La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó hoy su rechazo frontal a la decisión del presidente Javier Milei de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y denunció que el cierre de estos organismos y su “abandono derivará en más accidentes y peligro para millones de personas que transitan día a día” las rutas nacionales.
A través de un comunicado, que lleva la firma del Consejo Directivo encabezado por Héctor Daer, la central obrera calificó la medida como “un ataque directo al modelo de país federal que defendemos” y advirtió que su implementación “deja en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.
El rechazo gremial se produjo luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en la Casa Rosada la eliminación de Vialidad Nacional y la reestructuración del sistema de control y mantenimiento vial, disposición oficializada este martes 8 de julio en el Boletín Oficial a través del Decreto 461/2025.
La decisión implica, además, la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá las tareas de fiscalización de concesiones viales y reorganizará el esquema estatal en materia de rutas y control del tránsito.
La CGT insistió en que la eliminación de estos organismos “es un ataque directo al modelo de país federal que defendemos. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo”. En el apartado más duro del texto, la dirigencia sindical denunció que la medida “no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día”.
Además, la cúpula cegetista se refirió también puntualmente a la CNRT y la ANSV, al señalar que la desaparición de estos organismos estatales de prevención y supervisión son acciones “intempestivas e improvisadas”. “Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas”, completó.
Ayer, el Gobierno defendió la medida asegurando que permitirá un ahorro de aproximadamente 100 millones de dólares anuales y anticipó una apertura a la licitación de más de 9.120 kilómetros de rutas servirá para “optimizar el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”. Según expuso Adorni, el cierre de la DNV se vincula con “décadas de despilfarro y corrupción” en la obra pública. “La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, celebró.
Con la intención de profundizar los recortes en el sector público, el vocero presidencial detalló que la DNV contaba con una estructura de 5.184 agentes, de los cuales dos tercios estaban en funciones administrativas, técnicas o jerárquicas y solo un tercio realizaba tareas operativas. También señaló que las tareas de control y prevención en las rutas nacionales quedarán bajo la órbita de Gendarmería Nacional.
Ante la posibilidad de despidos, la CGT anticipó que se “dispondrá a disposición de las acciones y medidas de fuerza que lleven adelante los trabajadores afectados en defensa de los puestos de trabajo y la seguridad de nuestros caminos”.
“Nos vamos a morir todos”
Los sindicatos que representan a los empleados públicos del área de transporte hace al menos un mes que están en alerta. La titular del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, acusó al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de propiciar “rutas nacionales de la muerte”, al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, afirmó la dirigente sindical.
Según Aleñá, la disolución de la DNV es “una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”. “Nos desfinanciaron desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes. Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”, advirtió.
A tono con estas denuncias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sumó críticas y exigió la intervención de los gobernadores para frenar el “retroceso sin precedentes”. Y alertó que el cierre de Vialidad “implica el abandono de miles de kilómetros de rutas nacionales y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo”.
Desde su perspectiva, el sindicalista planteó el inicio de un proceso de privatización del mantenimiento vial que, según su expresión, “mutila el desarrollo de todas las regiones del país y pone en riesgo la vida de millones de argentinos”, y advirtió que la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones propiciará “mega negociados”. “Estamos ante el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional. La creación de esta agencia es la habilitación de una gran caja negra para la política”, subrayó.
