Una funcionaria que participó en la gestión de gobierno de Alberto Rodríguez Saá en la provincia de San Luis enfrentará un juicio por un presunto caso de corrupción que comenzará la próxima semana. Se trata de la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien está acusada por malversación de fondos públicos por un valor cercano a $290 millones.
De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el proceso judicial está previsto que comience el próximo lunes 16 de marzo. Allí, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, intentará probar que la imputada concentró al mismo tiempo los cargos de secretaria de Deportes durante el período 2022 y 2023.
Justamente, entre las maniobras bajo investigación, figura la creación del Ente Deporte San Luis en marzo de 2022, que recibió un aporte no reintegrable de $280 millones. Seis meses después, en octubre de 2022, Ramirez fundó la asociación civil San Luis FC, un club dedicado al fútbol femenino y donde también fue designada como presidenta, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a su vez, dirigía el ente público.
La acusación apunta a que, desde la creación del club, se realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club privado por más de $166 millones, abarcando gastos de transporte, viandas, electrodomésticos y otros rubros. Para fundamentar los cargos, la fiscalía provincial de San Luis sostuvo: “Cualquier gasto que tuviera San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes y canalizados por el ente presidido también por ella”. Según la fiscalía, las operaciones tenían apariencia legal, pero ocultaban una maniobra destinada a beneficiar intereses particulares.
Uno de los hechos que más resaltan en la causa fue la compra de un colectivo marca Volvo de 60 asientos, modelo 2018. Según la acusación, la operación se realizó pocos días antes de que Ramírez dejara su cargo, en diciembre de 2023, por un monto cercano a los $290 millones. El fiscal aseguró que “la cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo iniciado el 1° de diciembre del 2023, es decir, nueve días antes de la salida de la funcionaria”. La tasación oficial determinó que el valor real del vehículo era de $114 millones porque estaba en malas condiciones, lo que implicó un sobreprecio de $175 millones.
La fiscalía provincial de San Luis calificó inicialmente los hechos como malversación de caudales públicos, pero a partir de un dictamen del Procurador General provincial, la máxima autoridad judicial local, la figura legal aplicable resultó ser la de corrupción. También se incluyeron los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso ideal y real. El Ministerio Público, integrado por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, remarcó el impacto institucional negativo y la necesidad de restaurar el orden legal.
La defensa de Ramírez, encabezada por Marcos Juárez y Ramiro Rubio, planteó la nulidad de la acusación formal, alegando que vulnera principios procesales básicos. Argumentaron que no todas las órdenes de pago estaban dirigidas a San Luis FC y que hubo un cambio en la calificación legal sin nueva convocatoria para ejercer la defensa. “No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado”, enfatizó Juárez. La jueza Banó rechazó el planteo y habilitó la apertura a juicio.
Entre los testigos citados para el debate figura el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, propuesto por la defensa de la exfuncionaria. Su declaración está vinculada al subsidio otorgado a San Luis FC y la compra del colectivo, operación que fue autorizada mediante un decreto firmado durante su gestión. También deberán declarar el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, exfuncionarios de la Secretaría de Deportes e interventores del club, así como peritos que realizaron tasaciones y verificaciones del vehículo.
De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, Rodríguez Saá podría ausentarse del país durante los días del juicio, lo que pondría en duda su presencia en los tribunales. La participación de exfuncionarios y peritos será determinante para establecer si las transferencias y operaciones cuestionadas respondieron a un procedimiento administrativo correcto o, como sostiene la fiscalía, constituyeron maniobras irregulares para beneficiar a un club privado presidido por la propia Ramírez.
En mayo del año pasado, la jueza de Garantía N°4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, ordenó la apertura a juicio de la causa. Hay un pedido de condena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación central sostiene que Ramírez habría realizado transferencias y operaciones que benefician a una entidad que ella misma dirigía, lo que constituye negociaciones incompatibles con la función pública.
