La Inspección General de Justicia (IGJ) inició una etapa de definiciones con impacto en el fútbol argentino. Con plazo hasta el 20 de enero, el organismo espera respuestas formales de la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y la Liga Profesional de Fútbol a las intimaciones enviadas para que expliquen rubros contables globales que superan los USD 450 millones, incluidos en los balances de ambas entidades sin el nivel de detalle que, según la visión oficial, permitiría conocer su composición real.
En diálogo con Infobae, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, explicó que el reclamo de la IGJ no es reciente ni aislado. Se trata de partidas que aparecen de manera reiterada en los estados financieros desde hace ocho años y sobre las que la IGJ realizó observaciones sin obtener respuestas concretas. “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga (que ahora se denomina Liga Profesional de Fútbol) expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”, afirmó Vítolo.
La demanda oficial apunta a un aspecto clave del control estatal sobre asociaciones civiles que administran recursos elevados y que ahora deben rendir cuentas antes del 20 de enero. Vítolo precisó que la obligación legal de la IGJ no se limita a verificar la presentación formal de los balances, sino a comprender qué representan realmente las cifras consignadas. “Como autoridad de contralor y en cumplimiento de la ley, la IGJ debe determinar no solo lo que está dentro de las partidas globales cuestionadas, sino también qué es lo que no se muestra en las mismas”, señaló Vítolo.
Ese planteo aborda una de las líneas más sensibles del proceso. “Es decir, los fondos que, correspondiendo a la AFA o a la Superliga por sus actividades y derechos, pudieran no figurar ingresados a ambas instituciones o hayan sido desviados por las mismas”, agregó el funcionario.
Balances bajo observación y el papel de los auditores
El requerimiento de la IGJ no se dirige solo a la AFA y la Superliga. También abarca a los auditores externos que, año tras año, certificaron que los estados contables reflejaban razonablemente la situación patrimonial de ambas entidades. Para Vítolo, su intervención es clave para comprender cómo se validaron cifras de semejante volumen, que ahora deberán ser explicadas antes del 20 de enero.
“Aspiramos a que los auditores que han afirmado que estas cifras reflejan razonablemente la situación patrimonial de las entidades puedan brindar sus propias explicaciones y clarificaciones”, señaló Vítolo. Además, especificó que esas explicaciones deben abarcar no solo criterios técnicos contables, sino también los controles aplicados en un contexto especialmente sensible. “No solo respecto de estas observaciones, sino también en relación con los procedimientos que ellos llevaron a cabo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de ciertas actividades en el país y en el exterior”, indicó.
La mención no es casual. Según explicó el inspector general, el pedido de precisiones se formula “en especial a partir de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones en sede penal respecto de una suerte de aparente oscuro manejo de fondos y de negocios vinculados con ambas instituciones”. En este contexto, la IGJ considera indispensable conocer qué controles se aplicaron para verificar el origen y el destino del dinero dentro del plazo establecido.
Otro aspecto que observa el organismo es el destino de fondos hacia actividades que podrían no estar directamente vinculadas al objeto social de la AFA. Vítolo mencionó de manera explícita el caso de la llamada “Universidad de la AFA”, sobre la cual se requieren detalles que también deberán ser aportados antes del 20 de enero. “Del mismo modo necesitamos precisiones sobre el direccionamiento de fondos hacia actividades no vinculadas con el objeto social de la AFA”, sostuvo Vítolo.
El plazo, la intimación y la alternativa de los veedores
Las intimaciones de la IGJ establecieron un límite concreto. La AFA y la Superliga tienen plazo hasta el 20 de enero para responder y aportar la información solicitada. A partir de esa fecha, el organismo evaluará la calidad y el alcance de las explicaciones recibidas.
Vítolo detalló qué puede suceder si las respuestas no llegan o resultan insuficientes. “Si no contesta la AFA la intimación o se niega a dar la información, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, afirmó Vítolo.
El inspector general subrayó que se trata de una herramienta prevista en el marco legal vigente y que no implica una intervención en la vida institucional del fútbol. “No es intervención en la administración ni en el funcionamiento de la AFA. Es solo una veeduría informativa para recabar la información de los balances y de las otras cuestiones que le hemos preguntado y que la AFA no ha respondido”, explicó.
El objetivo de esa eventual veeduría sería estrictamente informativo: acceder a libros, registros y documentación para reconstruir la trazabilidad de los fondos y verificar la consistencia entre lo declarado y lo efectivamente administrado. Según Vítolo, una vez recibidas las respuestas de la AFA, de la Superliga y de los auditores —o vencido el plazo del 20 de enero— la IGJ realizará una nueva evaluación de la situación para definir los pasos a seguir.
El contexto y la advertencia de fondo
Aunque el eje inmediato del reclamo es administrativo y contable, la entrevista deja ver un contexto más amplio. Consultado sobre la posibilidad de que el caso escale a instancias judiciales internacionales, Vítolo comparó el escenario con el FIFA Gate, el escándalo que estalló en 2015 y expuso una red de corrupción sistémica en el fútbol mundial.
“Si se comprueban las sospechas que existen sobre ciertos manejos económicos y financieros y se prueban las acusaciones de desvíos de fondos, manejos cambiarios y potenciales negocios espurios que investiga la justicia, estaríamos frente a un escenario aún más grave en cuanto a volumen que el FIFA Gate”, afirmó Vítolo. Recordó que en aquel caso se hablaba de unos USD 200 millones, mientras que en el plano local ya se mencionan cifras superiores a los USD 400 millones.
Vítolo repasó el origen del FIFA Gate para explicar por qué las inconsistencias contables pueden ser el inicio de investigaciones de gran escala. “Aquel caso comenzó de la misma manera que este, con objeciones y cuestionamientos en relación con inconsistencias en los estados contables y financieros de la institución”, recordó Vítolo. “Aquella fue la llave que abrió la Caja de Pandora”.
El inspector general también abordó las consecuencias personales que podrían afrontar los dirigentes si se confirmaran ilícitos. Destacó que la AFA, la Superliga y la Selección argentina no deberían verse afectadas institucionalmente, ya que la responsabilidad recaería en las personas físicas que posibilitaron las conductas cuestionadas. En ese sentido, citó el artículo 144 del Código Civil y Comercial.
“Serán eventualmente los miembros del Consejo Directivo de la AFA y de la Superliga, los dirigentes de los clubes asociados que avalaron tales conductas y los fiscalizadores quienes deberían responder”, sostuvo Vítolo.
Al cierre de la entrevista, Vítolo introdujo una advertencia sobre los tiempos. Este tipo de procesos, explicó, suelen resultar largos y complejos. El FIFA Gate, recordó, comenzó a gestarse a principios de los años 2000 y sus derivaciones judiciales aún no han finalizado.
Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en una fecha precisa: el 20 de enero. Para la IGJ, ese día será decisivo para establecer si el proceso se encamina por la vía de las explicaciones voluntarias o si el Estado debe avanzar con herramientas de control más rigurosas, como la designación de veedores, para esclarecer el manejo de los fondos del fútbol argentino.
