinco minutos y cargarlo en una plataforma digital.
Esto no solo generó el reclamo de la oposición en las comisiones, que señalaron que no se está cumpliendo con la norma, sino que ya se realizaron presentaciones judiciales.
Ayer por la tarde, se presentaron varias entidades en los juzgados, donde se hizo ingreso de un escrito en el que se pide una medida cautelar para que “se ordene al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en la audiencia pública “en condiciones de igualdad y conforme a las reglas originalmente establecidas”.
La presentación es impulsada por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; y se solicita la readecuación del cronograma de audiencias “mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales”. El escrito también requiere que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral —como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube— por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 7 de Enrique Lavié Pico, el mismo juez que días atrás rechazó la cautelar de la CGT que buscaba frenar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que no se acreditó “perjuicio irreparable”.
“Es poco probable que esto avance”, explicó a Infobae un conocedor del mundo judicial. “Hay mucho en juego y el gobierno ya tiene un cronograma establecido para esta norma”, agregó.
Pero la disputa también estará con los bloques de la oposición, que también se quejan del tratamiento que le está dando el oficialismo a la audiencia pública. Mayoraz no solo estableció un aforo para los invitados a exponer, sino que también lo hizo para los diputados y asesores que quieran asistir.
Según comunicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el próximo miércoles y jueves solo podrán entrar a la comisión los diputados integrantes de las comisiones citadas (Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales), coartando la presencia del resto de los legisladores que tienen el derecho de participar de todas las comisiones.
Además, se estableció que no podrán ingresar asesores de los legisladores, sino que solo se aceptarán dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen, siendo responsabilidad de este último enviar el nombre completo del asesor o de los asesores. Hay tiempo para eso hasta este viernes 20 de marzo a las 19.
El oficialismo apura el armado y desarrollo de las audiencias públicas porque en el cronograma que se estableció tiene la intención de dictaminar la norma la semana siguiente a la audiencia y en los primeros días de abril ir al recinto para buscar su aprobación.
“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.
